Cinta Pascual, fundadora de L'Onada, investigada por los Mossos, en una rueda de prensa
Cinta Pascual: todas las polémicas de la patrona de los geriátricos que Mossos investiga por los fondos de medicamentos
- La empresaria llevó un pequeño grupo de asilos desde el Delta del Ebro al frente de las patronales nacional y autonómica
- Le afean su agresividad, las concesiones públicas con la Generalitat y sus vínculos nada disimulados con el independentismo catalán
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Las residencias de mayores apenas se estaban recuperando del desprestigio que sufrieron durante la pandemia del coronavirus y ahora se ven involucradas en otra polémica. En este caso, atañe a la investigación de los Mossos d'Esquadra contra L'Onada Serveis, líder geriátrico en Cataluña, al que la policía cree poder vincular con una trama de medicamentos. Y las pesquisas no son la primera controversia en la que se ve envuelta Cinta Pascual, la CEO de la compañía.
De hecho, sus polémicas han sido tantas, y con tantos rivales, que hay movimientos de fondo para apearla de la presidencia de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), la todopoderosa patronal de asilos catalanes y un auténtico contrapoder al Govern en materia de dependencia. Algunos, una minoría hasta ayer, la quieren fuera por las polvaredas levantadas por L'Onada y su gestión.
Concesiones de urgencia con el Covid
La primera fueron las concesiones de centros por la vía de urgencia que dictó la Generalitat de Cataluña cuando el coronavirus azotaba al país. L'Onada Serveis fue una de las grandes beneficiadas y llegó a quedarse centros muy devastados por el virus, como la residencia Ca n'Amell de Premià de Mar (Barcelona), que posteriormente compró y rebautizó como Villa Clavelina, según avanzó Crónica Global.
Residencia Villa Clavelina de Premià, que operó DomusVi, pero se quedó L'Onada
Al Govern le asistía el derecho a asignar asilos castigados por el Covid-19 con urgencia. Con todo, desde el sector se afea que se hiciera "con tanta repetición" a L'Onada. Y con métodos que denuncian "opacos". Un ejemplo: Ca N'Amell era privada y el grupo de Pascual se la quedó sin hacer inversión inicial alguna a pesar de que la había pagado DomusVi. En este campo, se critica el trabajo realizado por Aina Plaza, entonces alto cargo en la Consejería de Asuntos Sociales de la Generalitat y hoy en Salud, como facilitadora de las concesiones sin concurso.
Cabe tener en cuenta, tal y como se recuerda desde el sector, que la pandemia coincidió con el crecimiento explosivo de la empresa de Cinta Pascual.
Nacionalismo: de ERC a Trias (sin vivir en Barcelona)
También se afea a Pascual su cercanía nada disimulada al nacionalismo catalán. La industria recuerda que L'Onada Serveis nació en el Delta del Ebre (Tarragona), un bastión político de ERC. La empresaria es pareja del empresario local Joan Antó, presidente ejecutivo de Perfect Group y que se le considera una persona afín a los republicanos en el territorio.
La pareja es muy influyente en esta zona de Tarragona. En paralelo, en las cuatro comarcas ribereñas, L'Onada no sólo operó sus primeros geriátricos privados desde 1995 -año de su fundación-, sino que logró las primeras concesiones públicas de asilos. El punto de inflexión fue la adjudicación de L'Onada Tortosa en 2009, el primer polo de atención a ancianos del Ebro, en terreno municipal.
Pascual rompió con ERC tras la pandemia. Firmó su apoyo a la lista del neoconvergente Xavier Trias como alcaldable en Barcelona en las elecciones municipales de 2023. Una firma que extrañó más allá de impacto del apoyo de una patrona, ya que la directiva no reside en la Ciudad Condal.
Traslados de ancianos con el coronavirus
La empresaria, cuyo grupo ahora investigan los Mossos --con efectivos de la Unidad Anticorrupción--, se vio salpicada por otro caso judicial. El juez que instruye el caso Voloh la imputó por encubrimiento de homicidio imprudente.
Joaquín Aguirre, titular de la sala de Instrucción número 1 de Barcelona, la investigó porque las escuchas de la Guardia Civil al exconseller y ex alto cargo de ERC Xavier Vendrell revelaban que éste hablaba muy frecuentemente con Pascual cuando el Covid golpeó España en 2020.
El ex alto cargo de ERC Xavier Vendrell, tras declarar por el 'caso Voloh'
Las transcripciones del instituto armado afloraron que Vendrell, que operaba de consultor oficioso del Govern catalán contra el virus, decía que Pascual "era una de sus dos autoridades" en la gestión de la pandemia. En paralelo, el también empresario ingresaba dinero público de forma mensual para apoyar en la batalla contra el patógeno. La causa afloraba que Vendrell y Pascual se coordinaron en el traslado de ancianos infectados, aunque su actuación generó críticas bastante unánimes en el sector, no se hallaron mimbres de delito. La causa contra la empresaria se archivó.
Contrapoder al Govern: "Otra 'conselleria'"
Tras la fase del coronavirus, y gracias a algunas concesiones logradas entonces, como la propia Ca n'Amell de Premià, la empresaria ganó proyección. Fue así porque se convirtió en la voz autorizada en el sector de los mayores.
A pesar de que en el resto de España existen dos patronales del sector, y en Cataluña, hasta ocho. Un ejemplo: Acra contesta a todas y cada una de las manifestaciones y políticas del Govern para con los ancianos. La última, el 28 de noviembre, cuando se anunció que los médicos de geriátricos y ambulatorios estarían integrados en la región.
Pascual ha conseguido que Acra actúe, alertan desde el sector, como "otra conselleria sin las responsabilidades de ésta". Y que, también, las consejerías del ramo "legislen en favor de las empresas del tamaño de L'Onada". Tengan razón o no, Acra fue firmante casi en solitario del GeroCat, el primer convenio autonómico de cuidado a mayores. Pimec lo denunció por "minoritario", pues sólo lo rubricaron tres asociaciones empresariales de ocho.
Expansión en Barcelona
Tampoco menor es el hecho de que L'Onada Serveis ha irrumpido en Barcelona como región en el negocio de los cuidados. Lo ha hecho con un conflicto laboral en Cerdanyola del Vallès, donde opera uno de los mayores centros de discapacitados de la provincia, y con un pleito con una fundación religiosa por su primera residencia privada en la capital catalana.
Este último asunto ha terminado enfangado: el ayuntamiento ha multado a L'Onada por tratar de comenzar las obras pese a que la entidad cristiana ha roto el contrato con ella, y ahora no tiene derecho a construir.
L'Onada Bordeta, antes Mossèn Vidal i Aunós, externalizada a Eulen
El grupo empresarial de Pascual también ha puesto un pie en Sant Adrià y San Cosme, entre otras zonas populares metropolitanas. Y se ha quedado con la residencia municipal externalizada Mossèn Vidal i Aunós, que operó Eulen, pero que fue intervenida por el CatSalut durante la crisis sanitaria. Esa adjudicación sin concurso, como otras, dan argumentos a los críticos con Pascual de que ha tenido una relación que ven privilegiada con la Administración.
