El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès / EP
El decretazo turístico de Aragonès suspende el test jurídico y económico
La nueva regulación contra los apartamentos de portales como Airbnb contiene numerosos errores formales y amenaza la economía local
2 diciembre, 2023 00:00Noticias relacionadas
El decretazo del Govern de Pere Aragonès contra los apartamentos turísticos no pasa el test jurídico y económico. A pesar de la complicidad del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), las fuentes consultadas por Crónica Global coinciden con el análisis que hicieron este viernes dos juristas expertos en la materia en un coloquio en el que destrozaron una normativa que expropia pero no indemniza, que invade otras leyes a todos los niveles o que omite el debate necesario con las partes afectadas con la excusa de una urgencia con la que luego no es consecuente, porque da un plazo de un lustro a los municipios para adaptar el planeamiento urbanístico al nuevo marco.
Si el Tribunal Constitucional termina tumbando esta regulación, los propietarios intentarán que se les compensen los daños económicos causados y, según las cifras que manejan, se podría estar hablando de una cantidad de 500 euros por catalán. Estos fallos formales son propios de una elaboración a toda prisa y sin que hayan trascendido los estudios en que se basa la Generalitat para afirmar que la solución al problema del acceso al hogar puede estar en restringir plataformas como Airbnb, cuando estos alojamientos sólo suponen un 2% del parque de vivienda catalán.
Hostilidad contra el turismo
A ello hay que añadir las consecuencias negativas que una normativa tan restrictiva puede tener en economías locales que dependen del turismo. Es por ello que genera preocupación en la restauración, el comercio, el mundo municipal e incluso el ecologismo. Fuentes del empresariado atribuyen este gesto tan polémico del Govern a una voluntad de ERC a acercarse a los postulados izquierdistas contrarios al turismo, que defienden que hay que reducir esta actividad, pilar económico de muchas zonas de Cataluña como Barcelona, la Costa Brava, la Costa Dorada o el Pirineo.
Sin embargo, esta línea próxima a la turistofobia procedente de la Consejería de Territorio comandada por Ester Capella en nada se parece a la gestión de la Dirección General de Turismo. ERC nombró en este cargo a Marta Domènech, una directiva con trayectoria en empresas privadas turísticas y bien valorada en el sector.
Logo de Airbnb
Una "chapuza" aberrante
"Una de las cosas que argumenta la Generalitat es que, con la nueva ley de vivienda, hay menos alquiler, y para compensar, quitamos pisos turísticos. Es decir, que para arreglar una chapuza, hacemos otra chapuza", critica Arancha Goenaga, abogada especialista en derecho inmobiliario. Asegura que "no tiene sentido fastidiar a los negocios" cuando la solución es "construir vivienda pública".
La socia de Círculo Legal Barcelona considera la norma una "aberración", ya que su objetivo es "equilibrar el mercado residencial", pero "no se dan cuenta de que hay pueblos que viven sólo de los turistas, por ejemplo de los esquiadores en el típico pueblo de montaña".
El modelo venezolano
"Esta nueva ley de apartamentos turísticos me parece una absoluta barbaridad a nivel de intervencionismo de la Generalitat, que me parecen unos auténticos delincuentes, porque lo que no pueden hacer es retrotraer una ley hacia atrás", denuncia Miquel Laborde, consultor inmobiliario. Afirma que "estamos con un tipo de normativa típica de un país como Venezuela, idéntico".
"Lo que no se puede hacer es lo que está haciendo el Govern, decir ya te daré la licencia urbanística, ya veremos qué pasa de aquí a cinco años", señala el socio de Laborde Marcet, que tacha la norma de "absoluta vergüenza". "No puede ser que atenten contra las libertades de las personas que tienen estos activos", zanja. Unos pisos que, como no se cansa de recordar la asociación del sector, en muchos casos están en manos de familias y pequeños propietarios.
