La torpeza del Govern une a comercio y ecologismo en su oposición al 'decretazo' turístico
Los comerciantes y los verdes de Costa Brava y Costa Daurada se activan contra una normativa que puede vaciar algunos municipios del litoral
14 noviembre, 2023 00:00Noticias relacionadas
El decretazo del Govern contra los pisos turísticos ha unido a figuras tan distintas como los propietarios de estos alojamientos, los comerciantes y los ecologistas. A todos ellos les preocupa el efecto que puede tener la nueva normativa en los municipios costeros catalanes donde buena parte de la economía y el empleo depende de los bares, tiendas de souvenirs y otros negocios frecuentados por los visitantes que se alojan en viviendas de plataformas como Airbnb o Booking. Temen que la regulación no consiga nada más que vaciar algunas de estas localidades.
En la Costa Brava, las entidades ecologistas suelen oponerse a la construcción de nuevos proyectos residenciales que sean invasivos con el entorno. Sin embargo, ahora rechazan un decreto que puede implicar que las urbanizaciones ya construidas puedan usarse solo como segundas residencias "dos semanas al año" y no como apartamentos de alquiler el resto del tiempo. Les indigna que estas fincas que ya se han levantado con el consiguiente impacto ambiental caigan en desuso y no sirvan para dinamizar económicamente el territorio como ha ocurrido hasta ahora.
Riesgo de "despoblación"
"Las segundas residencias son viviendas que no pueden ser principales por su ubicación, en urbanizaciones sin servicios ni transporte público, aislados o alejados de los centros de los pueblos y ciudades y, además, son entornos que ya han sido transformados", señala Pau Bosch, vicepresidente de SOS Costa Brava. Añade que "la Costa Brava aún tiene un potencial de crecimiento de 50.000 viviendas de segunda residencia más".
Esto se debe al nuevo plan director urbanístico del litoral gerundense y "la desclasificación de 25.000 viviendas de segunda residencia". "Si estos municipios se quedan sin viviendas turísticas, provocará un efecto contrario y muchos se seguirán despoblando", concluye Bosch.
"Van a arruinar el comercio"
Algunas asociaciones de comerciantes de la Costa Daurada también se han puesto en contacto con el empresariado del sector de los pisos turísticos ante la amenaza de que la reducción de licencias pueda "arruinar el comercio". Uno de los casos paradigmáticos es el de Salou, donde viven unas 27.000 personas y se eliminarán 4.500 apartamentos si se cumple la proporción máxima que establece el decreto del 10% sobre el total de viviendas.
Fuentes del comercio local de Salou indican que "lo que importa es la calidad del turismo, no el número de turistas", y que "cuando hay tantos hoteles en un municipio, los tienen que llenar". Una situación que "ha mejorado" gracias a años de trabajo del consistorio y diversas entidades, que han apostado por la desestacionalización y el turismo deportivo.
Expectación en la Costa Brava
"Que venga gente es lo que interesa a la restauración y al comercio", subraya Francesc Alsina, gerente de la Associació Comerciants Lloret. Recuerda que Lloret de Mar, capital turística de la Costa Brava, ha cerrado una buena temporada de verano, aunque con menos gasto del esperado en las tiendas locales. Considera que el decreto probablemente no tendrá una afectación directa en la población, ya que tiene más habitantes que Salou -40.000 frente a 27.000- y, aunque "aunque se cuentan un gran número de viviendas de uso turístico", no se supera el límite del 10%.
Alsina asegura que el cambio normativo tendrá un impacto mayor en localidades de la Costa Brava como L'Estartit, donde hay más concentración de apartamentos de corta estancia. En Lloret hay más habitaciones de hotel que pisos turísticos, aunque esta oferta conjunta ayuda en los esfuerzos locales por desestacionalizar y diversificar el visitante; por ejemplo, los alojamientos disponibles en plataformas como Airbnb atraen a familias o parejas.
La calidad del turismo, en juego
En la misma línea, los propietarios de apartamentos turísticos consideran que el decretazo de la consellera Ester Capella va en contra del trabajo de la propia Generalitat para mejorar la calidad del turismo. Y es que la Dirección General de Turismo depende de la Consejería de Empresa y no de Territorio, que es quien ha impulsado la normativa.
Tal y como expusieron este lunes las asociaciones empresariales del sector en un acto en Barcelona, la sustitución de las licencias de los apartamentos por permisos temporales de cinco años desincentivará las inversiones en la mejora de los inmuebles. "Con la planta más obsoleta de Europa, ¿cómo vamos a atraer turismo de calidad?", se preguntaban los ponentes.