¿Por qué un nuevo conflicto en el taxi de Barcelona? Los conductores inician hoy una huelga de 48 horas que dejará la Ciudad Condal sin vehículos en pleno verano. Los taxistas amenazan con "paralizar la capital catalana" en una nueva entrega de la larga lucha que mantienen con operadores rivales como Cabify o Uber. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Buena parte de la culpa de este nuevo conflicto la tiene alguien aparentemente ajeno al taxi: Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona anunció en diciembre de 2017 que pondría coto al número de vehículos de alquiler con conductor (VTC) que circulan por la conurbación de Barcelona. Argumentó que lo haría por cuestiones medioambientales y de operatividad: aseguró que se había roto la proporción de una VTC --permiso que utilizan los coches de Uber o Cabify, entre otras empresas-- por cada 30 taxis. Lo haría, aseguró Mercedes Vidal, su edil de Movilidad, con una licencia ad hoc o inventada que emitiría el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Un doble permiso.

"No tenía competencias y lo sabía"

El anuncio de Colau soslayó un aspecto: la administración que impondría esa segunda autorización supramunicipal a los grandes competidores de los taxistas sería el AMB y esta norma excedía sus límites competenciales. "Nunca tuvo competencias para hacerlo. Y lo sabía", recuerdan fuentes cercanas a la administración. Así se lo comunicaron Ciudadanos, PP, el propio Ministerio de Fomento, la Generalitat de Cataluña e incluso alguna patronal al AMB. "No les importó. Siguieron adelante y encargaron un informe de parte que justificaba la restricción", han agregado.

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Taxis en huelga en Barcelona / EFE

Dicho y hecho. El coto contra Uber y Cabify en Barcelona se aprobó inicialmente el 27 de febrero, el segundo día de la feria Mobile World Congress (MWC) en Barcelona. A nadie se le escapa que aquello frenó las protestas anunciadas por los conductores durante el congreso. Finalmente y ante el anuncio de Colau, no se produjeron. Algunos ven coincidencias. Otros, un pacto entre la munícipe y los conductores para no importunar aún más a John Hoffman, el organizador del congreso, que había exigido que no se repitieran las huelgas que mancillaron el macroevento de telefonía en 2016.

El tablero se mueve

El movimiento de la alcaldesa de Barcelona para granjearse el apoyo de los taxistas --10.500 licencias en la capital catalana-- perdió fuerza en abril. Aquel mes, el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, elevó a rango de ley la modificación del reglamento de ordenación del transporte terrestre (ROTT) de 2015. En otras palabras, Fomento blindó la proporción 1:30 de VTC y taxis mediante un Real decreto-ley. De la Serna alegó que la ratio entre licencias de autotaxi y los títulos habilitantes que utilizan Uber o Cabify "se superaba con amplitud", por lo que era necesario poner coto.

Otra decisión exógena alteró el equilibrio de fuerzas en el largo pulso entre las dos opciones de transporte. A principios de junio, el Tribunal Supremo (TS) avaló el límite 1:30 al fallar en contra de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Uber, Cabify y Unauto, que habían interpuesto recurso en 2015 contra dicho cálculo de oferta en el mercado. En otras palabras y como expone Santiago Alonso, portavoz de Ciudadanos en el AMB, "la promesa electoralista de Colau no tenía razón de ser, pues el sector del taxi quedaba protegido por el Gobierno y el TS". Hay otro elemento. "La ratio 1:30 que establece el ROTT es para las nuevas licencias, no para las existentes. No puede ir una administración y arrebatar un título habilitante a alguien que lo ha conseguido legalmente. Tiene derechos adquiridos y, si se los quitas, generas una responsabilidad patrimonial y lucro cesante", aclaran fuentes del sector.

Aprobación

Ello no importó al equipo de BComú (Entesa), PSC y ERC que gobierna la administración supralocal de 36 municipios. La tramitación siguió adelante. No se aceptaron las enmiendas de PP y Ciudadanos, entre muchas otras instancias, como la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), Transportes de la Generalitat o el propio Ministerio de Fomento. "Querían limitar el número de VTC de unas mil a poco menos de 400. Las adquiridas desde el 2008. Sin tener en cuenta la más que posible pérdida de empleos y la responsabilidad patrimonial de revocar un permiso concedido una década atrás", han indicado fuentes de la oposición.

"Ellos se defendían alegando que tenían competencias sobre el servicio discrecional de pasajeros. Pero esta tesis era una óptica extensiva: no servía. Los límites a las VTC los pone el Ministerio de Fomento o lo hace la Generalitat de Cataluña por delegación de éste. El AMB nunca pudo hacerlo", han agregado. Ello no fue óbice para que el Consejo Metropolitano del AMB aprobara el reglamento el 26 de junio con los votos a favor de Entesa, PSC, PDeCAT, ERC y CUP. Por su parte, PP y Ciudadanos optaron por la abstención. Mercedes Vidal, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, lo celebró con un tuit. Ella capitaneó las reuniones de preparación del expediente, junto a María Teresa Carrillo, gerente del Instituto Metropolitano del Taxi (Imet), Antoni Poveda, vicepresidente de Movilidad del AMB y Sebastià Grau, secretario general de la institución. "Decían que lo tenían todo controlado", avisan fuentes conocedoras. Pero no era así. Lo tenían tan descontrolado que, el 24 de mayo, el AMB aprobó en comisión instar a Fomento a regular las VTC. "¿Por qué lo hizo si preparaba una norma propia? No cuadra. Sabían que el reglamento caería", abundan las voces consultadas.

Tumbado por el TSJC y huelga

De hecho, el reglamento nunca entró en vigor. Pese a que los comunes celebraron su aprobación en público --hay que recordar la promesa de diciembre de Colau a los taxistas--, los bufetes de abogados ya preparaban un alud de recursos. Entraron al Tribunal los de la CNMC; la patronal de VTC Unauto; Maxi Mobility Spain (Cabify); Uber; Ministerio de Fomento-Dirección General de Transporte Terrestre; Radio Taxi Barcelona; Ares Capital; Luxury VTC; otro firmado por 37 particulares; Proinvertia Madrid; Vector Ronda Teleport; Moove Cars Sustainable Transport; Tibus y Prestige and Limousine. La cascada de escritos contrarios surtió efecto: el 19 de julio, el TSJC suspendió de forma cautelar el reglamento.

En el auto, los magistrados fueron clarísimos en su exposición. "Perjuicio para los clientes del servicio, pérdida de puestos de trabajo, pérdida de inversiones, depreciación de los activos de las empresas... [...] La apariencia de buen derecho que asiste a la CNMC es, por el momento, muy, muy intensa...", reza el escrito de sala de lo contencioso administrativo del TSJC.

El no, por ahora del cepo a las VTC del tribunal catalán sublevó a los taxistas de Barcelona, que habían confiado en Colau y el AMB como escudo ante la inminente llegada de 3.000 títulos habilitantes al mercado catalán. Y ésta les había prometido un blindaje. Desatendidos y con Barcelona en Comú jugando a víctima de los lobis --"¿Por qué no pidió al PSC, su socio en el AMB que regulara más el sector, o a ERC, su otro aliado, que lo hiciera desde la Generalitat?"--, los taxistas convocaron una huelga para el 25 de julio, que luego ampliaron a 48 horas. Avisaron de algaradas. Si finalmente éstas se producen y vuelven las bocinas marinas y el humo de las bengalas en las calles de Barcelona, la nube cubrirá a la verdadera responsable de enquistar y azuzar de nuevo el conflicto entre las distintas opciones de movilidad en España: Ada Colau.