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Damià Calvet (i), el consejero de Territorio y Sostenibilidad que ha gestionado la transformación de ATLL en una empresa pública, junto a varios miembros del Govern / EFE

La Generalitat obliga a Acciona a devolver lo cobrado en ATLL desde enero

Territorio y Sostenibilidad requiere al consorcio liderado por Acciona que retorne al erario público el agua facturada en Cataluña en dos meses

07.04.2019 00:15 h.
5 min

El Gobierno de la Generalitat ha dado 15 días al consorcio liderado por Acciona, que hasta marzo estaba al frente de Aigües Ter Llobregat (ATLL), para que le retorne lo que ha facturado por los servicios prestados en enero y febrero en esta compañía. Así lo indica en un requerimiento que desde el jueves pasado está en manos de los privados y que es pasto de un nuevo conflicto judicial.

La petición se basa en el decreto ley que la consejería de Territorio y Sostenibilidad emitió el 17 de julio. El responsable político del departamento, Damià Calvet (PDeCAT), anunció en esa normativa que ATLL pasaría a ser una entidad de derecho público el 1 de enero de 2019. Detalló el camino que el Gobierno catalán pensaba emprender para cumplir con la resolución del Tribunal Supremo de febrero de 2018, la sentencia que confirmaba que los errores del concurso público llevaban a la anulación del contrato de concesión.

Conflicto por la indemnización

La previsión de la consejería no se cumplió al dedillo. La filial controlada por la familia Entrecanales abrió un conflicto judicial contra el Govern para evitar perder el control de ATLL antes de que se llegara a un pacto económico sobre la indemnización que tienen derecho a recibir.

Territorio activó una comisión que esta semana ha confirmado que ofrece 53,8 millones de euros al pool de accionistas que han gestionado la gestora de agua desde los últimos días de 2012 como compensación. Acciona, las familias Rodés y Godia-Torreblanca y el fondo Pioneer Point Partners han exigido 1.074 millones y han dejado claro que defenderán esta cantidad ante los tribunales que sean necesarios.

Naturaleza del contrato

La diferencia entre ambos cálculos se basa en una cuestión jurídica. La Generalitat asegura que el contrato de ATLL era nulo de pleno derecho desde que la justicia se cargó la licitación por los errores en el proceso, mientras que los privados aseguran que se trata de una concesión anulable. Es decir, que se les debe retornar lo que se ha pagado de canon del servicio y una compensación por el lucro cesante en los 44 años que le quedarían de concesión del servicio.

La pugna judicial que se inició a finales de 2018 impidió que el 1 de enero la Generalitat tomara el control de ATLL. Calvet aseguró que por prudencia jurídica se esperarían a que los tribunales les diesen luz verde para aterrizar en la compañía, ya que Acciona y sus socios abrieron varias vías. Llegaron a plantear una cuestión sobre vulneración de derechos fundamentales por el expediente de desahucio administrativo que había iniciado Patrimonio. Finalmente, el TSJC dio la razón al Govern a mediados de febrero y el cambio de operador se formalizó el 1 de marzo.

Defensa del erario público

“Es una realidad que entre el 1 de enero y el 28 de febrero se ha prestado el servicio” por parte de la concesionaria, reconoce el requerimiento de Territorio. Con todo, Calvet recuerda que la Administración tiene la obligación de “adoptar las medidas adecuadas para evitar las lesiones al erario público” y le pide que le reintegre lo que ha ingresado en los dos meses en los que, sobre el papel, ATLL ya era una empresa pública.

¿Cuánto ingresará la Generalitat para este trámite? Es el consorcio liderado por Acciona el que deberá fijar el importe exacto. El mismo requerimiento demanda que la hasta ahora concesionaria del servicio detalle el “importe de las liquidaciones emitidas y los importes cobrados y/o pendientes de pago”, además de indicar los “gastos que se hayan llevado a cabo y que pueden ser objeto de compensación en base a la prohibición de enriquecimiento injusto”.

Consorcio y Generalitat

La multinacional liderada por la familia de los Entrecanales y sus socios en ATLL disponen de tiempo hasta Semana Santa para abonar las cantidades que le reclama el Govern o recurrir esta demanda ante los tribunales.

El requerimiento también implica que Calvet ha cumplido con el compromiso que anunció en julio. La gestora de agua se convierte de este modo en una empresa pública desde principios de año.

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