Colau se enfrenta a las demandas por el coto a las VTC

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOP) publica este lunes el decreto más polémico que se aprobó en el Consejo Metropolitano del pasado 26 de junio. El nuevo ordenamiento de licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) que limitaba el número de efectivos en la calle de empresas como Uber o Cabify. Se trata de una medida que impulsó el partido de Ada Colau y que sólo contó con los votos en contra de PP y Ciudadanos en la sesión. Cumplido este formalismo, los afectados ya pueden presentar el aluvión de recursos judiciales que se esperan.

Las dos principales empresas afectadas, las más conocidas y que mantienen desde hace tiempo un pulso con el sector del taxi, que les acusa de competencia desleal, ya han dejado claro que recurrirán a la justicia. Además de otros afectados a título individual.

Suspensión temporal

El inicio del procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) podría propiciar la suspensión temporal del decreto del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Esta cuestión depende de las medidas cautelares que se soliciten. Los juristas consultados indican que, llegado el momento, los magistrados de lo contencioso-administrativo podrían congelar la regulación de los VTC tras recibir la primera demanda.

Cabe tener en cuenta que, a pesar de que la medida se aprobó hace 14 días, hasta que no se ha publicado en el BOP no se ha oficializado. Es decir, no había entrado en vigor. Desde el PP advierten de que se trata de un movimiento poco usual. Lo normal es que todas las iniciativas que se han aprobado en un Consejo Metropolitano se publiquen en un documento oficial la misma semana en que se celebra la sesión plenaria. Hecho que, según los mismos interlocutores, mostraría las dudas que existen sobre el reglamento impulsado.

Dudas sobre las competencias

Las plataformas afectadas aseguran que el AMB no tiene competencias para regular el sector. La iniciativa que Colau aprobó el 26 de junio establece una licencia urbana extra para los vehículos VTC que operen en Barcelona y en su área de influencia.

Esta habilitación adicional se aplica para impedir que se rompa la relación de equilibrio entre el número de taxistas y de coches de servicios como Cabify o Uber. El que se marca en el reglamento de transporte terrestre y en una sentencia reciente del Tribunal Supremo, un VTC por cada 30 taxis.

Eliminar la mitad de VTC

A efectos prácticos, el decreto borra de las calles de la capital catalana la mitad de los coches de esta tipología. Deja el número de efectivos en unos 398 vehículos. La patronal del sector, Unauto, ha advertido que la entrada en vigor se carga a 1.300 empleos de conductores.

Todo apunta a que será el alto tribunal catalán el que dirimirá finalmente en el pulso que mantienen los taxistas, los VTC y la alcaldesa de Barcelona y presidenta del AMB.