Colau encarga al abogado de una empresa de patinetes la regulación del sector

Malestar en el sector de la movilidad personal por un contrato del Ayuntamiento de Barcelona. El gobierno municipal de Ada Colau confiará en el bufete Uría Menéndez el asesoramiento legal en la confección de la regulación de los patinetes eléctricos. El mismo gabinete jurídico ha trabajado para uno de los mayores actores del sector: Lime-Uber.

Fuentes de la industria han alertado de que el ejecutivo local de la Ciudad Condal concedió en mayo un contrato menor a Uría para Asesoramiento jurídico (en la) regulación de los patinetes eléctricos. El encargo, de 16.335 euros, se sumó a otro concedido el mismo mes al mismo bufete, con un presupuesto de 17.557,10 euros, Asesoramiento jurídico (en la) concesión de licencias de uso común. Las contratas [consultar aquí], firmadas por las áreas de Movilidad y Ecología Urbana, son sin concurso porque no llegan al mínimo fijado por la normativa vigente en contratación pública. Son importes muy menores para una administración local, por lo que no tendrían relevancia salvo por los antecedentes de Uría.

Uría: "Asesoramos a Lime-Uber en el pasado"

En efecto, sí tiene más enjundia el hecho desde el ángulo de la posible colisión de intereses. El despacho sito en la calle Príncipe de Vergara, en Madrid, y en la avenida Diagonal, en Barcelona, fue asesor del operador Lime-Uber en varias ciudades españolas. En Valencia y Zaragoza, según reconoce un portavoz del despacho. Por ello, se produce una anomalía: Barcelona confiará la asesoría en la regulación del patinete eléctrico a unos abogados que defienden a una empresa del sector.

Preguntado por la cuestión, un portavoz de Uría ha recalcado que si bien el despacho tiene relación con una de las empresas de la industria, este vínculo es "antiguo, de al menos un año o año y medio". Así, el prestigioso despacho legal colaboró en el despliegue de los patinetes en al menos dos ciudades españolas, pero jamás en Barcelona. La misma fuente ha enfatizado que la contratación del Ayuntamiento de Barcelona es "reglamentada y transparente", y que otros muchos despachos son proveedores de servicios del segundo mayor consistorio de España.

Ayuntamiento: "No hay conflicto de interés"

Por su parte, una portavoz del Ayuntamiento de Barcelona ha defendido que la administración "ha aplicado con total corrección la legislación de contratos del sector público. Por lo tanto, el contrato menor se ha adjudicado de conformidad con la ley". La misma representante ha hecho hincapié en que "el contrato menor se ha adjudicado previa declaración responsable del futuro contratista confirmando que no incurre en causa de prohibición de contratar".

"Asimismo --ha continuado la fuente oficial-- se ha contactado con el despacho Uría Menéndez, que nos confirma que actualmente no asesora a la empresa [...] y que no tienen ningún conflicto de intereses".

Polémica con los servicios funerarios

Sea como fuere, el polémico encargo del Ayuntamiento de Barcelona a Uría Menéndez para regular los patinetes eléctricos se suma a otra controversia pasada en la que participaban los mismos actores. En 2016 y tal y como avanzó este medio, el gobierno municipal de Barcelona en Comú pagó más de 100.000 euros al despacho para asesoramiento funerario. Poco después, el equipo de la alcaldesa Ada Colau se desmarcaba con una propuesta de intervención pública de los servicios funerarios. Ello creó mucho malestar entre los clientes del que es el segundo bufete legal de España en facturación. El operador público de Colau acabó descarrilando por falta de apoyos políticos.

Ahora, en 2020, el ejecutivo local vuelve a confiar en Uría Menéndez, en este caso para la regulación municipal de los vehículos de movilidad personal. La elaboración de un marco normativo local la está preparando el área de Rosa Alarcón (PSC), concejal de Movilidad. El equipo de Alarcón diseñó también la normativa para otro fenómeno de movilidad relativamente reciente: las motos eléctricas compartidas. En este caso, la adjudicación de licencias ha terminado con la expulsión de algunos operadores.