Menú Buscar
El director general de la Caja Rural de Extremadura, José María Portillo, y su presidente, Urbano Caballo / CG

La convulsa gobernanza de la Caja Rural de Extremadura alarma a sus trabajadores

La asamblea general deberá ratificar la gestión del presidente y el director general que rechaza una parte de la plantilla

6 min

Caja Extremadura está envuelta en polémica. Tras el anuncio del consejo rector sobre la celebración de su asamblea general ordinaria el próximo 2 de diciembre, publicada en el diario Hoy, han saltado de nuevo las alarmas entre plantilla y medios financieros. No será la primera reunión exaltada en la cooperativa de crédito extremeña. De hecho, en la última asamblea general se desató la polémica por la contratación del nuevo director general de la entidad, que resultó impuesta por el presidente de la entidad de crédito a modo de dedazo designatorio.

El director general, José María Portillo, provenía de la anterior Caja de Ahorros de Extremadura, en la que ostentó el mismo cargo. En su anterior destino, recuerdan algunos empleados consultados por este medio, fue cesado por su pésima gestión y tras destituir a quienes tenían desencuentros con él. No era del mismo parecer el presidente de la caja rural, quien en un comunicado público de mayo del pasado año destacaba que era “un ejecutivo de la tierra con un amplio conocimiento y experiencia en el sector financiero, habiendo desarrollado funciones de director general en otra entidad financiera extremeña”.

Extraña propuesta laboral en Caja Extremadura

Portillo acabó ocupando el mismo cargo en Caja Rural de Extremadura. En medios financieros se señala que su cargo lo obtuvo gracias a la intermediación de la Asociación de Cajas Rurales de España (ACRE), que fue quien le propuso. Se da la circunstancia de que dicha entidad del sector había concedido un préstamo de 10 millones de euros a la nueva entidad de destino del ejecutivo, con el beneplácito del Banco de España y que todavía no ha sido retornado.

Los empleados críticos con la gestión de la entidad cooperativa denuncian que para simular que el proceso de selección se había hecho con todas las garantías, se propuso, por parte de ACRE, contratar a la empresa de cazatalentos Seeliger y Conde. Dicha firma saltó a la popularidad por haber contratado entre sus colaboradores a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y al marido de la infanta Cristina de Borbón, el hombre de negocios Iñaki Urdangarín.

Un cazatalentos innecesario

La intervención de la empresa dirigida por Luis Conde supuso el coste de una suma importante a la Caja Rural de Extremadura y, según las mismas fuentes, por no hacer nada, ya que la decisión final ya estaba adoptada por el presidente, Urbano Caballo. Los informes, según los trabajadores consultados, obviaban un pasado profesional discutible y que había sido destituido del mismo cargo en otras entidades.

La gravedad de todo lo ocurrido en la gestión de la caja extremeña empieza, según medios conocedores de los últimos movimientos, 16 días antes de la celebración de la asamblea general de la caja del 24 de mayo de 2016. En aquella cita se iba a renovar el 50% del consejo rector y estaba previsto presentar una candidatura externa para ocupar la posición de director general.

Información escueta e insuficiente

Fue entonces cuando Urbano Caballo anunció por sorpresa que ya se había seleccionado a un candidato. La información que ofreció al resto del consejo fue sólo un escueto currículum vitae en el que no constaba ni el nombre ni la fotografía del ejecutivo y que “tampoco entraba en detalle sobre las condiciones de su contratación ni de su sueldo”, según recuerdan fuentes internas.

La incorporación se aprueba por mayoría, únicamente dos consejeros muestran su disconformidad con el procedimiento seguido en la incorporación. Se le blindó el contrato de manera que obtenía un salario de 160.000 euros brutos anuales más objetivos, se le abonaban los gastos ocasionados por viajes y desplazamientos, se le concedía derecho a tener vehículo propio con conductor y, en caso de despido improcedente, obtendría una indemnización de 480.000 euros –si el cese tenía lugar en los cuatro primeros años–, o de 320.000 euros si era después del cuarto año. 

Amigos colocados en Caja Extremadura

Los trabajadores denuncian que Caballo permite a Portillo realizar acciones de dudosa legalidad “colocando amigos suyos traídos de fuera de la entidad”, algunos de ellos “ni siquiera procedían del sector financiero”, relatan enojados.

A preguntas de este medio, el Banco de España ha declinado ofrecer información sobre las posibles irregularidades de Caja Rural de Extremadura y las tareas de inspección y fiscalización que lleva a cabo. Así mismo, la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, autoridad tutelar de la entidad, ha señalado que no posee constancia de irregularidad alguna y que apoya la gestión de la entidad financiera.