¿La banca traslada su impuesto al cliente? El Gobierno se duerme en fiscalizarlo

Casi seis meses después de la entrada en vigor de la normativa que regula el impuesto especial -y, en principio, temporal- a la banca establecido por el Gobierno no hay noticia alguna sobre el establecimiento de mecanismos de control que vigilen si las entidades están trasladando los costes del tributo a los clientes, un extremo que la normativa prohíbe expresamente.

En su momento, fue uno de los puntos más polémicos de la ya de por sí controvertida medida, y uno en los que más hincapié hizo el Ejecutivo a la hora de explicar el propósito de la decisión en diferentes medios de comunicación.

Pagar y recurrir

Como ya anunció en su día, la banca ya ha consignado en sus balances del primer trimestre el impacto de este impuesto en su totalidad para el conjunto del ejercicio 2023, que asciende a unos 1.400 millones de euros. Sin embargo, a día de hoy no existe constancia del establecimiento de mecanismo alguno que permita detectar una posible repercusión de este coste extraordinario en los precios de los productos ofrecidos por la banca.

Los bancos han procedido además al pago del primer plazo del impuesto aunque han procedido a recurrir, tanto de forma individual como a través de las patronales AEB y CECA, ante la Justicia el establecimiento del nuevo tributo por considerarlo injusto y arbitrario.

El aviso del BCE

El impuesto especial viene a gravar los ingresos considerados como extraordinarios que las entidades financieras registraron en 2022 como consecuencia de las intensas subidas de los tipos de interés aplicadas por el Banco Central Europeo (BCE), en su intento por detener la especial inflacionista, agravada a partir del segundo trimestre por los efectos de la invasión rusa de Ucrania.

Precisamente, el propio organismo regulador emitió un informe en el que advertía de la dificultad que entrañaba detectar un incremento de los precios de los servicios financieros como consecuencia del impuesto, en un entorno notablemente cambiante, en el que también entraban en juego factores como la propia inflación, la subida de las primas de riesgo, etc.

Mecanismo sin definir

"Habida cuenta de todas las circunstancias diferentes que pueden provocar un incremento de los precios en el contexto actual de subidas de los tipos de interés, inflación o deterioro de las primas de riesgo, parece difícil diferenciar si el gravamen temporal se trasladaría de forma efectiva a los clientes o no", apuntaba el regulador del eurosistema en un documento de carácter no vinculante emitido a finales del pasado mes de noviembre.

En el informe, el BCE también llamaba la atención precisamente sobre el hecho de que no se hubieran hecho públicos los detalles de los mecanismos que se emplearían a la hora de vigilar las prácticas comerciales de las entidades afectadas por la medida, todas aquellas establecidas en España y cuyo volumen de negocio superara los 800 millones de euros anuales.

Entre la CNMC y el Banco de España

En su día, tan sólo trascendió de forma inconcreta que la responsabilidad recaería sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el apoyo del Banco de España, algo de lo que el organismo emisor de la zona euro tampoco tenía demasiada información.

"No está clara cuál será la función de colaboración del Banco de España para garantizar el cumplimiento por parte de las entidades de crédito del requisito establecido en la proposición de ley de no trasladar el importe del gravamen temporal a sus clientes. Sobre este punto, el BCE subraya que esta cuestión podría aclararse más", señalaba el regulador en la parte final de dicho informe.

Por su parte, los bancos insistieron por entonces en que la complejidad que rodea al sistema de fijación de precios de los servicios financieros complicaba mucho la labor. Y, al mismo tiempo, insistieron en que la normativa entraba en clara contradicción con las recomendaciones que el BCE incluía en diversas guías, en el sentido de que cualquier coste derivado de aspectos como gastos financieros, coberturas de riesgo y ajustes de los márgenes comerciales debería ser traslado a los productos.

Por lo pronto, el asunto de la repercusión del impuesto en los precios de la banca no forma parte del grupo de temas que abordará a finales del presente mes el sector en el encuentro que mantendrá con la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, poco menos de un mes antes de que se celebren las elecciones generales.

A vueltas con los depósitos

En el sector ha vuelto a llamar la atención la postura de la también ministra de Asuntos Económicos acerca de la reticencia de los bancos a volver a remunerar a sus clientes por los depósitos, ahora que los tipos de interés están siendo revisados al alza.

Calviño ha asegurado que las entidades "tienen que volver a pagar por los depósitos", durante su intervención en los cursos de verano de la APIE en Santander y ante la presencia del presidente del BBVA, Carlos Torres, con quien compartía cartel. El ejecutivo ha descartado por ahora atender a esa demanda dado el notable exceso de liquidez que sigue habiendo en el mercado.