El comercio de BCN alerta de que el decretazo de ERC expulsa al 30% de los turistas

Patronales y gremios representativos del comercio, como Barcelona Oberta; de los pisos turísticos, como Federatur; de la hostelería, como el Gremi de Restauració de Barcelona; o del ocio nocturno, como Fecalon, se encuentran entre el medio centenar de entidades que han expresado su inquietud por la normativa autonómica firmando un comunicado conjunto. Fuentes del sector señalan que el alcalde Jaume Collboni no se encuentra en una tesitura fácil, pues está recibiendo fuertes presiones de estos sectores, pero también de los hoteleros, que no ven con tan malos ojos la nueva regulación.

Confianza en Collboni

Por ahora, se han impuesto los últimos, pero los empresarios de los apartamentos tienen esperanza en que Collboni dé un giro: "Es una persona perfectamente capaz, como alcalde, de verlo. Se dará cuenta y no dará apoyo a este tipo de decreto", confía Enrique Alcántara, presidente de la patronal barcelonesa Apartur. Los afectados reconocen que la actividad generada en alojamientos tipo Airbnb debe ser regulada, pero piden más rigor.

Es por ello que preocupan las declaraciones del alcalde en las que apuntaba a una intención de aplicar del decreto para llevar a cabo un decrecimiento significativo de las viviendas de corta estancia. De confirmarse, Alcántara cree que un cambio así tendría un "impacto económico" en el comercio y la restauración. Alerta de que "arruinar la Barcelona turística es algo peligroso", aunque espera que las posiciones se moderen antes de que el Parlament aborde la convalidación del decreto el miércoles de la semana próxima.

Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, en el 30 aniversario de Barcelona Turisme

¿Expropiar sin indemnizar?

Para superar el trámite parlamentario, ERC necesitará los votos de PSC y Junts, que todavía no han pronunciado públicamente su posición, aunque resulta improbable que apoyen el texto tal y como está. Uno de los problemas es que invade la autonomía municipal: los consistorios tenían hasta ahora la potestad de incrementar o reducir el número de licencias de apartamentos turísticos a través de un cambio de sus ordenanzas urbanísticas, pero si eliminaban permisos, debían indemnizar a los propietarios expropiados.

Lo que permite la nueva norma es expulsar apartamentos del mercado sin necesidad de indemnizar a los titulares. De hecho, obliga a hacerlo en municipios donde, como en Salou, se superan las diez viviendas turísticas por cada 100 habitantes. No es el caso de Barcelona, donde la proporción es muy inferior, pero aun así, todas las licencias se extinguirán en cinco años y será el consistorio de entonces el que decida si las renueva todas -podría hacerlo al no alcanzar el límite-, o solamente una parte, lo que supondría la eliminación de parte de los turistas que optan por alojarse en un Airbnb y no en un hotel.

"BCN se vuelve no competitiva"

En la capital catalana hay unos 9.600 apartamentos de este tipo, con unas 50.000 plazas en total (70.000 si se tienen en cuenta municipios metropolitanos como L'Hospitalet o Sitges) que, como ocurre con los hoteles, nunca llegan al 100% de ocupación. En los picos de actividad, como la celebración de congresos internacionales, se llenan 40.000 plazas, de modo que Alcántara asegura que al perder capacidad de alojamiento, "Barcelona se vuelve no competitiva para acoger grandes eventos" en un momento en que "las grandes ciudades europeas están compitiendo por ellos".

Imagen de un apartamento anunciado en Airbnb en Barcelona / EFE

Es por eso que el representante sectorial ha escrito cartas a las organizaciones del Mobile y del ISE y a Fira de Barcelona, alertando de que este cambio normativo podría provocar una caída en el número de congresistas que puede acoger la ciudad. Y es que, en fechas congresuales, se dispara el precio por habitación en los hoteles locales e incluso se llenan los establecimientos del extrarradio. Alcántara se muestra convencido de que se trata de "consecuencias que no se han tenido en cuenta a la hora de redactar" el decreto, que plantea "un riesgo que la ciudad de Barcelona no se puede permitir".

Rechazo en los municipios

En este contexto, una veintena de municipios dependientes del turismo se han manifestado contra el decretazo del Govern. Entre las localidades que han firmado un manifiesto contrario se encuentran Alp, L'Ametlla de Mar, Ampolla, Begur, Cadaqués, Calafell, Calonge i Sant Antoni, Deltebre, Espot, L'Escala, Naut Aran, Palafrugell, Pals, Platja d'Aro, Queralb, Rialp, Roses, Salou, Santa Susanna, Torroella de Mongrí y Estartit.

En Barcelona, la teniente de alcalde Laia Bonet se ha pronunciado a favor del decreto de la Generalitat, que considera "muy positivo" a pesar de las serias dudas jurídicas y económicas. Sin embargo, Collboni ha moderado el tono y en sus últimas declaraciones sobre la normativa autonómica se limitó a opinar que "tenemos que decidir el nuevo modelo de turismo que queremos".

El rumbo definitivo del turismo catalán irá tomando forma la semana que viene con la tramitación parlamentaria. Mientras tanto, el mayor temor de los pequeños propietarios barceloneses que tienen un piso turístico es que el consistorio priorice a los grandes tenedores y los dueños de edificios enteros en la renovación de licencias de aquí a cuatro años.