Las facturas de Comín y la ética en ERC

Escándalos independentistas. Las historias sicalípticas en torno a los líderes, los partidos y las entidades de la causa republicana se suceden sin pausa. He ahí el follón de ERC con los carteles sobre el Alzheimer de Pasqual Maragall. Hay que ser muy bicho para maquinar una campaña de falsa bandera de esas características. Todo el partido queda retratado. La noticia del día en relación con el caso es que ERC tiene un "comité de ética". Que sí, que no es broma. Lo cuenta La Vanguardia, medio que habla de un supuesto "responsable de cumplimiento del código ético y código de conducta". Lástima que no se diga el nombre del buen señor o señora titular de semejante bicoca. Código ético de ERC... Es que te tienes que reír.

Pero hay más movidas. Y no sólo en ERC. Ahora ya sabemos por ejemplo para qué sirven el Consell de la República y la Casa de la República. Qué mejor destino del dinero de los socios y de las donaciones que procurar el merecido descanso de guerreros de la independencia como el heroico, sufrido y tenaz Toni (no nos moverán) Comín. Ojo a esta historia de El Món: "Los gastos personales de Comín hicieron saltar al gerente de la Casa de la República". Gastos personales que explica a continuación Quico Sallés con todo lujo de detalles: "«No se pueden admitir desde un punto de vista ético y quizás también legal». Con esta contundencia justificó Sergi Miquel, el gerente de la Casa de la República y encargado de gestionar la relación entre el Consell de la República y CatGlobal -la entidad jurídica que da cobertura legal en Bélgica a la entidad del exilio- la negativa a pagar las vacaciones de Semana Santa de Toni Comín del año 2023. Así se desprende de la documentación que los responsables de CatGlobal remitieron a los miembros del gobierno del órgano del exilio, que ha sido remitida a una empresa de auditoría de cuentas para su análisis y a la cual ha tenido acceso El Món. Este es un ejemplo de cómo estaban de deterioradas las relaciones entre Miquel y Comín, por un comportamiento que el gerente consideraba mala praxis del eurodiputado. Tensiones que ya venían de tiempos atrás y que llevaron a un despido negociado de Miquel".

Sigue la nota: "Los documentos sobre el caso concreto de estas vacaciones de Comín, que acompañaban la carta firmada por el núcleo directivo de CatGlobal con que reclamaron el relevo de Comín como interlocutor, son facturas, recibos y mails de queja sobre los gastos personales que se imputaban a la entidad que preside Carles Puigdemont. Entre el conjunto documental más llamativo hay las facturas de un vuelo, un coche de alquiler y el arrendamiento de una casa turística durante 17 días por las vacaciones de Semana Santa de Comín con su hija, del 31 de marzo al 17 de abril de 2023, que se elevarían, según las facturas reclamadas, hasta los 4.786,78 euros. Todas las facturas fueron dirigidas a CatGlobal y formarían parte de las irregularidades detectadas y denunciadas internamente".

Líneas después continúa así la información: "«Tengo la responsabilidad legal y ética de hacer que las asociaciones que dan cobertura al Consell no quiebren», dice Miquel, y pasa a argumentar su queja. Hace una relación de «gastos sobrevenidos que no están en el presupuesto» y que «no están previstos». Gastos que Miquel asegura que «no podemos asumir» y por las cuales ha tomado medidas sin miramientos. «He dado instrucciones de que no se paguen», subraya en el mail interno. En concreto, son tres gastos. Por un lado, los billetes de avión de Bruselas a Tolosa para Comín y su hija, de 227,43 euros. Un segundo gasto es el coche de alquiler para las vacaciones de Semana Santa, por un importe de 1.997,35 euros a la empresa Hertz, así como una casa de alquiler de vacaciones para 17 días, por un total de 2.562 euros, en la bucólica población de Paçà, en la Catalunya Nord. La casa es una residencia-bodega con un coste de 230 euros la noche, pero con un descuento de 100 euros cada noche. El total que Comín habría pasado como gasto de aquellas vacaciones sería un importe de 4.786,78 euros".

Y ahora lo del partido republicano propiamente. "ERC cita a declarar el lunes a Tolo Moya por los carteles del alzheimer y Maragall". Escribe Àlex Tort: "ERC ha puesto en marcha este semana sus canales para resolver el caso de los carteles colgados en marzo del 2023 contra el ex número uno de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona Ernest Maragall, que se promovieron desde las mismas filas del partido, y que lo relacionan con el alzheimer. Según ha podido saber La Vanguardia, y si no hay cambios de última hora, el director de comunicación de Esquerra, Tolo Moya, ha sido citado a declarar el próximo lunes ante el responsable de cumplimiento del código ético y código de conducta para intentar aclarar los hechos. Entre todos los citados a declarar, también está Sergi Sabrià, viceconseller y director de la Oficina d’Estratègia i Comunicació del President Pere Aragonès, aunque todavía no hay fecha fijada, según informan desde el partido. Moya, que está de baja desde hace tres días, conserva el cargo en el partido, y es uno de los señalados por la dirección de la formación republicana. Maragall, incluso, en una carta publicada este martes en X lo señala como “responsable” de la acción difamatoria de los carteles. Y asegura que así se lo confesó. El director de comunicación, sin embargo, admite que charló con él sobre la cuestión, pero que en ningún caso admitió estar detrás de la iniciativa".

