La cotización obligatoria de los becarios ahoga a las empresas del tercer sector
El alta en la Seguridad Social de los alumnos en prácticas complica aún más el despliegue del nuevo marco legal del Gobierno, diseñado de espaldas a la comunidad educativa
19 junio, 2023 23:30Noticias relacionadas
El polémico proyecto del Estatuto del Becario no es la única medida del Gobierno para regular las prácticas formativas. El pasado marzo se aprobó un real decreto-ley que también enfrenta a la comunidad educativa con el Ministerio de Trabajo. ¿El motivo? Este texto obligará a dar de alta en la Seguridad Social a todos los becarios a partir del próximo octubre.
Dicho de otro modo: la relación laboral de los estudiantes se homologará a la de cualquier trabajador por cuenta ajena, independientemente de que sus programas de formación estén o no remunerados. Un cambio de paradigma que está causando estragos entre las empresas del tercer sector, que en muchos casos no disponen de suficiente margen para pagar las cotizaciones. Se trata de organizaciones que se nutren fundamentalmente de asignaciones públicas y que realizan tareas sociales sin ánimo de lucro.
"No tenemos presupuesto"
De resultas de la aprobación del decreto, que se hizo de espaldas al sector educativo, algunas de estas empresas están restringiendo su oferta de plazas. En varios correos consultados por Crónica Global, los agentes del tercer sector muestran su preocupación por el abono de los costes laborales dada su delicada situación económica.
"No tenemos claro acoger alumnado de prácticas en un futuro porque vamos a tener la obligación de darles de alta en la Seguridad Social y cotizar por ellos. Somos una oenegé y no tenemos presupuesto actualmente para ello", manifiesta una entidad.
Recorte de plazas
Las dudas sobre el nuevo esquema de contratación no se limitan al ámbito universidad-empresa, sino que la propia Administración se está replanteando la oferta de puestos formativos. En una advertencia del Ministerio de Asuntos Exteriores a la que ha accedido este medio se constata que "no nos será posible ofrecer plazas" para la convocatoria del próximo otoño [puede consultarse abajo]. Así, se aplaza el proceso hasta el periodo comprendido entre febrero y mayo de 2024.
Aunque el nuevo modelo impactará por igual a todas las compañías, fuentes consultadas por este medio recuerdan que el 65% de las prácticas se llevan a cabo de directa o indirectamente en la Administración pública. Esto es: hospitales, ayuntamientos, fundaciones y consorcios… y otras entidades sufragadas vía gasto público.
Falta de diálogo
Este contencioso se une al futuro Estatuto del Becario que el Gobierno ha pactado únicamente con los sindicatos UGT y CCOO. La semana pasada, tanto la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) como las patronales de la enseñanza privada ACADE, Educación y Gestión y CECE arremetieron contra el departamento de Yolanda Díaz por orillarlos en las negociaciones.
La aprobación de un régimen sancionador, la compensación por gastos de los estudiantes y la falta de reflexión sobre el impacto del texto legal sobre la FP dual centran parte de las críticas. Sin embargo, el Gobierno ha manifestado su voluntad de sacar adelante su norma antes de las próximas elecciones generales del 23J.