Barcelona, más seca que los Monegros y los cortes que vienen

Los Reyes Magos trajeron la lluvia a Barcelona y a media Cataluña, pero fue el sueño de una noche de enero. Ha comenzado la cuenta atrás para la aplicación de restricciones al uso y consumo de agua de boca. Salvo un episodio lluvioso en forma de diluvio universal, todo está dispuesto para la aplicación paulatina de medidas que realzarán el hecho cuasi milagroso de que salga agua de los grifos. Al Govern de ERC le cabrá el honor de ser el primero que corta el grifo, pero en sentido literal, nada que ver con los gastos y los recursos que maneja la Generalitat.

En El País repasan este domingo los mecanismos y procedimientos que se aplicarán en breve, así como una proyección de las consecuencias en el ámbito doméstico. El texto es de Clara Blanchar y destacan estos párrafos: "¿Qué restricciones domésticas fija la fase de emergencia? De entrada, es importante señalar que esta fase tiene tres subescenarios (I, II y III). En Emergencia I, el consumo de los municipios no puede superar los 200 litros por habitante y día. En Emergencia II el umbral es de 180 litros. Y en Emergencia III, de 160. Las restricciones comenzarían si se rebasaran estos consumos. Barcelona está por debajo (173 litros el pasado mes de noviembre). Y la media del AMB es de 170 litros por habitante y día, explica el director de servicios del ciclo del agua del Área Metropolitana de Barcelona, Fernando Cabello. También aclara que esta cifra que se toma como referencia suma el consumo doméstico, el de la industria, comercio, hoteles o servicios municipales. Y que hay una minoría de municipios del AMB que sí superan los 200 litros de consumo diario, que serían los primeros donde habría que intervenir si no rebajan sus consumos".

Sigue la pieza: "¿En qué ámbitos se materializarán las restricciones? El sistema de tuberías no entiende de términos municipales, es una red que plasmada sobre un mapa evoca la forma de un río y sus afluentes. En esta red, la unidad sobre la que se pueden tomar medidas, tocar los grifos, son los sectores hidráulicos, a menudo a caballo entre dos municipios, aclara Cabello. En el AMB, los 36 municipios suman unos 270 sectores hidráulicos. ¿Y cómo se materializarán? La presión del agua es la clave. El responsable de servicios del ciclo del agua del Área Metropolitana, explica que la presión del suministro doméstico no es la misma de día que de noche. De día es mayor, porque el consumo es menor; y de noche cae, porque cae el consumo. De ahí que, llegado el escenario de restricciones, en Emergencia I “el primer paso sea que la presión diurna sea la misma que la nocturna”, indica. Una medida que, detalla, los ciudadanos notarán en momentos de mucho consumo (a primera hora de la mañana, cuando hay un uso intensivo de lavabos y duchas, por ejemplo), pero menos por la tarde (cuando los consumos domésticos son más escalonados). En Emergencia II y Emergencia III, si no cayera el consumo, la presión se rebajaría gradualmente, “para ajustar la demanda”, resume Cabello".

Y: "¿Cómo se percibe la caída de presión? ¿Afecta más a los pisos más altos? Los pisos más altos necesitan mayor presión de agua y podría parecer que serán los primeros en notar el descenso. Pero precisamente los edificios más altos tienen equipos, bombas y depósitos, para que el agua llegue a los pisos más altos. En estas fincas puede ocurrir que tenga más presión el vecino de un décimo que el del cuarto. Con la caída de presión, también puede ser que a un domicilio llegue el agua, pero con una presión tan baja que su caldera no la detecte y no caliente el agua: tendría agua, pero fría".

Portada de 'El País' del 7 de enero de 2024 KIOSKO.NET

Qué delicia, duchas frías en invierno. Nada puede haber más salutífero e higiénico. La maldición con la lluvia es tan aguda como extraña. "La extraordinaria anomalía de escasez de lluvias en Barcelona: el trienio más seco en 110 años", sañala al respecto La Vanguardia. Escribe Javier Martín-Vide: "El recién acabado 2023 ha vuelto a ser un año muy seco en Barcelona y otros lugares de Catalunya, especialmente de su mitad oriental. El Observatorio Fabra de Barcelona, perteneciente a una de las instituciones más antiguas de la ciudad, la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona (RACAB), ha vuelto a totalizar, tras dos años, el 2021 y el 2022, también muy secos, poco más de 300 mm de precipitación. En concreto, 309,5 mm, lo que supone solo poco más de la mitad del promedio del observatorio (611,8 mm). Una cantidad como la citada es comparable a las normales de muchos lugares del sureste de la península Ibérica o de la comarca de los Monegros, ámbitos geográficos muy secos, cuyos paisajes revelan una acusada aridez. El valor de la precipitación anual sitúa 2023 como el segundo año más seco de la serie pluviométrica de 110 años, desde 1914, cuando comienzan los registros meteorológicos en el observatorio Fabra, hasta la actualidad".

