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Imagen de un espectáculo en el Palacio del Flamenco de Barcelona / Cedida

La pandemia tumba el Palacio del Flamenco de Barcelona

El teatro de cante jondo más grande de la Ciudad Condal va a concurso de acreedores tras el cierre por el coronavirus

3 min

Cierra el teatro de cante jondo más grande de Barcelona. El Palacio del Flamenco ha puesto a la venta su unidad productiva por 168.426,25 euros. La sala situada en la calle Balmes de la capital catalana está cerrada desde marzo de 2020, cuando las administraciones decretaron clausuras temporales para frenar el coronavirus. 

Según ha explicado Asemar Concursal, una empresa especializada en liquidación de activos, el espacio bajó la persiana con 24 trabajadores y 16 artistas en nómina. Ahora, se busca un comprador para el negocio y el teatro, que tiene una capacidad para 380 personas. 

Deuda con la Seguridad Social

Abierto en 1920, el Palacio del Flamenco aumentó ingresos en los últimos años, hasta que la pandemia lo fulminó. Ingresó dos millones de euros en 2017, 2,3 millones en 2018 y 2,8 millones en 2019, año récord para el turismo, que aportaba la gran mayoría de clientes del establecimiento. 

En 2020, no obstante, los ingresos se desplomaron a 354.000 euros. Quizá por ello, la deuda con la Seguridad Social es de 291.000 euros. El comprador, asimismo, deberá renegociar un nuevo alquiler con el dueño del espacio. 

Homenaje a Antonio Gades

Cabe recordar que la sala del género musical español ofrecía tres espectáculos al día, el último de ellos, el nocturno, acompañado de cena. Además, había una oferta de clases de baile y servicio de restauración. 

Los bajos de la calle Balmes eran un homenaje al bailarín y coreógrafo Antonio Gades. Los espectáculos que ofrecía la sala eran acordes a los que custodia la Fundación Antonio Gades como patrimonio inmaterial. 

Acoso nacionalista

Como explicó este medio, el Palacio del Flamenco había sufrido su particular acoso nacionalista en la Barcelona de antes del procés y en el nacimiento del desafío independentista.   

El Ayuntamiento de Barcelona inspeccionó el establecimiento en 2009 por un expediente de 2007, y le incoó expediente de cese de actividad. Los operadores, no obstante, revocaron aquella decisión en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 2014, manteniendo el negocio hasta ahora, cuando la crisis económica lo ha derribado.