Banco Popular: historia de una fuga de depósitos de 18.000 millones

El caótico cierre de las cuentas del ejercicio de 2016 del Banco Popular, bajo la presidencia de Ángel Ron, fue el detonante para la fuga de depósitos de más de 18.000 millones de euros que se registraron en los siguiente seis meses y que culminó con la intervención y venta del banco en junio de este año.

Todos los acontecimientos registrados en ese periodo que tuvieron incidencia directa en la salida de dinero de los clientes están relacionados con las demoledoras cifras de cierre del ejercicio, con las revisiones contables a las que se vio obligado el nuevo equipo tras la salida de Ron, y con el deterioro del prestigio e imagen pública del banco debido a la guerra intestina declarada en el seno de su máximo órgano de dirección, instigada por el inversor mexicano Antonio del Valle y la consejera Reyes Calderón, y que culminó con la expulsión del mismo Ron.

El impacto decisivo

Fuentes financieras que han analizado el proceso de salida de depósitos del Popular señalan, como primer hito relevante, el anuncio de la dirección del banco (en febrero) de que era necesario realizar provisiones extraordinarias por 5.700 millones de euros. Ello elevaba las pérdidas de 2016 a 3.485 millones de euros. Más de 2.000 millones de euros salieron de las cuentas de los depositantes en los días sucesivos a esta declaración, que coincide con el cambio en la cúpula del banco y el nombramiento de Emilio Saracho como nuevo presidente. En febrero, las agencias de calificación Fitch y DBRS bajaron el rating del banco, lo que acrecentó el desánimo de los depositantes.

Pero fue el 3 de abril cuando se produjo el impacto decisivo en la confianza de los depositantes, el disparadero para el inicio de la retirada masiva de fondos de las cuentas. Ese día, la nueva dirección del banco comunicó mediante hecho relevante a la CNMV que había realizado un análisis de la cartera de crédito de la entidad y de cuestiones relacionadas con la ampliación de capital de 2016, impulsada por Ángel Ron, en el que había detectado insuficiencia de provisiones y desajustes por una cuantía conjunta de 694 millones de euros antes de impuestos.

Aunque los desfases contables detectados en las cuentas aprobadas por Ron no obligan a una reformulación de las cuentas del banco, la información sobre estas anomalías impactó en el mercado de forma decisiva. Un impacto acrecentado por la inmediata dimisión del consejero delegado Pedro Larena, mano derecha de Ángel Ron, que continuaba en el puesto. Ese día, el valor de los títulos del Popular cayó un 10% y, según las fuentes consultadas, se abrió la puerta a la fuga de depósitos, que en las semanas siguientes alcanzó los 5.000 millones de euros.

La junta de Saracho

El 10 de abril se celebró la Junta General de Accionistas del Banco Popular bajo la presidencia de Emilio Saracho. El nuevo presidente presentó a los accionistas la realidad del banco y señaló la necesidad de proceder a una ampliación de capital. No especificó cuantía ni fecha. Los expertos financieros consultados indican que Saracho estaba obligado a presentar a los accionistas la cruda realidad del banco y la imperiosa necesidad de incrementar su capital, y que con menos de dos meses al frente de la entidad y en pleno proceso de revisión de su situación era completamente imposible que pudiera determinar el alcance de esa ampliación. Esas fuentes señalan que el goteo de salida de dinero era ya un torrente en esa fecha y que en los siete días precedentes a la junta la salida de fondos era ya imparable. El 21 de abril la agencia de calificación Moody’s rebaja el rating del Popular, lo que acelera la fuga de dinero.

Las fuentes consultadas señalan como punto de inflexión para la salida de depósitos el hecho relevante del 3 de abril, que constató la inconsistencia de las cuentas presentadas por Ángel Ron y disparó la desconfianza de los clientes. Las declaraciones de Saracho de que se necesita capital, que confirman la mala situación del banco, no se consideran de relevancia especial pues confirman una realidad conocida por todo el mercado financiero.

Acelerón de fugas

En las semanas siguientes se aceleró la fuga de depósitos provocada por el impacto en el mercado de acontecimientos que nada tienen que ver con la gestión directa de los responsables del banco sino por acciones externas. El 23 de mayo, Elke Koenig, directora del Mecanismo Europeo de Resolución Bancaria, en una entrevista con la agencia de noticias Bloomberg, declaró que su organismo estaba haciendo un seguimiento detallado de la situación del Popular. De inmediato se desataron todos los miedos y desconfianzas; el valor de la acción cayó un 20% y, aunque el gabinete de Koenig matizó sus declaraciones, el daño entre los depositantes ya era irreparable.

El 30 de ese mismo mes medios informativos hablaban de supuestas negociaciones para la venta del Popular de forma urgente para evitar su quiebra. Y, aunque la noticia fue posteriormente matizada, el daño se sumó al generado por las declaraciones de Koenig y la fuga de capitales sumó otros 5.000 millones de euros.

En los siete días siguientes hasta la intervención del banco el 6 de junio, se produjo una avalancha de salida de dinero del Popular que alcanzó otros 6.000 millones de euros. Entre el dinero fugado esos días finales están los depósitos de entidades públicas como los de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, más de 1.000 millones, lo que certificó que desde el propio Gobierno (Luis de Guindos) se había abandonado cualquier intento de salvar al Popular y decidida su entrega a Ana P. Botín.