Continúa el texto: "Pero lo más destacado es la concatenación de los tres años más secos, 2021, con 327,6 mm, 2022, con 307,7 mm y 2023, con la cantidad antes citada. Aleatoriamente, el hecho de que aparezcan los tres años más secos seguidos en la serie de 110 años, sea cual sea su orden y en cualquier lugar de la misma, tiene una probabilidad de ocurrencia muy pequeña. Constituye lo que en meteorología se denomina una efeméride, es decir, un acontecimiento o suceso meteorológico relevante o llamativo por su valor climatológico, histórico o meramente anecdótico. Si, además, se exige que los tres años más secos ocupen, sea cual sea su orden, el final de la serie, tal como ha ocurrido, su probabilidad es ínfima. Lo anterior se ha traducido en una sequía meteorológica realmente excepcional, cuyo período de retorno es muy largo, secular. Esto ha conllevado una sequía hidrológica, expresada por los exiguos porcentajes de agua almacenada en los embalses de las cuencas internas de Catalunya, respecto a su máxima capacidad, por debajo del 17% a comienzos de 2024, sin referente anterior".

Cambio de tercio. Política y el tema del año. "Un abrumador 85,8% de los españoles niega que 'la Justicia sea igual para todos' bajo el impacto de la amnistía", reseña una encuesta de El Mundo. La exposición de los porcentajes es de Manuel Marraco: "En tiempos de debate público dominado por la amnistía, a la pregunta de si la Justicia es igual para todos los españoles dan una respuesta catastrófica: el 86% afirma que no, una cifra que septuplica al raquítico 12% que considera que sí. Ese es el resultado que arroja la encuesta realizada por Sigma Dos para El Mundo en la última quincena de 2023. El apabullante resultado no proviene de que los españoles tengan, en general, una mala imagen de la Justicia. Al contrario. Las sucesivas encuestas encargadas por el Poder Judicial reflejan que este es, entre los tres poderes, aquel en que más confían. Por contra, un 63% de los ciudadanos se sitúa en contra de la amnistía. Incluso entre los votantes del PSOE hay tantos (43%) en contra como a favor de la medida de gracia".

Sigue la pieza: "Cuando a finales diciembre se consultó a los españoles, una de las principales críticas a la amnistía era que suponía una discriminación injustificada entre españoles, librando a algunos -los vinculados al procés- de su responsabilidad por actos al resto les seguían suponiendo condenas. La polémica, además, enlazaba con otra que también afectaba al ámbito judicial y podía repercutir en las respuestas: la eliminación del delito de sedición y la revisión del de malversación, de nuevo para favorecer a los encausados del procés cuyo apoyo político buscaba el Gobierno. La desigualdad la perciben de forma mayoritaria los españoles de todas las tendencias políticas. Votantes de PP y Sumar apenas difieren en sus respuestas. No creen que la Justicia sea igual para todos el 90% de los populares ni el 88% de quienes respaldaron en julio a la formación de Yolanda Díaz. El caso extremo es el de Vox, entre cuyas filas apenas nadie cree en la igualdad: un 3%, frente al 96% que la niega. (...) La encuesta también revela que más de una cuarta parte de los españoles (28%) afirma no sentirse «libre». Una cifra que, pese a estar muy por debajo del 67% que se siente así, es elevada y puede tener, como las respuesta referidas a la igualdad en la Justicia, una explicación política".

En El Nacional cierran la temporada navideña con una entrevista al secretario general de Junts, Jordi Turull, en la que el dirigente independentista glosa y loa las bondades de su acuerdo con el PSOE hasta el punto de atribuirle ribetes históricos. "Jordi Turull: 'El acuerdo con el PSOE es disruptivo y rompe las costuras del atado y bien atado'" se titula la pieza, que firma Pedro Ruiz. Ahí va una selección de las preguntas y respuestas más destacadas:

Pregunta: El 2024 estará, sin duda, marcado por la amnistía. ¿Presentarán enmiendas a la ley?

