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Janet Sanz, teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad en Barcelona / EP

Janet Sanz 'echa' a 300 personas y las envía a un contestador automático

La concejal de Barcelona en Comú dirige a los extrabajadores del Puerto Olímpico a un teléfono de Barcelona Activa que nadie atiende

5 min

La teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, envía a 300 personas al paro y les da como solución un teléfono que no funciona.  El Ayuntamiento echará a 30 discotecas del Puerto Olímpico en abril. A sus centenares de trabajadores les da como solución que llamen al teléfono 93.327.01.11, de Barcelona Activa. En ese teléfono no hay nadie.

Así lo ha denunciado la patronal de ocio nocturno Fecalon, que, en conversación con este medio, ha denunciado la "farsa" de la recolocación de la plantilla de las discotecas del Puerto Olímpico. "Desahucian a los negocios, echan a los trabajadores a la calle y, como solución, los envían a un teléfono de Barcelona Activa que no atiende nadie", ha lamentado Fernando Martínez, su portavoz. En efecto, este medio ha llamado en al menos seis ocasiones al dial que debe dar solución laboral a 300 vecinos. No hay nadie.

"Agravio comparativo"

Además de esta chapuza, Fecalon valora que "es muy positivo que los cenadores del Moll de Gregal del Puerto Olímpico se queden durante dos años más y la duración de las obras. Pero supone un agravio comparativo con los locales que echarán en abril. Hay discotecas, sí, pero también establecimientos con licencia de restaurante --como el Jerusalem o el McDonald's--. ¿Por qué no pueden seguir?", se ha preguntado Martínez.

La patronal alerta de que el pacto para que la actividad económica continúe en el Puerto protege solo a unos cuantos restaurantes. "Echan a las discotecas y restaurantes del Moll de Gregal, pero también a las oficinas de empresas náuticas del Moll de la Marina. ¿Con qué criterio?", se ha inquirido el abogado.

"Cierre ilegal"

Según los desahuciados del Puerto Olímpico, cuyos locales tapiará el Ayuntamiento, según avanzó Metrópoli Abierta, el cierre de abril es ilegal. "El acuerdo de concesión del Puerto Olímpico de 1990 lo dice claramente: es para 30 años y vence cuando se notifica el fin de la concesión a los locales. Pues bien, de momento no hay notificación oficial, solo cartas de desahucio, que no son un acto administrativo", ha subrayado Martínez.

Ello, bajo su punto de vista, convierte el vaciado de la zona de ocio en "irregular". "¿Dónde está la resolución de expulsión de los establecimientos? Porque es ésta la que debe notificarse y, a partir de ese momento, hay un plazo para abandonar la zona. Mis clientes podrían quedarse hasta septiembre, aprovechando la temporada estival", ha recordado el abogado. Esta posición se contrapone a la municipal, que quiere expulsar a los negocios en abril hasta empezar las obras.

Batalla legal en marcha

Otras fuentes consultadas por este medio han tildado la expulsión de "chapuza" por el mismo motivo: no hay resolución administrativa. "La esconden para evitar medidas cautelares", denuncian. Hay más. Alertan de que el único texto legal aprobado hasta el momento, el nuevo convenio de delegación de competencias entre la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento, ha sido recurrido. "Hay un recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al que no han esperado. Y, por si se pensaban que podrían saltarse la legalidad, interpondremos medidas cautelares", han avisado representantes legales de algunos de los locales.

La batalla legal por el Puerto Olímpico acaba de empezar. El gobierno municipal de BComú y PSC quiere echar a las 30 discotecas del Moll de Mestral el 2 de abril. Tras ello, empezará las obras para impulsar un "puerto ciudadano". Durante los trabajos, los 30 restaurantes --incluyendo bufés tan icónicos como La Fonda del Port Olímpic o La Barca del Salamanca-- permanecerán abiertos durante dos años gracias a un acuerdo in extremis con el Gremio de Restauración. Ello no es óbice para que queden dudas sobre la viabilidad de la transformación, como por ejemplo la viabilidad del Puerto sin 30 desahuciados. Por el momento, la reforma acarrea un retraso considerable, ya que debía haber empezado en 2019.