José Manuel Berzal, presidente de Unauto VTC: "Cataluña no puede ser rehén de Tito Álvarez"

El Parlament de Cataluña rechazó ayer por amplia mayoría la enmienda a la totalidad de Vox a la llamada Ley del Taxi, y esta proposición conjunta de PSC, Junts, ERC, CUP y Comuns seguirá adelante con su tramitación, poniendo en riesgo al sector de las VTC (empresas de vehículos con conductor) si finalmente, como todo indica, se acaba aprobando en las próximas semanas.

En esta entrevista con Crónica Global, el presidente ejecutivo de la patronal Unauto VTC, José Manuel Berzal, explica los riesgos que el planteamiento surgido de la conselleria de Territori supone para empresas como Uber, Bolt o Cabify: compañías que quedarían supeditadas al “interés general” que el mismo texto normativo adjudica al sector del taxi tradicional.

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Tras el pleno, al que fue invitado igual que otros representantes del sector pese a su oposición frontal a la proposición de ley, Berzal atiende a este medio ante la puerta del Parlament.

¿Qué afectaciones principales tendría esta Ley del Taxi?

Las consecuencias serían letales. Se perderían más de 5.000 puestos de trabajo que, de manera directa e indirecta, genera el sector; supondría que autónomos, pymes y grandes empresas tendrían que cerrar; y generaría un gran perjuicio a los consumidores y usuarios. Hay una falta de oferta clara, que esta ley convertiría en un desastre. Y más allá de esto, también supondría un coste patrimonial muy importante para los empresarios, que tendrían que pagar indemnizaciones. Es un error de modelo de gestión del Departamento de Territori y es un error de estos cinco grupos parlamentarios proponentes.

¿Cómo podría influir la aprobación de esta ley en el precio de los taxis?

Los servicios de los taxis serán más costosos. Elevar costes de manera innecesaria por una decisión sectaria contra un sector determinado también sería letal. Además, Barcelona sería la única ciudad de Europa donde desaparecería el sector de las VTC.

Aseguran que llevarán la ley a los tribunales si se aprueba. ¿Cree que la justicia les acabará dando la razón?

Los propios grupos proponentes han manifestado que no hay rigor jurídico al 100% en la proposición que se ha presentado. En el trámite que sigue a partir de ahora, los grupos parlamentarios piden comparecencias de todos los actores del sector, y luego se votarán las enmiendas parciales. Es ahí donde se tiene que demostrar la voluntad que han mostrado de mantener la buena imagen de Cataluña y Barcelona y evitar que se pierdan más de 5.000 puestos de trabajo con una propuesta que encaje con la legislación actual. 

¿Pero son optimistas, si esto acaba llegando a los tribunales?

Los distintos grupos parlamentarios, el Govern y el sector del taxi --si deja esa intransigencia en la que se instala de forma sistemática-- tienen la oportunidad de acordar un modelo de movilidad que tenga garantía jurídica suficiente y que incentive la competencia de todos los actores, también de los VTC, que estamos consolidados y demandados por los ciudadanos. Somos optimistas, porque hay precedentes que avalan nuestra posición, pero lo queremos evitar a toda costa.

La proposición de ley prevé un nivel mínimo de B1 de catalán para los conductores. ¿Qué opinan de esto?

Respetamos y nos identificamos con la singularidad de Barcelona y Cataluña, y esto está contemplado por dictámenes de la Unión Europea. Está bien que un conductor tenga más posibilidades de expresarse, pero no que esto suponga echar a gente a la calle porque no alcanza los niveles para utilizar un idioma que es importante y necesario, pero no imprescindible. Estamos dispuestos a entrar en este debate, para ver de qué manera conseguimos que los trabajadores no pierdan su puesto de trabajo por no hablar el catalán al 100%, pero que poco a poco se alcance una situación mejor, dibujando una situación adecuada.

La ley también prevé endurecer los requisitos ambientales. ¿Cómo ven esto?

Perfecto. Nosotros hemos puesto en conocimiento del Govern y de los grupos parlamentarios que el sector se compromete, a través de las empresas, a hacer fuertes inversiones para electrificar toda la flota de manera progresiva. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pretende con buen criterio acabar con la carbonización, y nosotros estamos poniendo por encima esta posibilidad. Queremos que nos facilite poder hacer estas inversiones para poder ser el segundo empleador de Cataluña.

¿Qué influencia tiene Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi, en la política catalana?

Los grupos parlamentarios le hacen guiños constantes. Es una persona que tiene una trayectoria importante en el sector del taxi, pero que no interpreta bien lo que significa abrir la oferta a otros operadores, como pasa en todo el mundo. Le está costando entenderlo, y lo que persigue es que desaparezca el sector de la VTC. El Govern y los grupos parlamentarios no pueden ser rehenes de Tito Álvarez ni de nadie. Tienen que defender las necesidades de los ciudadanos para transformar la realidad que existe en una mejor, estable y que permita a todos salir fortalecidos. Ahora bien, nosotros no queremos conflicto ni con Tito Álvarez ni con el sector del taxi.

A usted le han acusado en los últimos días de ser de Vox.

Como representante de las VTC no soy de ningún partido ni cercano a ningún partido. Yo no vengo a hacer política. Soy presidente de la patronal más representativa del sector y no le pregunto ni a los conductores ni a los empresarios qué ideología tienen. Yo tengo la mía, pero no soy de Vox. Sí que agradecemos, no obstante, que hayan presentado esta enmienda a la totalidad, igual que agradecemos al PP que desde la abstención ha manifestado las debilidades que tiene este texto o a Junts, los Comuns, el PSC, la CUP y ERC que, desde su posición, tiendan la mano al diálogo para buscar un texto mejor que el que se ha presentado. Aquí hemos venido a trabajar para conseguir un acuerdo que sea bueno para los ciudadanos, los empresarios, los trabajadores que no pueden perder su puesto de trabajo y, en esencia, para Cataluña.

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¿Cuál sería el escenario ideal, a su juicio?

El modelo ideal sería una legislación con las suficientes garantías jurídicas para que podamos convivir sin que desaparezcan las VTC y que las empresas puedan seguir haciendo servicios urbanos. Esta es la columna vertebral de todo lo que tenemos que tratar. Hay que trabajar en que esta proposición de ley también contemple de manera reglamentaria la modernización del sector. Es una cuestión de voluntad. Por otra parte, hemos insistido en que no se presentara el texto en formato de proposición de ley, porque es más opaco y tiene menos garantías que el proyecto de ley.