Los funcionarios judiciales, los peor pagados de España, rompen con Torra

El Gobierno de Quim Torra parece querer relegar definitivamente a los funcionarios judiciales a la cola salarial. La falta de presupuesto, invocada de nuevo por la Consejería de Justicia, ya no cuela y los sindicatos de funcionarios de la Administración de Justicia han roto las negociaciones. No quieren ser los peor pagados. Y no descartan nuevas movilizaciones.

En los últimos meses, los sindicatos judiciales --STAJ, CSIF, CCOO y UGT-- han mantenido reuniones con representantes del departamento para plantear la equiparación con el resto de comunidades en materia de complementos retributivos. Ha sido en vano. El resultado fue la ruptura de negociaciones y diferencias salariales de hasta 300 euros, como se puede apreciar en el gráfico adjunto

salario judicial

“Seguimos siendo los peor pagados. El grupo de trabajo y la Mesa de negociación de retribuciones se vino abajo”, explican fuentes del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ). “Como siempre –añaden-- alegan que no hay presupuesto y que la culpa es del Gobierno que no transfiere lo que debería corresponderle”. 

Poco o nada ha cambiado respecto a años anteriores, mientras Cataluña arrastra un déficit de 70 juzgados (según la ratio por población) “lo que se traduce es más trabajo con menos personal”. Califican de “chapuza” una situación que se remonta a 1996, cuando se ejecutaron las transferencias materiales y de personal en la administración de Justicia a Cataluña. Desde entonces, el resto de Comunidades Autónomas sí han ido adaptando sus complementos.

"Nadie nos responde"

“No sabemos bien qué pasó en el 1996, pero lo que sí sabemos es que en el resto de ámbitos transferidos, cuando se crean órganos de nueva creación, se recibe el dinero correspondiente a lo material y lo relativo a la retribución. No puede ser que el decreto de transferencias de 1996 no recogiese una solución más allá de ese año. Según la Generalitat son ellos los que corren a cargo con el resto de gastos materiales como retributivos. ¿Por qué no pasa en el resto de Comunidades Autónomas, nadie no las responde?”.

Los desencuentros entre el Govern y los funcionarios judiciales tuvieron otro momento álgido en el verano de 2018, cuando los funcionarios y el Consejo General del Poder Judicial lograron desarticular los llamados "Equipos de evaluación y mejora” creados con la finalidad de “supervisar” el funcionamiento de los tribunales sin tener competencias para ello. Tal como informó Crónica Global, los funcionarios calificaron esos evaluadores como “comisarios políticos”.

La Justicia es la administración más resistente a la penetración del Gobierno independentista. La movilidad existente en este sector --favorecida por la falta de tradición opositora en Cataluña, la dificultad añadida de un segundo idioma y la carestía de la vida en Barcelona-- le ha convertido en una especie de aldea gala. A principios de febrero, los Comités de Defensa de la República (CDR) llenaron de excrementos los juzgados de una veintena de municipios para protestar por la reanudación del juicio por el 1-O en el Tribunal Supremo.