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Fachada de la Universitat de Barcelona, cuyo Observatorio sobre Bioética y Derecho rechaza la gestación subrogada / EUROPA PRESS

El Observatorio de Bioética de la UB rechaza la gestación subrogada

Considera que esta práctica, que Ciudadanos quiere regular mediante ley, supone una “instrumentalización o cosificación de la mujer” y genera "situaciones de vulnerabilidad"

12.02.2019 13:46 h.
6 min

El Observatorio de Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona (UB) ha hecho público un informe en el que rechaza la gestación subrogada, en pleno debate político sobre una práctica que Ciudadanos quiere regularizar y que provoca divisiones internas en PSOE y Podemos.

Los responsables del informe, que se puede leer en este enlace, está coordinado por las profesoras de la UB María Casado y Mónica Navarro Michel. En el texto se afirma que la “gestación por sustitución” supone una «mercantilización del cuerpo humano» que genera «situaciones de vulnerabilidad». No obstante, en el supuesto de que finalmente se legislara, los expertos recomiendan toda un conjunto de garantías que debería incluir la ley.

Los vientres de alquiler, en otros países

El Observatorio define la gestación por sustitución como el proceso que «permite que una pareja, o una persona sola, pueda tener un hijo mediante la colaboración de una mujer gestante, que se compromete a someterse a técnicas de reproducción asistida a fin de quedar embarazada ya entregar la criatura que nazca los comitentes, o bien a cambio de una contraprestación económica o bien de manera gratuita ». En Europa, la gestación por sustitución sólo se admite expresamente en el Reino Unido, Grecia y Portugal; en el resto de los países existe la prohibición expresa o la no regulación.

En cuanto a España, «no existe expresamente una prohibición, sino una declaración de nulidad del contrato, con lo cual la mujer gestante es la madre a todos los efectos legales». Debido a estos impedimentos legales “algunas personas viajan a otros países donde la gestación por sustitución es legal. Una vez vuelven con el bebé, se encuentran con dificultades legales para que se reconozca el vínculo de filiación, si bien los tribunales pueden admitir este vínculo en virtud del principio de protección del interés del menor”. Ante estas prácticas, el documento advierte que «no es recomendable terminar aceptando la política de los hechos consumados», dado que esto “contribuiría a normalizar una conducta socialmente cuestionada.

Dudas sobre los derechos de la gestante

El OBD afirma que la gestación por sustitución "genera numerosas dudas sobre los derechos de la gestante, así como sobre la situación de explotación de las mujeres». «No es una técnica de reproducción asistida como las otras, porque exige la participación de una mujer en un proyecto reproductivo ajeno que es, cuantitativa y cualitativamente, diferente de cualquier otra colaboración reproductiva», explica el texto. Se señala que esta práctica conlleva «estar embarazada intentando no implicarse, ni psicológicamente ni emocionalmente, y renunciando, después, a todo vínculo personal, afectivo y jurídico con el nacido». Los autores del documento exponen que la gestación por sustitución produce una “instrumentalización o cosificación de la mujer”, y que no toda relación humana «debe ser dirigida por la dinámica del mercado». En este sentido, advierten del riesgo de explotación de mujeres vulnerables en países pobres o en vías de desarrollo.

Ante el argumento de que si la mujer otorga su consentimiento voluntario para ser madre gestante no hay explotación, los autores apuntan que «la posibilidad de elección individual viene determinada por la posición que se ocupa en el mercado». Se recuerda el principio de que “el ser humano y sus partes no deben ser objeto de lucro” y que, dado que hay un mercado muy lucrativo de miles de millones de euros en torno a la gestación por sustitución, «hay que tomar medidas porque ciertos aspectos de la vida reproductiva no se organicen como meras relaciones de comercio».

Garantías mínimas en caso de regulación

Si a pesar de todos estos argumentos, el poder legislativo español aprueba una ley que admita la gestación por sustitución, el documento propone toda una serie de garantías mínimas que debería cumplir la legislación. Habría un control judicial y debería ser una práctica gratuita, de manera que se impidiera el lucro de las agencias intermediarias. Igualmente, la mujer gestante debería revocar su consentimiento en cualquier momento del proceso, hasta el cabo de unas semanas después del nacimiento.

El debate sobre la gestación subrogada se ha intensificado recientemente, con iniciativas como la propuesta de ley presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos. El debate provoca división dentro de PSOE y Podemos, pues el colectivo gay se muestra a favor.