Los abusos sexuales a un menor en Montserrat evidencian la escasez de protocolos para frenarlos

Así lo demuestra un estudio realizado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universidad de Barcelona (UB) y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), presentado el pasado lunes 28 de junio. Durante los últimos cuatro años han analizado casos de abusos por parte de miembros de instituciones eclesiásticas españolas, así como las consecuencias psicológicas generadas en los afectados.

Falta de protocolos

Una de las responsables del estudio es Noemí Pareda, profesora de victimología de la UB, que sostiene que “el problema no es que los protocolos de abusos sexuales en la Iglesia católica fallen, sino que directamente no existen”. Lo ha hecho en una entrevista con Crónica Global, en la que ha celebrado que se estén empezando a tomar medidas para prevenir situaciones futuras.

No obstante, valora este hecho como insuficiente: “Está muy bien que quieran evitar nuevos casos, pero también tendrían que actuar ante las víctimas que ya existen y que han dejado abandonadas al no reconocerlas ni reparar sus daños”.

Cifras “minimizadas”

El pasado mes de abril, la presión mediática y de las numerosas víctimas de pederastia por parte de miembros de instituciones religiosas logró un pequeño paso al frente en esta cuestión. Por primera vez, la Iglesia católica reconoció 220 casos de abuso a menores por parte de clérigos españoles, según datos de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Aun así, Pareda considera la cifra “insultante” para los afectados, pues en el estudio en el que ha participado han comparado los datos con los de otros países de Europa y asegura que los números no concuerdan. “Sabemos que hay miles de víctimas, pero la Iglesia tiende a minimizar las cifras porque intentan hacer limpieza de toda la historia de abusos a niños que tienen detrás”, apunta.

Casos prescritos

Estos abusos han ocurrido durante muchos años, pero gran parte de los afectados tarda años en denunciar porque necesitan superar un proceso de maduración y reflexión de los hechos. Cuando deciden dar el paso de poner en manos de la justicia lo ocurrido, en la mayoría de ocasiones el caso ya ha prescrito. Según Pareda, esto es algo de lo que la Iglesia se ha “aprovechado” para “abandonar a las víctimas”.

El estudio que ha liderado ha concluido que entre el 30% y el 40% de estos abusos a menores de edad fueron violaciones con penetración. Por ello, Pareda sostiene que “no se trata de cuatro manzanas podridas que han abusado de niños, sino de una institución que ha permitido y favorecido estos abusos durante muchos años”.

“Auténticos depredadores sexuales”

El último caso que se ha reconocido ha sido el del monje G.S.V. del monasterio de Montserrat, al que el abad Josep Maria Soler ha retirado de sus funciones tras conocerse los presuntos abusos a un chico de 17 años en 2019. No obstante, Noemí Pareda cree que la medida no es suficiente: “Son auténticos depredadores sexuales que abusaban de niños que tenían a su cargo, un delito muy grave que tiene que ser juzgado”.

En este sentido, la profesora argumenta que si apartarlos es la sanción más grave que les impone la Iglesia, se transmite la idea al resto de clérigos de que estas cosas pueden ocurrir sin que sean debidamente castigadas ni juzgadas. Esto es precisamente lo que las víctimas piden que termine de una vez por todas, pues no perdonan a la Iglesia su inexistente respuesta ante el daño que van a sufrir durante el resto de sus vidas.