Acciona llevará al TSJC la indemnización de la Generalitat por ATLL

De socios a litigantes. Esta es la relación de la Generalitat y un consorcio de empresas liderada por Acciona en Aigües Ter Llobregat (ATLL). El grupo de los Entrecanales ha confirmado que llevará ante el Tribunal Suprerior de Justicia de Cataluña (TSJC) la indemnización que le ofrece el Gobierno de Quim Torra al perder el control de la gestora de agua.

El Consejo Ejecutivo aprobó este martes la cifra de la liquidación definitiva del contrato de concesión del servicio, que llega a los 53,8 millones de euros. La comisión de la consejería de Territorio y Sostenibilidad que ha estudiado la resolución señala que el importe se ha calculado con “datos estimativos” y que espera confirmarla como muy tarde el próximo 1 de julio.

Pago en julio

Será entonces cuando se compromete a realizar la “liquidación final”. El Gobierno catalán da más de tres meses a Acciona y a sus socios, las familias Rodés y Godia-Torreblanca y el fondo internacional Pioneer Point Partners, para que aporte “toda la documentación contable y acreditativa” de los conceptos “objeto de restitución” que se han incluido en esta previsión.

Territorio, una consejería encabezada por Damià Calvet (JxCAT), ha desestimado todas las alegaciones que realizaron los privados en el marco de la evaluación. El consorcio que estaba al frente de ATLL hasta marzo defenderá ante el TSJC este argumentario, que implica elevar a 1.036 millones la compensación del Ejecutivo catalán.

Imagen de una planta potabilizadora de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) / CG

Imagen de una planta potabilizadora de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) / CG

Pretensión de Acciona

Acciona y sus socios reclaman 305 millones a la Generalitat por la anulación del contrato y otros 733 millones en concepto de daños y perjuicios. Las fuentes jurídicas consultadas consideran probable que el TSJC atienda la primera parte de la demanda, aunque ponen en duda de que el tribunal acepte la tesis de que se deben compensar las ganancias futuras que no recibirá por cómo se firmó el contrato de concesión de ATLL.

El fondo del conflicto es que la licitación se ratificó con un procedimiento administrativo abierto sobre la pulcritud del concurso público. Cuando el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) señaló que la adjudicación a Acciona era incorrecta por los fallos en el proceso, el consorcio ya estaba al frente de la compañía. De la mano de la Generalitat, recurrieron en ese momento a los tribunales, pero el TSJC primero y el Tribunal Supremo después ratificaron los fallos que se habían detectado.

Riesgo inusual

Los privados han asegurado a lo largo de los últimos años que les forzaron a firmar la concesión. Han señalado que si no lo hacían, el Gobierno catalán les había anunciado que consideraba que había renunciado a la licitación y procedería a otorgársela a su rival en el proceso, el grupo Agbar.

Justifican que por este motivo asumieron un riesgo inusual, derivado de la urgencia financiera del Ejecutivo. El entonces presidente, Artur Mas, necesitaba los 300 millones de ATLL para pagar las nóminas de los funcionarios de ese diciembre.

Fraude de ley

Acciona ha tildado de nuevo de “fraude de ley” y de “esencia confiscatoria” la propuesta de liquidación definitiva del Govern. “Resulta claramente fraudulenta”, indican en un comunicado e insisten en que el “pago mínimo” debe ser los 305,2 millones, aunque insisten en los 1.036 millones.

El vicepresidente de Economía, Pere Aragonès (i), y el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet (d) / EFE

El vicepresidente de Economía, Pere Aragonès (i), y el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet (d), antes de comparecer en el Parlament para dar explicaciones sobre la liquidación de ATLL / EFE

Para la concesionaria, el documento que ha aprobado el Consejo Ejecutivo presenta algunos “retoques y matices de carácter cosmético” respecto al análisis que se hizo en diciembre. “Pero mantiene la esencia confiscatoria”, reitera en un comunicado.

98 millones de impacto

La empresa cumple con la promesa de su presidente, José Manuel Entrecanales, en la presentación de los resultados anuales. “La actuación de la Administración de Cataluña es improcedente y la recurriremos en los tribunales”, afirmó el directivo. La anulación del contrato tiene un impacto de 98 millones en el beneficio de Acciona, aunque no ha tenido que realizar ninguna provisión.

ATLL, la empresa que da agua potable a 4,5 millones de habitantes de Barcelona y su ámbito de influencia y que ahora está gestionada de forma pública, propicia una nueva guerra del agua en Cataluña.