El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una sesión de control del Parlament

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una sesión de control del Parlament David Zorrakino Europa Press Barcelona

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El 'decretazo turístico' acelera el desgaste parlamentario de Aragonès

El Govern lleva este miércoles al Parlament un cambio legal que se presenta como urgente y que no ha superado un debate a pesar de las dudas legales y económicas que plantea

20 diciembre, 2023 00:00

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El Parlament abordará este miércoles la tramitación de la nueva regulación del Govern contra los apartamentos turísticos, en plena tormenta política para el president Pere Aragonès, quien busca tramitarlo como decreto ley urgente. Sin embargo, es probable que la oposición bloquee la convalidación y exija un debate parlamentario completo por la vía de la ley ordinaria.

Ello forzaría a una negociación más extensa con otros partidos más allá de ERC, especialmente el PSC, ya que la alianza izquierdista con los comunes y la CUP no está resultando favorable, a pesar del cambio ideológico del gobierno de Esquerra para satisfacer a sus bases más progresistas.

Presiones a los socialistas

Tanto, que entidades cercanas al partido impulsado por Ada Colau como Sindicat de Llogateres mandaron ayer un comunicado en el que intentaban presionar a los socialistas catalanes acusándoles de ponerse al lado del "lobi de apartamentos turísticos y en contra de sus alcaldes", aunque el grueso del municipalismo del partido de Salvador Illa ha criticado la medida. Especialmente en las zonas costeras cuyas economías dependen del turismo más allá de Barcelona. 

Unos apartamentos turísticos situados en Las Ramblas de Barcelona

Unos apartamentos turísticos situados en Las Ramblas de Barcelona CG

Fuentes conocedoras del proceso también apuntan a que desde la Unión Europea ya han expresado que no acaban de ver con buenos ojos la regulación propuesta. No van a manifestarse en contra de la iniciativa legislativa local, pero han advertido de que la seguirán de cerca para asegurarse de que está en línea con la normativa comunitaria que está en el horno sobre esta misma materia. 

Debilidad del Govern

Lo que está claro es que no está siendo una buena semana para Aragonès, ya que aún resuenan temas como los nefastos resultados del sistema educativo de la Generalitat en el informe PISA, la reunión extraordinaria con los grupos de la oposición, los problemas por el recorte de pediatras y la sequía. Será difícil que el decreto sea convalidado como esperaba el Govern, ya que para ello Junts o el PSC deberían dar su brazo a torcer y todavía planean dudas serias sobre la normativa.

Además, Aragonès se enfrenta a la presión de mantener el equilibrio parlamentario para sacar adelante no sólo el decreto, sino unos presupuestos cuyo alumbramiento parece cada vez más difícil. Ante la debilidad del Govern, el PSC ha mantenido una estrategia impasible de evitar el ataque directo, dejando que el Gobierno autonómico se desgaste por sí solo.

La estrategia socialista

Los socialistas ya optaron por la misma estrategia en casos como la fiscalización del exconsejero Cambray, cuando no respaldaron su reprobación en el Parlament como titular de Educación y permitieron que cayera por sí mismo. La estrategia del PSC es mantener una mano tendida hacia el gobierno de ERC para mostrar que son un partido útil que no pone obstáculos, una táctica que confía en que el Ejecutivo se deje en evidencia solo.

Hemiciclo del Parlament de Catalunya

Hemiciclo del Parlament de Catalunya EUROPA PRESS

Aunque se mantiene la mano tendida, los de Illa están apretando las tuercas a Aragonès porque no cuenta con la oposición ni cumple sus pactos, como en el caso de los presupuestos. Por lo tanto, no sería sorprendente que los socialistas empiecen a dificultar la acción de gobierno del president como forma de presionar para que se cumplan los compromisos.

Impacto económico

El decreto ha generado un gran malestar en muchos municipios turísticos de la costa catalana, así como en sectores económicos como el comercio y la restauración. Incluso ha indignado a las sensibilidades más ecologistas. También ha generado reacciones en Barcelona, donde podría afectar al 30% de los turistas si el ayuntamiento decide aplicarlo de manera estricta.

Ante esta amenaza, los empresarios han alzado la voz y tratan de organizarse para evitar una disminución en la llegada de turistas que afecte sus negocios y el empleo.