Tras el apartado de la ética republicana de los amigos Toni y Tolo, historias de la amnistía. El País da cuenta de tres casos sorprendentes. Un colega que la lio parda en un botellón de la Mercè, el secretario municipal de Hostalric que le metió una multa por sus dídimos peludos a unos jóvenes que retiraban lazos amarillos y un joven estadounidense amigo de los cócteles molotov. La información es de Jesús García Bueno: "Sin vínculo con el procés no hay amnistía. Pero si existe relación, sea más o menos indirecta, los casos sí son susceptibles de ser perdonados. El contexto de “tensión política” en Cataluña durante los años del auge secesionista ha servido al norteamericano E. B. para ver extinguida su responsabilidad penal y sus antecedentes. El joven tenía 20 años cuando decidió participar en una protesta contra el Consejo de Ministros que, el 21 de diciembre de 2018, acogió la Llotja de Mar de Barcelona. Los policías encontraron en la mochila de E. B. una botella de plástico con ácido clorhídrico, un líquido corrosivo que produce quemaduras en contacto con la piel. La botella estaba envuelta en cinta de embalar “con la inscripción Puta España” y junto a ella había papel de aluminio, clavos y chinchetas, material que sirve para preparar un “cóctel MacGyver”, un artefacto casero, según la sentencia. Al examinar su cuenta de Telegram, los agentes vieron que, días antes, E. B., había expresado su voluntad de llevar a cabo algún tipo de actuación durante el Consejo de Ministros. Fue condenado por tenencia de artefactos explosivos a cuatro años de cárcel, que no fueron más porque el proceso fue demasiado largo y se le aplicó la atenuante de dilaciones indebidas. E. B. recurrió la sentencia, que ahora ha sido examinada por la sala de apelaciones del TSJC a la luz de la amnistía. Los magistrados, los mismos que dieron el pistoletazo de salida a la aplicación de la ley el pasado 25 de junio, la han aplicado porque las protestas contra el Consejo de Ministro se entienden en el “contexto” del “proceso independentista catalán”. La inscripción “Puta España” de la botella refuerza, según los jueces, esa conclusión".

La pregunta es qué hacía un ciudadano estadounidense enfrentándose a la policía en España. Y ahora, el secretario municipal de Hostalric. Del texto de García Bueno: "De un modo similar se ha salvado de las consecuencias penales M. secretario municipal de Hostalric (Girona). La madrugada del 4 de julio de 2018, una patrulla de la policía local dio el alto a un grupo de jóvenes con pasamontañas, bufs y palos extensibles de aluminio con tijeras, ganchos y rastrillos. Cuando les preguntaron qué hacían allí, los jóvenes explicaron que habían llegado para retirar lazos amarillos, que por aquella época florecían en carreteras, farolas y edificios de toda Cataluña como símbolo de apoyo a los políticos independentistas encarcelados pro el 1-O. Los chicos obedecieron todo lo que los agentes les dijeron y el incidente se zanjó sin más. Aparentemente. Al día siguiente, el jefe de policía informó a los responsables del municipio. Y M., el secretario, decidió multar con 200 euros a cada uno de los jóvenes a sabiendas de que no habían incumplido ninguna normativa. Utilizó “argumentos que nada tenían que ver con lo jurídico”, sino solo con “determinadas opciones políticas”. Su objetivo era “escarmentarles”. Pero cuando vio que el papeleo se le complicaba, M. hizo un segundo pliego de cargos “orillando por completo la situación de conflicto político que se vivía en Cataluña” y exagerando lo que había pasado aquella noche. El secretario incluyó “componentes de amenaza e intimidación inexistentes”, según la sentencia que le condenó, por un delito de prevaricación, a nueve años de inhabilitación para empleo público. El TSJC dice ahora que a M. se le debe aplicar la amnistía porque también se dieron en un contexto de tensión política".

Bueno, pues enhorabuena para los agraciados y que no lo vuelvan a hacer. Pero la aplicación de la amnistía no está siendo nada fácil. Ahora salta la Fiscalía y se opone a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre Miquel Buch y el escolta de Puigdemont, Lluís Escola. Sí, la misma fiscalía que pide que se aplique la amnistía en numerosos casos es la misma que pone reparos a lo de Buch y Escolà, según cuenta Ángela Martialay en El Mundo: "Primer recurso del fiscal contra la aplicación de la amnistía. La Fiscalía Superior de Cataluña presentó el anuncio de un recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia catalán de amnistiar al ex consejero de Interior de la Generalitat,Miquel Buch, y el escolta del ex presidente Carles Puigdemont, Lluís Escolà. El pasado 25 de junio, la Sala de Apelaciones del TSJC decidió aplicar la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña y borrar la responsabilidad penal de Buch y Escolà. Ambos fueron los primeros condenados beneficiados en sentencia por la Ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez".

