'Enchufe' masivo de Ada Colau en el servicio de atención a la mujer

Enchufe masivo del gobierno municipal de Barcelona, que comanda Ada Colau, en el servicio de atención a la mujer. El equipo de gobierno local de la capital catalana (Barcelona en Comú) ha zanjado un conflicto laboral --con condena incluida-- en el Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD) colocando a dedo a diez empleadas.

El equipo de Colau y Laura Pérez, edil de Feminismos y LGTBI, han reconocido el derecho a ser trabajadores indefinidos no fijos a diez empleados del CIRD tras admitir la cesión ilegal del equipo de este organismo público. Según un auto de conciliación firmado en el juzgado de Lo Social número 13 de Barcelona al que ha podido acceder Crónica Global, el segundo mayor consistorio de España admitió en diciembre malas prácticas. Internaliza, por ello, a la plantilla del centro, que hasta ahora estaba en la nómina de la cooperativa Suara (que gestiona parte de la ayuda a la dependencia en la Ciudad Condal) y de la Fundació Surt mediante una unión temporal de empresas (UTE).

Colocación 'a dedo'

El movimiento laboral significa que el consistorio ha decidido regularizar la situación del personal, incluyendo la de la coordinadora del centro, Estel Crusella, tras admitir que obró mal con los diez denunciantes al contratarlos de forma fraudulenta. No obstante, y tras el mazazo judicial, el equipo de Ada Colau optó por una solución sui generis: colocar a los y las empleadas sin proceso abierto alguno, a la espera de que estos superen una oposición.

Imagen de un estand antimachista de la concejalía de Feminismos del Ayuntamiento de Barcelona / BCN

Imagen de un estand antimachista de la concejalía de Feminismos del Ayuntamiento de Barcelona / BCN

Lo que a priori parece una regularización de una situación laboral precaria, tiene diversas aristas que chirrían. La más evidente es que los diez denunciantes, contratados por una empresa externa, adelantan a los empleados municipales que pueden haber pasado una oposición para ocupar esas plazas. El otro es que la plantilla internalizada no pasará ninguna criba de méritos o capacidades necesarias para trabajar en el ayuntamiento, cuando antes lo hacían por una UTE. Ello es precisamente lo que quiere saber Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, que ha registrado una batería de preguntas al respecto.

Ciudadanos: "¿Quién hizo una gestión irregular?"

Santiago Alonso, edil del partido naranja en el ayuntamiento, ha preguntado cómo se permitió esta cesión ilegal; por qué el ayuntamiento la admitió y no ejerció el derecho a la defensa; por qué no se detectaron antes esas prácticas; quién adoptó la decisión de internalizar; por qué el equipo de Colau no ha abierto un expediente informativo para identificar a los responsables de la mala práctica laboral; qué medidas se han adoptado para que no se repitan y si se prevé sacar las plazas a concurso.

Carina Mejías, presidenta del grupo municipal de Ciudadanos, ha señalado a preguntas de este medio que "la incorporación de estos trabajadores por la puerta de atrás supone un agravio comparativo respecto a los funcionarios municipales". La obligación de la alcaldesa es defender los intereses del ayuntamiento y no asumir contrataciones de personal fuera de los procedimientos establecidos, rozando la competencia desleal con quienes han accedido al cargo mediante concurso oposición, demostrando así el mérito y la capacidad necesaria para desempeñar el cargo". Ha remachado Mejías que "por ello, la contratación de empresas externas por parte del ayuntamiento y su cesión de forma ilegal es una práctica que debe erradicarse".