La ley 'parche' del Govern que fracasa en ordenar a los socorristas

Fuentes consultadas por Crónica Global apuntan que la Generalitat sacó adelante una medida para censar a los socorristas junto al resto de profesionales deportivos antes de afrontar las problemáticas reales del colectivo. Un parche que primó el aspecto administrativo por encima de cuestiones materiales como la falta de un convenio colectivo propio o la escasa posibilidad de promoción de los vigilantes. Esta coyuntura ha dejado sin efecto por cuarta vez la normativa. 

Cifra real de socorristas

El primer elemento de conflicto radica en la cifra de efectivos disponibles para custodiar playas y piscinas. Según estos interlocutores, las compañías aducen que la obligatoriedad de inscripción estrecha su margen de contratación, puesto que los integrantes del ROPEC deben acreditar un ciclo formativo de grado medio en salvamento y socorrismo o bien un certificado de profesionalidad, y destacan que no hay suficientes trabajadores con estas credenciales en el índice.

Pero según los datos del propio registro la situación es más compleja. En febrero de este año, 8.362 personas estaban inscritas en el ROPEC en profesionales vinculadas al socorrismo, a los cuales había que sumar otros 403 colegiados en el Colegio de Profesionales de la Actividad Física y del Deporte de Cataluña (COPLEFC). Una cantidad importante sobre la cual, sin embargo, hay que descontar aquéllos vigilantes que desarrollan otra actividad o que, simplemente, ya no quieren cargar un salvavidas por las condiciones económicas.

Un socorrista vigila una piscina para evitar ahogamientos / EFE

Precariedad laboral

El experto en seguridad acuática Ramsés Martí señala que esta decalaje entre socorristas inscritos y socorristas en activo indica el problema de fondo, que no guarda relación con el aspecto formativo. "Lamentablemente se trata de un oficio poco atractivo por sus salarios, con trabajos estacionales y sin ningún tipo de normativa que ordene el sector en Cataluña, a diferencia de lo que ocurre en Baleares y Canarias", explica. "Se ha creado un registro sin tener en cuenta la realidad económica y social del sector, sin tratar de dignificarlo y este es el resultado", apostilla.

El especialista subraya que la atomización del sector tampoco contribuye a establecer unos mínimos contractuales. En Cataluña coexisten convenios estatales como el de gimnasios e instalaciones acuáticas con marcos normativos autonómicos como el de clubes de natación y el de empresas privadas que prestan servicios públicos. A los cuales hay que sumar los convenios de empresa --en la comunidad operan cerca de 30 compañías, como Proactiva, Cruz Roja y Aunar--.

La formación no es el problema

Otras voces niegan que la formación constituya una barrera de entrada. Frederic Tortosa, presidente de la Federación Catalana de Salvamento y Socorrismo, destaca que la asociación titula anualmente a entre 800 y 900 profesionales, un contingente suficiente para contar con suficientes efectivos en zonas acuáticas. "No estamos de acuerdo en que no haya suficientes socorristas en Cataluña. Tampoco en que el problema sea la formación", explica el directivo. "¿Queremos a alguien con una camiseta donde se lea 'socorrista' o a personas con una formación de calidad?", se pregunta.

"La apuesta del Govern fue demasiado arriesgada al exigirla para todas las empresas. Quizá se tendría que haber pensado en llegar a una cifra determinada de inscritos en el ROPEC e ir avanzando", sugiere. Sea como sea, Tortosa reclama a la Generalitat que tome cartas en el asunto para armonizar el marco socioeconómico del socorrismo como una forma de estimular la entrada de nuevas generaciones que garanticen la provisión de profesionales.

Dos socorristas y varios bañistas en una de las playas de Cataluña / PROACTIVA

El Govern debe liderar

También Pere Manuel, presidente de COPLEFC, rema en la misma dirección. "Llevamos ya cuatro moratorias y no podemos seguir en esta dinámica de esconder la cabeza bajo el ala", expone. Manuel pide mayor coordinación entre la Administración autonómica, las empresas y los ayuntamientos --la competencia de salvaguarda de las playas está en manos de las corporaciones locales-- para diseñar programas de formación y acordar unos mínimos sociales.

Algo que algunas organizaciones sindicales llevan reivindicando desde hace años. Salvador Zettelmann, portavoz de socorristas CGT Barcelona, recuerda que el sindicato logró dos compromisos parlamentarios en 2019 y 2020 para crear una mesa con todos los actores implicados para buscar una solución al expediente. Hasta ahora no ha habido avances.

Modelo de protección civil

"Cada ayuntamiento pone las condiciones que quiere en los pliegos, tampoco hay un convenio sectorial y solo existe un código de buenas prácticas. La Generalitat debería reunir a todos los agentes para encontrar una solución al conflicto y evitar así que vuelva a reaparecer cada verano", explica el delegado cegetista. Una demanda de liderazgo que debería recaer en Anna Caula, nueva secretaria general de deporte de la autonomía.

Las fuentes consultadas esperan que la carpeta del socorrismo entre en el debate interdepartamental cuanto antes tras el cambio de gobierno. Pero hay más. Martí señala que el hecho de que el socorrismo se haya encuadrado en el segmento deportivo antes que en el de la protección civil o la seguridad pública tampoco colabora en su dignificación. Bajo estas categorías, los ciclos de grado medio podrían servir para pasar a una FP superior, lo cual constituiría un aliciente importante para los jóvenes interesados en el oficio. Mediante este reajuste categorial se podrían explorar otras tareas más continuas a lo largo del año para desestacionalizar la demanda de socorristas. Medidas que necesitarán un apoyo decidido del Govern para llegar a buen puerto.