Entidades reclaman regularizar a migrantes para trabajar en el campo: "Hay que abolir la esclavitud"

El Consejo de Ministros aprobó el martes un real decreto para incorporar mano de obra a las explotaciones agrícolas y evitar un posible desabastecimiento de alimentos durante la emergencia sanitaria. Un decreto para flexibilizar la contratación de parados e inmigrantes y atajar la falta de cerca de 80.000 trabajadores en las huertas españolas. Pero diversos colectivos y entidades han advertido del riesgo de esta medida, al ignorar recomendaciones del Defensor del Pueblo y del Consejo de Europa y excluir, entre otros, a solicitantes de asilo que llevan menos de 6 meses en el país. “Hay que abolir la esclavitud”, reclama Iolanda Maurici, de la Coordinadora Obrim Fronteres.

Esta plataforma, que integran más de 500 entidades sociales, ha impulsado un manifiesto para denunciar la instrumentalización de las personas migrantes por su “utilidad como mano de obra” tanto en el ámbito sanitario, de cuidados en el hogar, o como jornaleros en el campo. Por este motivo, reclaman la regularización de las personas migradas que residen en España. Y es que el real decreto ha excluido también a aquellos extranjeros cuyos papeles estaban pendientes de tramitación administrativa.

Decreto “utilitarista”

En cambio, sí concede autorizaciones para los jóvenes de entre 18 y 21 años que procedan de terceros países con permiso de residencia pero no de trabajo. “Lo que propone el Ejecutivo no solo nos parece insuficiente, sino también cínico y utilitarista. No se trata de dar un empleo puntual, o de poner en riego a chavales tutelados, sino de dignificar a las personas”, reclama Maurici, quien recuerda que, desde esa óptica utilitarista que rechazan, al Estado le saldría a cuenta contar con nuevos cotizantes a la Seguridad Social. "No puede ser que a menores a los que hemos estado protegiendo, bajo la tutela de las administraciones, cuando cumplen la mayoría de edad no siempre se les conceda permiso de residencia, y en las ocasiones en que sí se hace, no se les da el de trabajo. Es absurdo”, denuncian desde Obrim Fronteres.

Temporeros trabajan en el campo / EFE

El manifiesto defiende, al igual que ha proclamado el Ejecutivo, que la aportación de la población migrada durante la emergencia sanitaria “sería de enorme importancia”. “Consideraciones que han llevado al Gobierno portugués a decretar una suerte de regularización general, para todas las personas que tenían en trámite su solicitud de permiso de residencia, y permitir que se unan a la lucha contra el virus”, reza el texto. Por eso apelan al Gobierno, que se hace llamar “progresista y valiente, y que se postuló para mejorar las condiciones de vida de toda la población”, a que regularice “a todos los sin papeles sin dilación”. 

¿Y después qué?

Y es que el real decreto tampoco especifica en qué situación quedarán los extranjeros tras la campaña. “Lo que estamos reclamando es de justicia, pero hace falta cambiar la visión, no solo desde el punto de vista utilitarista por la situación actual, sino denunciar que tenemos a personas que viven en un apartheid, esclavizadas, y que además propician la economía sumergida”, alerta Maurici. “Que las personas tengan trabajo hace aflorar una parte de los ingresos que ahora están en B”.

“Apelamos a la valentía del Gobierno, para que no se doblegue al discurso de la extrema derecha, porque incluso aplicando una óptica economicista sale a cuenta”, apuntan desde Obrim Fronteres, plataforma que recuerda que es una cuestión de derechos humanos. “No van a quitar nada a nadie, ya hacen el trabajo que los demás no quieren, y lo hacen siendo invisibles”, lamentan.