Un juez de lo Mercantil determinará el futuro del grupo Celsa

Más concretamente, lo que debe determinar el juez que se encargue del asunto es si procede a aprobar el plan de reestructuración que los tenedores de la mayoría de la deuda de Celsa han presentado este lunes, pocas horas después de que entrase en vigor el nuevo texto de la Ley Concursal que permite, entre otras cosas, aligerar escenarios de bloqueo como aquel en el que en este momento se encuentra la empresa controlada por la familia Rubiralta.

Admisión y evaluación

Tras el registro del plan en los juzgados de lo Mercantil de Barcelona, ciudad en el que se encuentra el domicilio social del grupo, los siguientes pasos serán la admisión a trámite y, a continuación, su pormenorizada evaluación, en la que se determinará si constituye una solución viable para la empresa.

En tal caso, el juez podrá decidir sobre su aplicación y terminar con la actual situación de Celsa, que precisa con cierta urgencia de una liquidez de la que no dispone debido a que la inyección de 550 millones de euros procedentes de las arcas públicas, concretamente del fondo para la recuperación de empresas que gestionó la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), está condicionada a un acuerdo entre el grupo y sus acreedores que no ha llegado. 

Uno de los nuevos aspectos de la Ley Concursal es otorgar un mayor margen de maniobra a los acreedores frente a los accionistas de las empresas, siempre y cuando se den una serie de circunstancias; entre ellas, que se considere que la solución otorgada por los tenedores de deuda contribuye a rebajar de forma significativa el apalancamiento; y también, que se estima que los socios no tienen valor económico en la compañía.

Estos serán principalmente los elementos que deberá analizar el juez en cuyas manos quedará buena parte de un grupo que registró el pasado año una facturación superior a los 4.800 millones de euros y que da empleo a más de 9.000 personas, con una implantación en siete comunidades autónomas españolas y en mercados internacionales como Reino Unido, Francia y Polonia, entre otros.

Sin aportar capital 

El aspecto relacionado con la aportación de valor de los socios a la empresa promete ser la piedra angular del proceso y ya ha sido uno de los grandes protagonistas en las negociaciones que ambas partes han mantenido para tratar de acordar el futuro financiero de la empresa.

Los acreedores han afeado con frecuencia el hecho de que las sucesivas propuestas de los Rubiralta no incluyeran un compromiso a aportar capital a Celsa; en una de ellas, los socios de la compañía sí se mostraron dispuestos a desembolsar 50 millones de euros, magnitud que fue considerada insuficiente por los tenedores de la deuda. 

Mantener las negociaciones

Ahora deberá ser un tercero independiente el que juzgue cuestiones como ésta, lo que podría dar con los propietarios del grupo fuera de la sociedad. La propuesta de los acreedores incluye una capitalización de la totalidad de la deuda convertible y de parte de la deuda Jumbo por un valor cercano a los 1.300 millones de euros. Si finalmente los juzgados aprueban el plan, los días de los Rubiralta al frente de Celsa estarían contados. 

Sin embargo, no todo será tan sencillo en la práctica como en el papel. Inicialmente, la postura de Celsa se basa en mantener abiertas las negociaciones con los fondos, que en ningún momento se han dado por finalizadas en este proceso, prácticamente como si nada hubiera sucedido. 

A la espera de detalles

La compañía espera conocer próximamente los detalles del plan, toda vez que aun no ha sido notificada ni siquiera del registro del mismo. Cabe tener en cuenta que los acreedores no han querido esperar ni 24 horas a la entrada en vigor de la normativa y han realizado el trámite el mismo día de entrada en vigor del nuevo texto legal, que ha coincidido con una fecha no lectiva en Barcelona, con motivo del traslado a este lunes de la festividad de La Mercè celebrada el pasado sábado.

De esta forma, la propuesta con el plan de reeestructuración de Celsa se ha presentado de forma telemática, a la espera de que este martes retorne la actividad a los juzgados de lo Mercantil de la Ciudad Condal.

Maniobra de presión

En el entorno de Celsa no se contempla otro escenario que no sea el de las negociaciones, hasta el punto de que, incluso, se estima que la maniobra de las entidades que componen el grueso de los acreedores (tenedores en conjunto del 90% del volumen total de deuda) es una medida de presión para ganar terreno en este proceso frente a la compañía.

En definitiva, una herramienta para forzar un acuerdo que, hasta la fecha, no han podido utilizar al no estar contemplada por la Ley.

La baza del ahorro al Estado

En el lado opuesto, en cambio, los fondos no parecen fiarlo todo a las conversaciones con la empresa. La prueba es que éstas son imprescindibles para que se pueda activar un rescate público que los fondos ni siquiera contemplan en el plan que han registrado.

Uno de los aspectos llamativos de esta hoja de ruta es que prescinde del dinero proveniente del fondo de la SEPI que, por lo tanto, en el caso de prosperar la solución que propone, no llegarían a salir de las arcas públicas, con el consiguiente ahorro para el Estado. 

Planes de futuro

Sin duda, una de las bazas con las que cuenta para convencer a los jueces, junto a otras como el mantenimiento de los centros de decisión en España (muy probablemente en Barcelona, donde se ha presentado el plan) y también el compromiso de contar con toda la fuerza laboral. Dos aspectos que habían levantado muchas dudas antes del verano mientras se dirimían las condiciones del rescate público.

Aunque en toda esta historia, la línea roja por antonomasia ha sido el control sobre las acciones de la empresa. Absolutamente innegociable por parte de los Rubiralta, constituye el principal obstáculo para que los acreedores se salgan con la suya. De hecho, los fondos aseguran tener ya planes para dotar a la empresa de un consejo de administración por completo profesionalizado y liderado por “ejecutivos españoles de gran prestigio”, según se podía leer en un comunicado que han emitido a lo largo del lunes.