Exigen que la ley catalana blinde el derecho al aborto a mujeres migrantes

Entidades en defensa de la atención sanitaria universal reclaman que el Parlament blinde el derecho al aborto de las mujeres migrantes, sin necesidad de tener tarjeta sanitaria o estar empadronadas en Cataluña. La pasada semana, JxCat, ERC y PSC votaron en contra de la propuesta para garantizar la interrupción del embarazo por ley, sin reunir estas condiciones.

Carlos Losana, portavoz de la Plataforma por una atención sanitaria universal en Cataluña (Pasucat), explica a Crónica Global que este escollo legal perjudica a aquellas que se encuentran en situación más precaria, “que no se pueden empadronar porque no tienen vivienda fija. Si están embarazadas, como tampoco tiene tarjeta sanitaria, no pueden hacerlo”, detalla. Trámites que en ocasiones pueden alargarse meses, y la ley de plazos, en vigor desde 2010, solo permite la interrupción de la gestación durante las primeras 14 semanas.

Cambiar la ley

Ahora, estas mujeres “dependen de la buena voluntad de los médicos”, cuenta Losana. “A veces las visitan sin cobrar, siempre en función de la decisión del personal sanitario, tanto facultativos como de quiénes se encuentren tras los mostradores administrativos”.

“Cada semana que pasa es más difícil que puedan abortar. Las mujeres no pueden esperar a llevar a cabo toda esa burocracia”, subrayan desde Pasucat. En ocasiones, algunas han conseguido que se les atienda de manera urgente pero, de nuevo, depende de la disposición de los médicos, ya que le ley no lo establece. “Por eso pedimos que se legisle, para que no dependa de la interpretación de cada sanitario”, reclaman.

Excusas de los partidos

Los grupos parlamentarios rechazan modificar la legislación y se inclinan por una instrucción, pero las diez entidades que han constituido una mesa de trabajo por este derecho, entre las que también se encuentran Marea Verde Barcelona, L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, o Metges del Món, piden que se blinde el derecho de las mujeres migrantes a abortar “de manera real y directa, sin ningún tipo de discriminación”.

La petición es clara. Quieren que el rango jurídico aporte seguridad y no “una instrucción del director del CatSalut que se puede cambiar de un día para otro”, apunta Losana. “Pedimos que se reconozca un derecho universal”, subraya. En los próximos días, las entidades volverán a reunirse con todos los grupos parlamentarios en la comisión de Salut de la Cámara catalana para reclamar “que el derecho al aborto no sea algo interpretable, y se asegure por ley”, concluye Losana.