Ensenyament acaba ante el TSJC por las guarderías

La Consejería de Ensenyament, liderada por Josep Bargalló (ERC), deberá declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la falta de financiación de la red de guarderías públicas de Cataluña. El Ayuntamiento de Terrassa ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo en el que reclama al Gobierno catalán 5,14 millones de euros. Corresponden a atrasos en las ayudas que deberían haber percibido por gestionar las plazas públicas municipales desde el curso escolar 2013-14 y los intereses contraído desde esa fecha.

Las fuentes jurídicas consultadas señalan que el ejecutivo municipal de Alfredo Vega (PSC) tiene muchas posibilidades de conseguir una sentencia a su favor. Sigue los pasos de otros 28 consistorios que recurrieron a la misma vía y que han marcado jurisprudencia. L'Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, Montmeló, Rubí y El Vendrell obtuvieron el reconocimiento del alto tribunal catalán al “régimen de sustento” que la Ley de Educación de Cataluña (LEC) fijó para la franja de educación no obligatoria. Es decir, que la consejería no puede hacer oídos sordos a sus requisitos en cofinanciar el coste de esta formación a los más pequeños.

Aportación de 1.300 euros por alumno

La sala determinó que el Ejecutivo catalán debía subvencionar con 1.300 euros cada una de las plazas de alumnos de los centros. Declaró que era su “responsabilidad financiera respecto a las guarderías”, tal y como consta en las tres sentencias al respecto que ha habido sobre la materia.

Se trata del importe mínimo de los gastos educativos que los sucesivos gobiernos catalanes han destinado a la educación no reglada. Tal y como indica la denuncia presentada por el consistorio egarense, en el curso 2005-06 la Generalitat destinó 1.800 euros del erario público para sufragar el coste de este tipo de formación. Se recortó hasta los 1.600 euros en el curso 2009-10 y se rebajó hasta los 1.300 millones al año siguiente.

Cursos reclamados

Ese fue el último ejercicio en el que los ayuntamientos catalanes recibieron las ayudas financieras que se decretaban en la LEC. Terrassa será el primer consistorio que reclame ante el TSJC incluso las aportaciones que corresponden al curso 2016-17, cuando las once guarderías de la ciudad atendían a 968 niños.

Para evitar repercutir el coste total de una plaza en una guardería pública a las familias, han sido los ayuntamientos los que han asumido el grueso de las aportaciones que correspondían al Govern. Fuentes municipales reconocen que si no hubieran tomado esta decisión, el coste de una plaza en los centros públicos estaría muy cerca de los privados. Es decir, no sería una oferta competitiva ni estaría al alcance de todos los bolsillos.

La Consejería de Ensenyament se ha escudado en la crisis económica para declinar el pago de estas obligaciones. En casos anteriores, ha afirmado que ante la tensión de las finanzas catalanas debía priorizar el gasto en las franjas de educación reglada. Aunque la tendencia se ha mantenido durante los años de la llamada recuperación. Ha declinado responder a las demandas de información de Crónica Global respecto al nuevo recurso contencioso-administrativo al que debe hacer frente.

De Maragall a Bargalló

La LEC nació en el último tripartito, cuando Ernest Maragall (ERC) era el consejero socialista de Educació. La norma se pactó con la entonces CiU, que fue la encargada de desarrollarla desde que Irene Rigau asumió Ensenyament (un matiz importante en el nombre de la consejería) en 2010, cuando Artur Mas llegó a la Generaritat con el autodenominado Govern dels millors.

Fue la también exresponsable de Benestar Social i Families la que decidió pasar las tijeras por la partida de las guarderías. Mantuvo la política su sucesora, Meritxell Ruiz, así como Clara Ponsatí cuando su predecesora se apeó del Ejecutivo de Carles Puigdemont en el verano de 2017, antes del envite independentista que llevó a la declaración simbólica de la república catalana en el Parlament.

Cuatro cursos más tarde, Bargalló deberá dar la cara ante el TSJC y decidir si recupera el plan de cofinanciación de las guarderías públicas que diseñó su actual compañero de filas en los republicanos. Por el momento, ni el Parlament ni la consejería ha hecho ningún gesto al respecto.