Más de 200 bajas por coronavirus en los juzgados catalanes: “Somos un peligro público”

Un total de 213 bajas por sospecha de coronavirus, al menos 8 infectados y nueve altas en un colectivo de 7.600 funcionarios. Una cifra que, según fuentes sindicales, varía cada día y se puede triplicar, dado que a los trabajadores aislados no se les hacer el test del Covid-19.

Esta es la breve radiografía de la situación que viven los trabajadores de la administración de Justicia en Cataluña, que además no disponen del material de prevención adecuado. Ante esta situación, los trabajadores se han visto obligados a adoptar “medidas estrambóticas”, como la colocación de cajas de correos o mesas para evitar el contacto con la gente. “Somos un peligro público”, avisan.

El colectivo peor pagado de España

La epidemia se ha revelado especialmente virulenta en un colectivo que, en el caso de Cataluña, es el peor pagado de España, tiene sus efectivos al mínimo y donde las aglomeraciones son constantes y el riesgo de infección crece por momentos.

Ante esta situación, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Justicia.

Denuncia presentada en la Audiencia Nacional

Explican en su escrito, al que ha tenido acceso Crónica Global, que, desde el inicio de la propagación del coronavirus Covid-19, “la administración demandada no ha facilitado a los funcionarios a su cargo Equipo de Protección Individual (EPI) alguno para protegerse de dicho agente infeccioso, lo que ha conllevado gravísimos riesgos para su salud, hasta el punto que en varias localidades de la geografía española, varios de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia se vieron infectados por dicho virus”.

Escasa salubridad

Esta situación, afirman, ha conllevado riesgos en todo el territorio nacional. Y denuncian que “dada la escasa salubridad con la que de ordinario los funcionarios ejercen su tarea, en los últimos días, éstos hubieran tenido que ejecutar todo tipo de medidas de protección, en ocasiones estrambóticas, como pudiere ser la colocación de cajas de correos o mesas, para evitar el contacto del público con los funcionarios indefensos”.

Los denunciantes acompañan su escrito judicial con un reportaje fotográfico de varios juzgados de las provincias de Barcelona, Madrid, Cantabria, Alicante, Castellón, Guipúzcoa, Valladolid, Albacete, Tarragona y Murcia para demostrar “lo delicado de la situación y la absoluta dejadez de las demandadas para cumplir con su obligación”.

Tal como publicó este medio, otro de los recursos utilizados por los trabajadores es dibujar una línea en el suelo como medida de protección para marcar distancias o colocar sillas ante los mostradores para evitar que la gente "se abalance sobre ellos".

Califican de “peligro público” que la prestación del servicio se haga “sin medida alguna, estando todos los integrantes de la oficina expuestos a dicho riesgo biológico, pues de no tener los EPI que interesamos, estos funcionarios no sólo se ven expuestos a dicho riesgo por el tránsito de personas (detenidos, partes, policías), sino que ellos también exponen a éstos a los usuarios, pudiendo ser un vehículo de contagio”.

Riesgo de propagar la epidemia

Asimismo, avisan de que, “de no desempeñarse estas funciones con un mínimo de seguridad, no sólo se afecta de forma notoria a la salud de los interesados, sino a toda la ciudadanía, pues el constante contacto con personas que pueden estar enfermas, sin duda, puede conllevar que estos funcionarios ora se contagien, ora transmitan la enfermedad a terceros, provocando la propagación de la pandemia, que es precisamente lo que se ha querido evitar”.

De ahí que hayan pedido a la Audiencia Nacional la adopción de medidas cautelarísimas ante "el riesgo que corren nuestras vidas". Exigen equipos individuales de protección y que se proceda a evaluar individualizadamente los riesgos que los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia asumen por ello. Y reclaman dispensar a los funcionarios "de prestar sus servicios a favor de las demandadas, en tanto en cuanto aquellas no les provean de los EPI".