Líneas después Martialay informa de que "Fuentes fiscales consultadas por El Mundo explican que la Fiscalía Superior de Cataluña presentó ayer -día que finalizaba el plazo- el anuncio del recurso de casación por infracción de Ley, que tendrá que ser posteriormente interpuesto por la Fiscalía del Tribunal Supremo, dado que el Ministerio Público entiende que la malversación por la que fueron condenados ambos no queda cubierta por la Ley de Amnistía. El fiscal defiende que ha resultado acreditada la indebida aplicación de fondos públicos, por valor de 52.712 euros, a través de las resoluciones que fueron dictadas por Buch para dotar de seguridad y protección al ex presidente Puigdemont, quien ya estaba en situación de busca y captura viviendo en el extranjero por aquel entonces. Esas actividades fueron prestadas por el sargento de los Mossos, Lluís Escolà, durante el período comprendido entre el 30 de julio de 2018 y el 13 de marzo de 2019. La cobertura del cargo, que desempeñó durante 224 días, era «asesor en materia de sistemas de seguridad». La tesis jurídica del fiscal es que Escolà incorporó esa suma de dinero a su patrimonio y que se lucró de dicho importe. (...) El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, remitió la semana pasada un oficio a la Fiscalía General del Estado, que dirige Álvaro García Ortiz, informándole de la intención de recurrir la sentencia dictada por el TSJC. Desde la Fiscalía General, Bañeres no recibió objeción alguna por lo que el anuncio del recurso se interpuesto ayer ante la Sala de Apelaciones".

En materia de amnistía también es noticia que la defensa de Puigdemont ha pedido que se aplique la amnistía a la causa del Tsunami.

En cuanto a la investidura, siguen las negociaciones. Según El Confidencial, "El PSC ofrece a ERC que Cataluña recaude el 100% de impuestos a cambio de investir a Illa". En el sumario de esa información se añade que "En los contactos aún no ha quedado claro qué dinero se quedará en Cataluña. Además, los socialistas ofrecerían multiplicar por 8 los inspectores fiscales solo en 2024". La pieza es de Antonio Fernández y esto es todo lo que podemos leer: "Fuentes cercanas a las negociaciones entre ERC y el PSC aseguran que hay sectores de los republicanos dispuestos a llegar a un acuerdo con los socialistas para que Salvador Illa rija los destinos de Cataluña la próxima legislatura. ERC espera sacar poco menos que petróleo. “Hemos conseguido los indultos, hemos conseguido la amnistía y ahora conseguiremos una financiación singular, el cupo catalán”, advierten las mismas fuentes. ¿Y cómo será esa financiación singular? Las negociaciones acaban de empezar, pero se trabaja en un esbozo que puede contentar a todas las partes".

Por su parte La Razón avanza que "ERC convoca a sus bases antes de cerrar el acuerdo con el PSC 'para convencerlas'". Escribe Àlex Cárcel: "El "buen camino" que están tomando las negociaciones entre ERC y PSC por la investidura de Salvador Illa, el candidato de los socialistas a la presidencia de la Generalitat, ha motivado un giro de guión en los planes de los republicanos, que tras el trabajo realizado y el "buen acuerdo para Cataluña" que están "cerca" de alcanzar, temen ahora que su militancia pueda tumbarlo. ERC prometió a sus bases que la última palabra sobre cualquier pacto la tendría el conjunto del partido a través de una votación, cosa que sigue en pie. No obstante, la formación quiere primero explicarse y "convencer" a la mayoría de sus miembros de las bonanzas del acuerdo, pues sospechan que para el republicano medio puede ser "complicado de entender que votemos un Govern del PSC"".

Sigue el texto: "Así, ERC ha convocado una serie de "asambleas territoriales", que ya se celebran aunque de forma menos explícita desde finales de junio, con el objetivo de "poner el termómetro" y juzgar la predisposición. Son encuentros en los que participa, siempre, la secretaria general, Marta Rovira, que es quien lidera -también telemáticamente- las negociaciones, mientras se ha habilitado asimismo un correo electrónico para que el militante pueda "remitir reflexiones más extensas" al respecto. El último de estos actos tendrá lugar el día 15 de julio en Barcelona, en el Auditori de les Cotxeres de Sants, y a partir de esta semana entrarán a debate los principales puntos del acuerdo que se está negociando".

Pero también hay quien rema en contra. Por ejemplo, la ANC de Lluís Llach, otro que se fue de vacaciones con Comín pagando el pueblo, según informó El Confidencial. Los amigos de la Assemblea quieren que el próximo president sea Puigdemont y que entre por la Diagonal con una comitiva de los coros y danzas de la entidad más una carroza del comité de ética de ERC.

4 de julio, santoral: Isabel de Portugal, Andrés de Creta, Berta de Blangy, Cesidio Giacomoantonio, Florencio de Cahors, Jocundiano mártir, Lauriano de Vatan, Nanfanión mártir, Udalrico de Augsburgo y Valentín de Langres.