La competencia entre los socios de Govern paraliza la formación profesional

La Formación Profesional (FP) es uno de los pilares de las sociedades modernas para acceder al mercado laboral. Se considera que es una de las vías más afectivas para dar respuesta a las demandas empresariales y una de las capacitaciones más efectivas para un colectivo que ha sido castigado de forma especial por la doble crisis económica que se ha vivido en la última década, el de los jóvenes. Pero las malas relaciones de PDeCAT y ERC han congelado su desarrollo en Cataluña desde hace tres años.

Artur Mas consiguió en junio de 2015, cuando era presidente de la Generalitat, sacar adelante la Ley de Formación y Cualificación Profesional con la que se prometía cambiar el panorama de la FP en el territorio. Se hizo con un consenso extraño en pleno proceso independentista catalán, el de los agentes sociales y buena parte de los partidos de la oposición que señalaron que la norma, a pesar de sus limitaciones en algunos aspectos, permitía avanzar hacia un modelo de aprendizaje mucho más efectivo que el anterior.

Reflejo en el modelo alemán

Se inspiraba en el alemán, uno de los más competitivos de toda Europa con su mezcla del aprendizaje teórico y las prácticas en empresas. La Generalitat aseguraba en el propio redactado de la norma que se debía “mejorar en términos de eficacia para la ocupación de la FP exigiendo una planificación y una especialización de la oferta más ajustadas a las necesidades del mercado laboral”. Se ponía el acento en la necesidad de responder ante los “sectores ocupacionales emergentes que son estratégicos para el futuro y la economía catalana”. Es decir, los nuevos retos digitales.

La ley sacó provecho del trabajo previo de las grandes patronales y sindicatos. Las organizaciones fueron capaces de aunar sus intereses ante la reforma de la FP y superar sus propios debates conceptuales: la defensa del mundo del trabajo de que la enseñanza es la palanca del derecho de las personas a la emancipación y la visión más empresarial de que se trata de una herramienta para mejorar la competitividad y avanzar hacia un mundo del trabajo de mayor calidad.

Choques en el Gobierno catalán

Pero el Gobierno catalán ha sido incapaz de superar ni sus discrepancias internas ni los choques que existen en las burocracias instauradas en cada una de las consejerías del Ejecutivo. La norma implicaba un trabajo transversal entre los departamentos de Educación, Trabajo, Empresa y Presidencia.

Irene Rigau, Francesc Homs y Felip Puig presentan la nueva ley de FP de Cataluña en 2015 / EP

Irene Rigau, Francesc Homs y Felip Puig presentan la nueva ley de FP de Cataluña en 2015 / EP

El equilibrio de poderes necesario ha resultado insalvable. Mientas Irene Rigau, Meritxell Ruiz y Clara Ponsatí han estado al frente de la consejería de educación se han negado a ceder su poder a la hora de definir la FP. Algo parecido a lo que ha ocurrido con la puesta en marcha del Centro de Automoción de Martorell, un gran edificio que se construyó para mejorar el modelo formativo que se da a los estudiantes de esta rama de actividad con una experiencia más próxima a las grandes empresas del sector en Cataluña, Seat y Nissan. Implicaba que los departamentos de Trabajo y Empresa participaran en definir el programa académico, además de abrir las puertas a los agentes sociales. Pero, hasta ahora, la mayoría de aulas están cerradas.

Diferencias de colores políticos

Sobre el papel, todos los implicados aplaudieron la transversalidad que implicaba el paso adelante en el modelo formativo catalán. Pero el apoyo se quedó allí. A esto se deben añadir los diferentes colores políticos de las consejerías. Educación ha sido un ámbito que siempre ha estado controlado por PDeCAT, igual que Empresa. Trabajo era un departamento de ERC que, además, eligió a una exsindicalista de UGT para dirigirlo, Dolors Bassa.

Los republicanos han mantenido el mismo criterio en la legislatura en curso. Quim Torra nombró a Chakir El Homrani como consejero de todo lo laboral del Ejecutivo a propuesta del partido de Oriol Junqueras. Aunque, por primera vez en los equipos independentistas, el equilibrio parlamentario con el que se forjó el pacto de gobierno ha permitido que Enseñanza también sea un ámbito que controla ERC. Y se recuperó al consejero del primer tripartito para esta responsabilidad, Josep Bargalló.

Plantón de los agentes sociales

Esta correlación de fuerzas se considera, en principio, una ventana de oportunidad que los agentes sociales no quieren dejar pasar. Foment del Treball, Pimec, Fepime, CCOO y UGT dieron este jueves un golpe sobre la mesa para exigir al Gobierno catalán que “active de forma inmediata” el desarrollo de la ley de FP, tal y como indican en una declaración conjunta.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra (c), junto a sus consejeros y a los líderes patronales y sindicales catalanes en la firma del Acuerdo Interprofesional de Cataluña (AIC) / GENCAT

Los agentes sociales catalanes con el Govern en la firma del pacto por los convenios, el AIC / EFE

Los implicados explican que tras cerrar el acuerdo para la negociación de los convenios en Cataluña, el AIC, se aprovecha el consenso social para presionar a la Generalitat en este sentido. Afirman que es inexplicable el retraso acumulado desde hace tres años en el desarrollo de la norma.

Estrategia, gestión y asesores

Reclaman la puesta en marcha en el menor tiempo posible de la Comisión Rectora, la Agencia Pública de Formación y Cualificación Profesional y el Consejo de Formación y Cualificación Profesional. Las tres instituciones actuarán, de forma respectiva, como el órgano para marcar las líneas estratégicas de la enseñanza, ocuparse de la gestión y ejercer de asesores.

Tampoco pasan por alto que es indispensable dotarlos con el presupuesto y los recursos humanos necesarios para poder trabajar. Completan sus demandas a Torra con un calendario claro para fiscalizar y denunciar nuevos retrasos.

Los empresarios y representantes sindicales catalanes apremian para modernizar la FP catalana sin mayor dilación. Advierten de que Cataluña pierde competitividad sin una formación a la altura de las necesidades del un territorio industrializado que está sumido en el reto de los avances tecnológicos.