Colau, forzada a pagar a un agente de la Guardia Urbana agredido en acto de servicio

Ada Colau, forzada a pagar a un agente de la Guardia Urbana agredido en acto de servicio. Un juez ha obligado al Ayuntamiento de Barcelona indemnizar con 10.556 euros más intereses a un efectivo del cuerpo local de seguridad que resultó lesionado durante una detención en la que el reo se declaró insolvente.

La sentencia, pionera, corrige la posición del Ejecutivo local de Barcelona en Comú (BComú), que se negaba a abonar la cantidad al funcionario con el argumento de que "se trataba de un daño que tenía el deber de soportar por razón de su trabajo como policía". El magistrado rectifica ese criterio y opta por el principio de indemnidad de los empleados públicos. Hasta este momento, ha explicado el sindicato Sapol, los efectivos de la Guardia Urbana no percibían cantidad alguna cuando sufrían heridas en acto de servicio si el agresor se declaraba insolvente. El letrado cree que el consistorio no puede rehuir su responsabilidad en el caso.

"En otros cuerpos ya existe"

Preguntado por la cuestión, el abogado de Sapol, Iban Bayo, ha señalado que "se trata de una sentencia pionera, pues si bien hay precedentes de este criterio en el caso del Cuerpo de los Mossos d'Esquadra (CME) cuando el detenido no tiene recursos, no ocurría lo mismo con la Guardia Urbana de Barcelona".

El letrado ha agregado que el magistrado del juzgado contencioso número 10 de Barcelona, en sentencia firme, ha reconocido que un funcionario "no tiene por qué resultar lesionado, aunque cobre un plus de peligrosidad, siempre que actúe con diligencia y no con negligencia".

Responsabilidad civil y no patrimonial

El profesional ha abundado que el auto concluye que "no hay base normativa" para sostener la argumentación del consistorio, que alegaba que el caso se trataba de un incidente con derivadas de responsabilidad patrimonial y no civil, esto es, que el Ayuntamiento de Barcelona no resultada responsable.

Sapol, por su parte, ha recordado que con esta sentencia los efectivos que resulten lesionados por un detenido y éste alegue que no tiene recursos "podrán obtener el pago de la correspondiente indemnización por parte de la administración, ya que no podrá negarse excusándose en su falta de responsabilidad".