Malestar empresarial por el contrato de Uría con Colau

La información sobre el contrato firmado por el despacho de abogados Uría Menéndez y el Ayuntamiento de Barcelona que publicaba este miércoles Crónica Global no ha gustado a algunas de las empresas que forman parte del mercado habitual del bufete. Una de estas grandes compañías les ha pedido explicaciones por la noticia en la que se explica que ambas entidades trabajan para hacer frente a la remunicipalización.

Sin embargo, fuentes del entorno de Uría han explicado a este medio que el bufete asesora al consistorio barcelonés desde hace años en asuntos funerarios. No así en cuestiones relacionadas con la remunicipalización del agua o la red eléctrica, ya que tienen clientes en esos sectores y no hubieran aceptado el trabajo al entrar en conflicto con los intereses de sus clientes.

Nuevo jugador en el terreno

Las mismas fuentes sostienen que Uría solo ha ayudado al equipo de gobierno de Ada Colau en el procedimiento para participar en el mercado de la funeraria y asesorarle en los requisitos que necesita. “Se trata de ayudar a que entre un jugador nuevo en el terreno de juego”, argumentan. Sin ánimo de expropiar. Y cómo utilice este nuevo jugador sus cartas, ya es cosa suya.

Tratándose de un despacho de abogados cuyos clientes principales son las grandes empresas, la pregunta es obligada: ¿No entran, de esta forma, en conflicto moral con ellas? “Si se hace desde la legalidad, será el mercado quien determine si les perjudica o no”.

El equipo de Uría Menéndez formado por Daniel I. Ripley y algunos socios más trabaja con los mismos interlocutores con los que lleva en contacto desde los inicios de su relación: Barcelona de Serveis Municipals (BSM) y Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (Bimsa).

Tarifas altas

Uría Menéndez es el segundo despacho de España por facturación y su cartera de clientes está compuesta, principalmente, por grandes empresas. Se trata de uno de los bufetes con las tarifas más altas del mercado ya que oscilan, aproximadamente, entre los 160 euros por hora, si el trabajo es a cargo de un abogado júnior recién incorporado, y los 530 euros por hora, si lo lleva un socio.

Una cifra que aumenta en según qué proyectos especializados, en los que alguno de los socios o abogados sénior suele aportar un recargo de algo más de dinero por hora, unos 780 euros, aproximadamente. Dentro de estas tarifas hay, por lo menos, cuatro rangos de precio según categoría profesional: asociado júnior, asociado sénior, asociado principal y socio.