El BCE cambia el paso a Moncloa: el Estado deberá salir cuanto antes de Caixabank-Bankia

La postura del BCE choca con los planes de Moncloa, que pasaban por permanecer durante un tiempo considerable en el que será el primer banco del país por volumen de activos, con el fin de acumular la máxima revalorización posible y poder compensar de esta forma, tanto con la venta de las acciones como con los dividendos que recibiera en todo ese tiempo, la máxima cantidad posible de los fondos públicos que en su día recibió Bankia para su saneamiento, que ascendieron a 24.000 millones de euros, de los que apenas se han recuperado unos 3.000 millones.

El compromiso de 2012

Este mismo miércoles, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, habló del objetivo de “maximizar” el valor de la participación pública en la entidad resultante de la fusión que negocian actualmente Caixabank y Bankia. De acuerdo con las ecuaciones de canje que ofrece el mercado, el paquete de control de algo más del 61% de Bankia que posee el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) hará que la participación pública en el nuevo banco se fije en torno al 15%.

El BCE no sólo está dispuesto a bendecir la operación sino que ha sido uno de sus impulsores, en especial a través de la figura de Luis de Guindos, vicepresidente del organismo con sede en Francfort, que ya en su día vio con buenos ojos esta unión cuando era ministro de Economía. Sin embargo, esta circunstancia no impide que haya recordado el compromiso que precisamente adquirió el Gobierno del que él formaba parte con la Comisión Europea a la hora de ejecutar el rescate financiero del que fue objeto España.

Sin ultimátum

Este compromiso pasaba por que el Estado saliera del capital de Bankia en un plazo máximo de cinco años, una vez hubiera procedido al saneamiento de la entidad y posibilitado la recuperación de los fondos públicos inyectados. Este plazo, que venció en 2017, ya ha sido prorrogado en dos ocasiones por los sucesivos gobiernos, tras dos ventas parciales de la participación que el Estado tomó en Bankia, próxima al 80%, en 2014 y 2017.

El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar (i), y el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri (d), junto a las oficinas principales de ambas entidades / FOTOMONTAJE CG

Según ha podido saber Crónica Global, el BCE no ha dado al Gobierno un ultimátum ni tampoco una fecha límite para deshacerse de la participación pero sí le ha advertido seriamente de que no puede eternizarse en el capital del banco resultante de la fusión entre Caixabank y Bankia. Sostiene que, de lo contrario, España no sólo estaría incumpliendo el compromiso adquirido en el rescate sino también perpetuando una situación de competencia desleal frente a los competidores que no recibieron ayudas de este tipo durante la anterior crisis financiera.

Nuevas tensiones

El apremio del BCE podría provocar nuevas tensiones en el Gobierno de coalición añadidas a las ya creadas por la fusión, que no es del agrado de Unidas Podemos y en cuyo debate interno no ha podido participar porque la formación que lidera el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no fue informada de las negociaciones.

La idea de Unidas Podemos habría sido hacer de Bankia el modelo de banca pública que defendía en sus programas electorales, como admitió esta misma semana el propio Iglesias en la cadena SER, en la que reconocía que había salido derrotado de la discusión que mantuvo por este asunto con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Gesto frustrado

Diversos analistas han visto en la intención del Gobierno de mantenerse durante largo tiempo en la nueva entidad, expresada implícitamente en comparecencias públicas, una forma de compensar a la formación liderada por Iglesias por haber quedado al margen de la operación. Después de destaparse que la fusión ya está en marcha, Unidas Podemos ha expresado su disconformidad pero también su deseo de que el Gobierno haga valer esa participación en el nuevo banco a través de la presencia en los órganos ejecutivos.

Sin embargo, la exigencia del BCE complica esta escenario y va camino de causar nuevas fricciones entre los miembros de la coalición, nuevamente con un asunto económico de por medio.