Las cuatro objeciones del Govern a la fusión Caixabank-Bankia

El Govern busca su cuota de protagonismo en la fusión entre Caixabank y Bankia. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha señalado que el Ejecutivo catalán ve con preocupación varias posibles consecuencias de la operación entre las dos financieras para con Cataluña y que, por consecuente, estará "muy atento" al desarrollo y las decisiones que se tomen con respecto a ella. 

Aragonès es consciente de que el gobierno autonómico "no tiene nada que decir" en este acuerdo ya que carece de cualquier tipo de vinculación empresarial con las dos entidades bancarias. Un hecho que sí ocurre con el Estado y que es, precisamente, una de las preocupaciones que ha destacado el republicano.

Injerencia del Estado

El vicepresidente del Govern ha destacado como uno de los "puntos de atención" la participación estatal en la entidad resultante. "El 17% del banco será del Estado --en realidad, el porcentaje no está fijado-- [...] ¿Qué garantías tenemos de que no haya injerencias políticas?", ha preguntado Aragonès en una clara acusación de prácticas cuestionables hacia el Gobierno. 

El Estado es poseedor de más del 61% de las acciones de Bankia a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Tras la unión de esta entidad con Caixabank, el Estado continuaría como accionista en el nuevo banco, aunque el Banco Central Europeo (BCE) ha instado a España a abandonar el accionariado de la financiera rescatada para proceder con la fusión.

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Competencia y relación con Cataluña

Aragonès ha utilizado la relación de Caixabank con Cataluña como uno de los puntos a debatir sobre el que está llamado a ser el mayor banco de España. Por una parte, ha destacado que el mantenimiento de los servicios centrales de la financiera en la comunidad "es un elemento importante", a pesar de que Caixabank trasladó su sede social a la Comunidad Valenciana a consecuencia del procés. Es muy posible que esa autonomía albergue las oficinas centrales de la nueva banca, ya que también Bankia tiene su sede social en Valencia. 

El republicano ha valorado, además, la posibilidad de la oposición de las autoridades de la competencia a la fusión. "Si se reduce el número de bancos, se reduce la competencia", ha resaltado y, como consecuencia, los organismos sobre ella a escala europea, nacional y también catalana, según la visión de Aragonès, deberán posicionarse al respecto. 

Reducción de plantilla

La previsible eliminación de puestos de trabajo a consecuencia de la unión de ambas empresas también ha sido destacada por Aragonès como un aspecto al que prestar atención. La fusión llevará a "reducir la estructura y eso quiere decir reducir la plantilla", ha señalado. "Estamos hablando de miles de puestos de trabajo que se podrían ver afectados" en Cataluña.

Las dos compañías ya se encuentran en un proceso de cierre de oficinas que seguirá adelante antes de que se llegue al acuerdo final de integración. Por otro lado, los sindicatos ya han comenzado a movilizarse por el miedo a una oleada de despidos.