Acciona lanza un órdago al Govern en sus momentos más bajos

Acciona ha anunciado que exigirá 1.074 millones de euros a la Generalitat como compensación económica por perder el control de Aigües Ter Llobregat (ATLL), la principal empresa de abastecimiento que gestiona la división de agua de la cotizada. Ha lanzado un órdago en toda regla contra el Gobierno catalán en uno de los momentos más bajos, con una batalla abierta entre JxCAT y ERC que ha dinamitado el débil diálogo que existía entre las consejerías.

La cifra exigida ahora por la cotizada de la familia Entrecanales supera de lejos los 308 millones que se habían reconocido hasta la fecha. Se basa en un análisis que encargó la misma multinacional a PwC en el que se indica que Cataluña debería desembolsar 305 millones para liquidar el contrato vigente y otros 769 en concepto de “daños y perjuicios”. Es decir, el lucro cesante que en ningún momento se ha contemplado como parte de la indemnización.

Además, añade aproximadamente otros 38 millones por la “deducción de la provisiones de liquidación ordinaria de liquidación del contrato”, tal y como indica en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Parálisis del Gobierno catalán

¿Cómo ha contestado el Ejecutivo de Quim Torra ante esta iniciativa? La consejería de Territorio y Sostenibilidad, liderada por Damià Calvet, tardó unas cuatro horas en publicar un escueto comunicado en el que aseguraba que “trabajará como hasta ahora de forma objetiva” en definir la compensación que le corresponde a Acciona por un “contrato que ha sido declarado nulo”. Es decir, la confirmación en febrero del Tribunal Supremo de que existieron errores en el licitación de 2012 y que era pertinente dejar sin validez la concesión pública.

El principal problema es que la resolución judicial no fue precisamente una sorpresa para los implicados. En los seis años que ha durado la llamada guerra del agua en Cataluña tanto el Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) nunca se había recogido una resolución a favor de sus intereses. Tampoco se dio forma a un plan de contingencias porque, tal y como recuerdan fuentes cercanas a los implicados, la caja de la Generalitat estaba vacía y no se podía proceder a la liquidación del contrato de ATLL.

Consenso en la resolución de ATLL

Cuando la decisión ya es en firme, ni el presidente Torra ni el consejero Calvet pueden demorar más la situación. Quién va a recoger el testigo de Acciona en la gestora del agua es una de las poquísimas decisiones que consiguen consenso en el Parlament. Se rompe la política de bloques que se ha instaurado para concluir que debe ser una empresa pública de nueva creación la que se ponga al frente de la empresa de la empresa de abastecimiento de agua.

El Gobierno catalán creó a mediados de julio una comisión que estudia cómo hacerlo. Según el comunicado que hizo público la consejería de Territorio, este grupo está en pleno proceso de “elaboración de un informe en el que se evalúan” tanto los “aspectos jurídicos como los económicos de la liquidación del contrato”.

Retrasos en la comisión

Deberían estar representados en este ámbito técnicos y políticos del departamento de Territorio y Sostenibilidad (JxCAT), de la vicepresidencia de Economía y Hacienda (ERC), del Gabinete Jurídico de la Generalitat y de la Agencia Catalana del Agua (ACA, bajo el control de JxCAT), que actúa en este proceso según las directrices políticas que se dicten desde la consejería de la que depende. El problema es que, según fuentes próximas al departamento, en los últimos tres meses aún no ha entrado en materia.

Los portavoces oficiales de la Generalitat insisten en que se fijará una contraprestación económica para Acciona en las “próximas semanas”. Pero se resisten en definir una fecha concreta al respecto.

Dudas de la oposición

El número dos de Calvet, Ferran Falcó, aseguró en el mismo comunicado que al Gobierno no le “inquietan las informaciones que Acciona filtra en la defensa de sus intereses”. Además de este intento de dar un mensaje de tranquilidad, también advierte de que los 1.074 millones es una cifra “desproporcionada” que “no se ajustan a la sentencia y no tienen en cuenta el contrato que se ha sido declarado nulo”. Aunque en ninguna resolución ni del Supremo ni del TSJC se ha hecho nunca una referencia a la cifra de indemnización de debía percibir la empresa que se quedaba sin la gestión de ATLL.

Lejos de conseguir la tranquilidad pretendida, la oposición ha encendido las alarmas tras el anuncio de Acciona. Partidos como PSC o los Comuns ven como se acerca una nueva pugna judicial en la privatización de la gestora del agua que emprendió en 2010 Artur Mas, Andreu Mas-Colell y Lluís Recoder. En este caso, entre Acciona y el Gobierno catalán, con el consiguiente impacto en las cuentas públicas en gastos de defensa legal.

Retrasos en la resolución

También preocupa que la parálisis del Gobierno catalán ante el caso ATLL hace poco probable que se cumpla con el calendario previsto para recuperar la gestión pública de la compañía. Torra prometió que el cambio en la titularidad tendría lugar el 1 de enero de 2019. Ahora, hasta desde la propia Generalitat se admite que lo más probable es que no se llegue a esta fecha.

Acciona seguirá como gestora provisional de la gestora del agua hasta que no se complete el proceso.