Grífols trabaja de nuevo con el despacho de Tomás Dagà tras reconocer sus conflictos de interés
La firma Osborne Clarke ha asesorado a la farmacéutica en la emisión de bonos de 1.000 millones de euros con la que refinanciará la deuda no garantizada que vence en 2025
24 abril, 2024 00:00Noticias relacionadas
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Grífols ha admitido el riesgo que tiene la posible incursión en conflictos de interés para su reputación corporativa y la confianza hacia los inversores, pero no parece dispuesta a poner fin a las prácticas que conducen a este escenario, al menos en el corto plazo. La farmacéutica ha vuelto a recurrir a los servicios del despacho Osborne Clarke, de cuya oficina en España es fundador Tomás Dagà, veterano consejero de la cotizada, para el asesoramiento legal de una operación de calado.
En este caso, la firma ha sido el apoyo legal de Grífols a la hora de llevar a cabo una emisión de bonos garantizados de 1.000 millones de euros, con los que el productor de hemoderivados refinanciará la deuda no garantizada con vencimiento en 2025, relacionada con las emisiones que realizó en 2017 con vistas a futuras compras para crecer.
Relación controvertida
La estrecha relación con Osborne Clarke es uno de los puntos más controvertidos que mantienen a la compañía en el foco de los mercados tras la publicación del informe de Gotham City Research a comienzos de año, que ha desencadenado una fuerte crisis bursátil de la que Grífols aún no ha logrado reponerse.
Una parte importante del documento se refería a las operaciones vinculadas con el socio Scranton Enterprises, mercantil domiciliada en Países Bajos de la que son accionistas varios miembros de la familia Grífols, fundadora de la farmacéutica, e incluso también el propio Dagà.
La mayoría de las operaciones de compraventa que Grífols llevó a cabo con Scranton antes de la pandemia, que son puestas en la picota en el informe del fondo bajista, contraron con Osborne Clarke como asesor legal, así como la opa lanzada por el control de la alemana Biotest AG por algo más de 1.000 millones de euros, la última que la compañía presidida por Thomas Glanzmann ejecutó antes de dar por concluida su fase de expansión y poner el foco en reducir su abultada deuda.
Persona de absoluta confianza de los Grífols, Dagà es uno de los miembros más veteranos del consejo de la farmacéutica, hasta el punto de que su última renovación como vocal incluyó un cambio de categoría a "otro externo", dado que había excedido el plazo de 12 años que el código de buen gobierno recomienda en el caso de los consejeros independientes.
También la secretaria del consejo
Dagà fundó la filial española del despacho británico a mediados de los 80 y se mantuvo en labores de director general hasta hace apenas unos años, cuando cedió el testigo precisamente a Núria Martín Barnés, que ejerce como secretaria no consejera de Grífols; una situación que también podría generar un conflicto de interés.
En su día, Dagà trabajó en Osborne Clarke con Raimon Grífols, cuyo papel se reduce actualmente al de consejero dominical en la farmacéutica, pero que ejerció durante cinco años, hasta 2022, como consejero delegado mancomunado de la compañía junto a su sobrino Víctor Grífols Deu. Con posterioridad, ambos pasaron a desempeñarse como directores generales antes de dejar toda función ejecutiva a raíz del terremoto provocado por el informe de Gotham.
En uno de los últimos documentos publicados por el fondo bajista, la figura de Tomás Dagà cobra protagonismo. Gotham llama la atención sobre la existencia de numerosos conflictos de interés entre la compañía y una serie de actores involucrados, a los que menciona de forma genérica con esta fórmula, a excepción del veterano consejero, al que sí se refiere con nombre y apellidos.
"Actúan como accionistas, consejeros, contrapartes, acreedores, asesores y deudores de Grífols, y muchas veces al mismo tiempo", apunta el documento, que menciona específicamente a Dagà como ejemplo paradigmático de una situación que considera insostenible.
Cambios en la gobernanza
A raíz de la crisis, Grífols asumió varios cambios en su estructura de gobernanza. A la ya mencionada retirada de toda función ejecutiva a los miembros de la familia fundadora se unió la incorporación de Nacho Abia, sin experiencia ni relación previa con la empresa y los accionistas, como consejero delegado. También se anunció que Glanzmann, señalado como muy afín a los Grifols por su larga relación empresarial, dejará sus funciones ejecutivas a partir del próximo año.
Una separación entre gestión y propiedad, promovida también por la presión de los consejeros independientes, que fue incluso reflejada por la farmacéutica en la presentación de sus resultados anuales de 2023 como uno de los puntos fundamentales.
En este contexto, Dagà se ha desvinculado de alguna filial de Grífols y la pasada semana renunció a su cargo como secretario no miembro de la comisión de Auditoría de la farmacéutica. No obstante, continúa como vocal en el consejo de administración y como una figura relevante en el engranaje de la sociedad.
Recientemente, la compañía admitía en un documento remitido a la Comisión de Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés), que los posibles conflictos de interés suponían uno de sus principales riesgos con vistas a la generación de confianza hacia los inversores.
A los tribunales
El supervisor estadounidense ha requerido, al igual que lo hizo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), información adicional acerca del contenido del informe de Gotham, que Grífols insiste en calificar como un conjunto de informaciones falsas con el objetivo de hundir la cotización y generar beneficios para el fondo especulador.
A finales del pasado enero, la farmacéutica inició un pleito contra Gotham, su principal responsable, Daniel Yu, además de contra Cyrus de Weck, uno de sus socios y gestor del fondo bajista que obtuvo una elevada rentabilidad con el primer desplome de Grífols, el pasado 9 de enero. En este pleito, la compañía cuenta con el asesoramiento del despacho estadounidense Proskauer, también habitual en las operaciones de la cotizada, incluida la de la última emisión de bonos.