Casi tres meses después del 6 de octubre de 1934, Gaziel escribía en La Vanguardia (21-12-1934) su tan citado artículo La clara lección, que empieza con la frase “todo se ha perdido, incluso el honor”, para resumir el “desastroso final del primer ensayo autonomista realizado en Cataluña”. Ochenta y tres años después, fracasó el primer intento de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña el pasado 27 de octubre, han pasado cuatro meses de las elecciones del 21D, convocadas mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no hay nuevo presidente de la Generalitat ni Gobierno, los miembros del anterior Govern están en el extranjero o en la cárcel y es posible que los catalanes sean llamados de nuevo a las urnas si no se produce una investidura viable antes del 22 de mayo.

El “todo se ha perdido” podría transmutarse ahora en “todo se ha destruido”. Se ha hablado mucho de cómo el procés ha destruido los partidos políticos (la coalición CiU, Convergència Democràtica, Unió, el PSC, Iniciativa per Catalunya, etcétera) y los medios de comunicación públicos y de cómo ha provocado una fractura política y social en la sociedad catalana, que ahora ya solo niegan los más fanáticos partidarios de la ruptura a toda costa. Pero la destrucción ha sido mayor y ha alcanzado a las organizaciones apartidarias y a los organismos intermediarios, que han perdido su independencia y se han convertido en correas de transmisión del Govern independentista y de los partidos que lo apoyaban.

El “todo se ha perdido” de Gaziel podría transmutarse ahora en “todo se ha destruido”

La fractura acaba de alcanzar a los sindicatos UGT y CCOO debido a las tensiones provocadas por el apoyo de las direcciones de Cataluña --con el silencio de los dirigentes de ámbito español-- a la manifestación del domingo pasado en favor de la libertad de los líderes independentistas presos. Es cierto que se puede estar a favor de la salida de prisión de los políticos encarcelados o denunciar los excesos de la prisión preventiva sin ser independentista, pero una decantación tan explícita en momentos de abierta polarización era inevitable que causara desgarros entre los afiliados constitucionalistas de los dos grandes sindicatos, cuando, además, la presencia de los líderes sindicales iba a ser capitalizada por el independentismo, como así ha sido.

El procés ha destruido también el prestigio de dos instituciones intermediarias como el Síndic de Greuges y el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). El síndic, Rafael Ribó, ha transfigurado su papel de defensor del pueblo catalán en defensor del Govern independentista y en crítico feroz del Gobierno español. Una de sus actuaciones más comentadas fue la presentación a finales de mayo de 2017 en Barcelona (y un mes después en Madrid) de un informe en el que denunciaba un “deterioro de la calidad democrática en España”; “la persecución policial de cargos electos”; “las restricciones del derecho a la libertad de expresión que afectan al conocido como proceso soberanista”; “un debilitamiento de la separación de poderes” y “la influencia que el Ejecutivo [español] tiene sobre la fiscalía”.

El informe, aplaudido por los partidos independentistas y por Unidos Podemos, analizaba conflictos ajenos a Cataluña, que en teoría no son de su competencia, con un enfoque sesgado que Ribó ha mantenido en sus pronunciamientos posteriores o en sus silencios: nada relevante tuvo que decir, por ejemplo, sobre las violaciones democráticas de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica aprobadas por el Parlament el 6 y 7 de septiembre pasados. Ya sea en la actuación policial contra las protestas por la detención de Carles Puigdemont en Alemania, en las denuncias a Europa de “violaciones de derechos” en Cataluña, en la supuesta “caza de brujas” del ministro Cristóbal Montoro con inspecciones de Hacienda a empresarios catalanes, en la presunta colaboración del imán de Ripoll con el CNI o en las resoluciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, Ribó no falla nunca: siempre defiende la posición de los independentistas.

El síndic, Rafael Ribó, ha transfigurado su papel de defensor del pueblo catalán en defensor del Govern independentista y en crítico feroz del Gobierno español

El objetivo de las críticas del síndic es siempre ajeno a Cataluña. En eso tiene en el CAC un imitador, que emite resoluciones críticas acerca de televisiones sobre las que no tiene competencia (por eso tiene que limitarse a “instar” a la Comisión Nacional de los Mercados) y absuelve casi siempre a los medios sobre los que sí la tiene, como TV3 y Catalunya Ràdio. TVE es indefendible, y especialmente el antes prestigioso Informe semanal, pero el doble rasero es escandaloso y viene de antiguo. Cuando juzgó, por ejemplo, el reportaje Querella contra Mas (emitido el 22-11-2014 en Informe semanal), en el que se atacaba a los catalanes con palabras gruesas, el CAC denunció el “posicionamiento editorial no neutral” y la “práctica unidireccionalidad” del espacio, pero cuando examinó el reportaje de TV3 Hola Europa! (7-5-2013) o el documental L’endemà (17-12-2014), en los que todos los participantes eran favorables a la independencia, aprobó sus contenidos porque se trataba de “documentales de tesis” que expresaban el punto de vista de los autores.

Esta teoría del “documental de tesis” ha creado escuela y se mantiene hasta ahora. El pasado 7 de marzo, el CAC consideró con el mismo razonamiento que el documental de Sense ficció (TV3) sobre el referéndum del 1-O no vulneró “las misiones de servicio público”. Si el CAC analiza declaraciones ofensivas en televisiones españolas, “no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión”, derecho que se aplica siempre, sin embargo, a los tertulianos de TV3 o de Catalunya Ràdio por extemporáneas que sean sus opiniones. La polémica incitación de Mònica Terribas en El Matí de Catalunya Ràdio (22-9-2017) a informar sobre movimientos de vehículos policiales no vulneró, según el CAC, la normativa porque no relacionaba “los desplazamientos con ninguna actuación policial concreta” ni proponía ni provocaba ni inducía a cometer delitos.

El CAC dictaminó que TV3 fue la cadena más pluralista en su tratamiento del referéndum del 1-O. Con esto está dicho todo.