La muerte de una víctima de trata destapa los fallos del sistema

El fallecimiento de Lili, una víctima de la trata con fin de explotación sexual, en 2019, ha desatado la indignación de varias entidades --Fundació Ámbit Prevención, GENERA y Putes Indignadas-- que representadas por Women’s Link Woldwide (WLW) han llevado a los tribunales su caso para denunciar los fallos del sistema de protección de las mujeres.

En concreto, las entidades han presentado dos denuncias contra el Cuerpo Nacional de Policía y la Fiscalía Provincial de Barcelona, y presentarán dos más contra la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) y los Mossos d’Esquadra por su “inacción” en su deber de proteger la vida de Lili y de sus hijos. 

Prostituida en el Raval

Lili, de origen moldavo, llegó a España en 2011 después de ser captada por unos “tratantes”, explica Mercè Meroño, presidenta de Fundació Àmbit Prevenció. Ya antes de recabar en Barcelona, donde fue obligada a ejercer la prostitución hasta el año de su muerte, había sido explotada sexualmente desde 2006, tras la muerte de su marido, en Rumanía.  

En la capital catalana los tratantes ejercieron violencia física y control sobre ella para quedarse con el dinero que conseguía ejerciendo la prostitución de manera forzada en el barrio del Raval. El poco dinero que reunía, se lo enviaba a sus tres hijos pequeños, que permanecían en Rumanía controlados por parte de la red.

Fue detectada como víctima de trata

Lili nunca presentó una denuncia formal ante un cuerpo policial, pero las entidades denunciantes mantienen que ya en 2011 las autoridades tenían conocimiento de su situación. “En 2011, durante una redada, Lili expresa que es víctima de trata, no explícitamente pero cuenta que está siendo explotada en contra de su voluntad”, explican desde WLW.

“La Sra. Lili fue detectada como víctima de trata de seres humanos en diciembre del año 2011 durante una operación conjunta de la GUB y la UCRIF del Cuerpo Nacional de Policía. Así se explica en el atestado policial del 29 de marzo de 2019 elaborado por un sargento del cuerpo de Mossos d'Esquadra”, recoge la denuncia.

Pidió ayuda en una ocasión

En concreto, la denuncia plasma un episodio en el que la víctima se acercó a una efectivo de la GUB y le confesó su situación. “Durante este operativo conjunto, la Sra. Lili pidió ayuda a una agente uniformada de la Guardia Urbana, explicándole que estaba allí contra su voluntad, obligada a realizar servicios sexuales por una familia. Ya entonces, en el año 2011, explicó que estaba siendo explotada sexualmente por una pareja, que eran parte de una red familiar más extensa dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a los hurtos”.

Además, Lili indicó que sus hijos pequeños se encontraban retenidos en Rumania por miembros de esta familia que la explotaba, para extorsionarla en el ejercicio de la prostitución, y añadió que su marido, de nacionalidad rumana, había fallecido. “Desde ese momento la policía tenía su declaración y sabía que estaba en situación de trata”, denuncian desde WLW.

El Ayuntamiento avisó a la Fiscalía

Pero además, las entidades mantienen que el Ayuntamiento también alertó a la Fiscalía Provincial de Barcelona, que no tomó cartas en el asunto hasta después de su fallecimiento. “Hubo una explicitación en las mesas técnicas de coordinación que había en el Ayuntamiento de Barcelona donde las entidades, aunque no denunciamos como tal porque podíamos poner en peligro a la víctima, lo comunicamos para que se investigara desde la policía y desde las administraciones”, asegura Meroño.

Desde WLW confirman este extremo y aseguran que ABITS, la Agencia para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual del Ayuntamiento, entregó varios informes a la Fiscalía alertando de que Lili reunía todas las características de una persona en situación de trata, pero no se hizo nada. La denuncia especifica que el equipo de calle del Servicio de Atención Socioeducativa (SAS) contactó con ella por primera vez en diciembre del 2011 y alertó sobre su estado a la judicatura.

“Lili se fue apagando”

No obstante, la salud de Lili fue empeorando a consecuencia de la extrema violencia ejercida sobre su persona por parte de la red de trata y de las jornadas de explotación sexual de entre 14 y 20 horas diarias. “Ella era la expresión viviente de una víctima de trata: tenía señales en su cuerpo, ingresos, agresiones, un estado de ánimo bajo, una pérdida de peso notoria, miedo, no quería hablar. Se fue apagando. No hacía falta que expresara que era una víctima”, confirma Meroño.

En marzo de 2019, después de sufrir una brutal paliza por parte de los tratantes, las compañeras intentaron convencerla para que acudiera a un hospital, sin éxito. Temía ser deportada por su situación irregular en España. La gravedad de su estado de salud provocó finalmente su ingreso en la UCI del Hospital del Mar, donde murió a causa de una leucemia no tratada. Sin embargo, detectaron que tenía marcas y lesiones antiguas en su cuerpo, por lo que la Fiscalía, entonces sí, ordenó abrir una investigación.

La Fiscalía investigó después de su muerte

Para las entidades, la acción de la Fiscalía llegó demasiado tarde. Denuncian que “los organismos gubernamentales y policiales no hicieron su trabajo” y que las víctimas de trata continúan estando indefensas por un modelo que pone en el centro a las mafias y no a las mujeres.

“En España se tiende a exigir una denuncia de las víctimas contra las redes de trata”, dicen, cuando esto no debería ser una condición sine qua non para protegerlas. “La policía presiona para que denuncien y sea más fácil para ellos perseguir a las redes y desarticularlas. Pero no se debe anteponer el interés policial a los derechos de la víctima, que no tiene la obligación de denunciar para ser protegida”, inciden desde WLW.

“Era visible”

Desde la Fundació Ámbit Prevención recuerdan que Lili vivía en el Raval, se paseaba por el barrio, era conocida por los vecinos, entidades, servicios municipales y agentes de la policía. “Era visible”, por eso no entiende cómo es posible que llegara a este grado de desatención.

Ahora, solicitan protección por parte del Estado para las víctimas, muchas de ellas invisibles. No es habitual que las mujeres se presenten en una comisaría y denuncien su situación, de hecho, casi nunca sucede. Por eso, piden que no se quede en un mero procedimiento, en una investigación policial que no suele ir acompañada de un sistema de protección eficaz para las mujeres. “Queremos que esto no vuelva a pasar y cada uno asuma que tiene una responsabilidad”.