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Una de las oficinas de Banco Popular / EFE

La caída de Banco Popular: arrastraba problemas de solvencia desde 2011

Los peritos del Banco de España atribuyen el colapso de la entidad a la fuga de depósitos, aunque la falta de liquidez se remonta años antes

21.04.2019 23:30 h.
8 min

“La situación de la entidad a diciembre de 2011 era mala mostrando ratios de mora creciendo, con reclasificaciones significativas identificadas por el equipo de seguimiento del Banco de España pendientes de realizar lo que supondría pérdidas por deterioro significativas y con una posición de liquidez estructural apalancada con una dependencia elevada de los mercados mayoristas no adecuada a su tipo de negocio”.

Así describen los peritos del Banco de España Santiago Ruíz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo la situación de las arcas de Banco Popular seis años antes de que el Santander lo comprase por un euro. Los técnicos del regulador han buceado por orden de la Audiencia Nacional en las entrañas de la entidad para saber qué llevó al 7 de junio de 2017, la jornada en que acabó el periodo más oscuro de una entidad que había sido durante años referencia de la buena gestión y con unas ratios que estaban en lo más alto de la solvencia del mapa financiero europeo.

Pérdida de depósitos, la causa del colapso

El valor de los títulos había bajado más del 20% en el parqué en las semanas precedentes a ese día y salieron más de 18.000 millones de euros de depósitos de clientes. Las últimas cuentas del Popular, presentadas ya después de la absorción por parte del grupo capitaneado por Ana Botín, mostraban unos números rojos de 13.595 millones de euros y dejaban claro que los 3.485 millones de pérdidas que su penúltimo presidente, Ángel Ron, había presentado al cierre de 2016 no se aguantaban.

La conclusión de los peritos es que el banco quedó al límite por la fuga de depósitos y por el desplome de la confianza de los inversores, apoyado en las depreciaciones de los ratings de las agencias, las declaraciones que venían desde Bruselas --la directora del Mecanismo Europeo de Resolución Bancaria había explicado a finales de mayo que seguían con atención el futuro de la entidad-- y los rumores insistentes de que Emilio Saracho, que había sustituido a Ron ese febrero, buscaba a un comprador. Pero no se busca sólo la causa que llevó a que el grupo quedase en manos del Santander, también se analiza qué falló con anterioridad. Y desde Banco de España apuntan a que la solvencia del Popular estaba comprometida con mucha anterioridad.

Problemas con los dudosos

Los peritos aseguran que en diciembre de 2011 el grupo financiero “presentaba un riesgo supervisor medio-alto/creciente” como consecuencia de los “riesgos de crédito y liquidez” al tener apalancados 19.924 millones de créditos a promotores, el 21,3% del total de la cartera. Además, la “inversión dudosa era 6.918 millones, resultando una ratio de mora del 7,7% y una cobertura del 34,6%” que contrastaban con el 4,8% de mora y el 58,5% de cobertura de sus competidores directos en el país.

Ángel Ron, presidente de Banco Popular hasta febrero de 2017 / EFE

Ángel Ron, presidente de Banco Popular hasta febrero de 2017 / EFE

La situación no mejoró tras la incorporación de Banco Pastor. Además, al cierre de ese ejercicio la inspección de las cuentas mostró que “existían importantes ajustes y reclasificaciones subjetivas a dudosos” que “daba una idea de que la evolución futura seguiría deteriorándose”.

Banco de España reconoce que el Popular tenía necesidad de reclasificar “a dudoso y subestándar significativas” parte de su cartera de pasivo en el cierre del primer semestre de 2011. Y eso conllevaría “provisiones adicionales pendientes de ser reconocidas por 2.765 millones”. Este saneamiento recomendado nunca se llegó a ejecutar.

Requerimiento del regulador

De hecho, se arrastraban en 2013. En el cuarto trimestre de ese ejercicio el regulador mandó a la cúpula de la entidad un requerimiento para que revisara los criterios de clasificación de las refinanciaciones que se había apuntado en el balance. Ron y su equipo hicieron oídos sordos a esta demanda a pesar de realizar saneamientos a cargo de resultados por un valor neto de 2.425 millones (los brutos eran mayores, alcanzaron los 5.897 millones).

La decisión de desoír al regulador se considera, años después, crucial para explicar el desenlace de la entidad. Se intuye que el grueso del maquillaje de los resultados del año previo a su desaparición se encontraban en esa partida y que pasó por alto por el auditor, PwC, que llevaba vinculado desde hacía años al Popular.

Actualización de las cuentas

No fue hasta el último trimestre de 2016 cuando la dirección decidió revisar el balance del grupo para poner al día algunos epígrafes forzado por los cambios normativos que se habían dado desde Banco de España. Cabe tener en cuenta que en diciembre de ese año los principales accionistas de la entidad forzaron la salida del que había sido su ejecutivo histórico, Ángel Ron, sustituido por Emilio Saracho.

Emilio Saracho (c), presidente de Banco Popular en sus últimos seis meses / EFE

Emilio Saracho (c), presidente de Banco Popular en sus últimos seis meses / EFE

El grupo había lanzado en mayo una ampliación de capital de 2.500 millones y había suprimido el reparto de dividendo del ejercicio para cubrir parte del agujero de la reclasificación. La inyección de fondos no fue suficiente y las pesquisas de Banco de España dejan claro que ni tan siquiera el consejo de administración contaba con toda la información financiera necesaria para apoyar la operación, aunque le dio luz verde.

Expediente a Ron y 40 directivos

No ha sido hasta este marzo cuando el regulador ha abierto un expediente a Ron y a otros 40 exdirectivos del Popular por haber incumplido la normativa que obliga a una gestión prudente y a contar con un colchón mínimo de recursos propios que eviten el colapso. Les acusan de haber generado un agujero de entre 1.418 y 1.620 millones por la operativa oculta en las cuentas, tal y como avanzó El Confidencial.

Con todo, Banco de España no emitirá ninguna conclusión hasta que la Audiencia Nacional emita su sentencia sobre el caso Banco Popular. La instrucción estará abierta como mínimo hasta el verano de 2020 para que los magistrados tengan tiempo a analizar toda la información que está en sus manos y a escuchar a todos los implicados en la causa. Los mayores afectados por el colapso de la entidad son todos los accionistas, tanto los grandes como los pequeños. Perdieron todas sus aportaciones con la llegada del Santander.