Respuesta: Bien, ahora lo que están haciendo los abogados que nos han asesorado es mirar qué retoques es importante que haya a partir de todo lo que se ha escrito y se ha dicho sobre la ley de amnistía, sobre todo de aquellos que la quieren boicotear, que quieren mirar que no tenga una aplicación inmediata. Por lo tanto, ahora ya es aquello de hacer microcirugía jurídica, para mirar si hace falta presentar enmiendas o no para reforzar esta ley y que quede bien blindada para que sirva para los objetivos por los cuales se ha impulsado.

P: ¿Esta cuestión se está trabajando conjuntamente con el PSOE y Esquerra Republicana?

R: Lo que se pactó con estas enmiendas es que la discusión jurídica sería entre todos los asesores jurídicos de las formaciones políticas que han dado el visto bueno al inicio de la tramitación de la ley.

P: Este enero se prevé que la ley pase la pantalla del Congreso y entonces iniciará un lento camino de tramitación en el Senado. Más o menos, ¿cuándo calculan que se podría aprobar la amnistía?

R: Nosotros calculamos que a finales de marzo tendría que estar ya publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). También veremos todo el filibusterismo parlamentario que habrá en el Senado, si se alargará más o menos, pero es un camino sin retorno, el de la aprobación de la ley de la amnistía. También lo tiene que ser su aplicación efectiva para toda la gente que se tiene que poder beneficiar.

P: Recientemente, se han encontrado con un obstáculo que ustedes han denunciado que podría torpedear su aplicación. Me refiero al decreto ley 6/2023 y, más en específico, al artículo 43 bis, que es el apartado que lo comprometería. ¿Cómo se enteraron de este punto?

R: Este era un decreto que, de hecho, ya estaba preparado antes de las elecciones y lo que ha hecho es seguir su tramitación. Lo que pasa es que hemos dejado claro al PSOE que las circunstancias de antes de las elecciones, a efectos de ellos, no son las mismas que ahora. Por lo tanto, ahora este decreto ley no tiene nuestra validación de ninguna de las maneras. No solo por este artículo, sino por muchas otras cosas. Tal como está, ahora nuestra votación en el Congreso es un no gigante.

P: Una vez la ley de amnistía se publique en el BOE, ¿el president Puigdemont podrá volver a Catalunya?

R: Tendría que poder volver a Catalunya. De hecho, el president Puigdemont ya tendría que poder estar en Catalunya si no hubiera esta interpretación tan retorcida de la ley. Es decir, él se puede mover por toda Europa y no puede venir aquí. Él ya tendría que poder estar aquí en una situación de normalidad, en una situación en que, en vez de justicieros, hubiera justicia en mayúsculas. Por lo tanto, aprobada la ley de amnistía y entrada en vigor, él tendría que poder volver enseguida, pero evidentemente hará falta verlo —por eso hay esta microcirugía jurídica— y reforzarlo al máximo para que sea de aplicación inmediata.

P: ¿Este acuerdo con el Partido Socialista supone un cambio de Junts hacia la vía de la negociación?

R: De ninguna manera. De hecho, hicimos una recopilación de todas las veces que el mismo president Puigdemont había pedido que hubiera una negociación —no un diálogo para marear la perdiz— seria con mediadores, con gente que certificara, ayudara y verificara para solucionar el conflicto político. Y desde el 2017 hasta ahora, más de 300 veces se había apelado (bien con artículos de prensa, entrevistas, tuits, etcétera) a esta negociación. Hasta ahora nos querían tener arrinconados, no nos hacían caso y nos despreciaban. En el momento en que nuestros siete votos son imprescindibles, quien ha dado un viraje han sido otras fuerzas políticas. Nosotros estamos donde estábamos. Siempre decíamos que el Estado español no es de fiar, y las fuerzas políticas del Estado tampoco lo son. Por lo tanto, cualquier negociación que tiene que haber entre las partes tiene que ser con alguien que certifique y verifique los acuerdos que se llegan. Obviamente, por la represión, estas reuniones tienen que ser fuera del Estado porque quien tiene que participar no puede estar aquí para negociar y porque no estamos en una situación de normalidad democrática —por ejemplo, el president Puigdemont—".
La administración autonómica sigue anclada en los años del Procés, donde se desatendió todo lo que no tuviera que ver con la república catalana. El deterioro se nota en todos los ámbitos, de la sanidad a la enseñanza pasando por las prisiones. "El polvorín carcelario catalán: más agresiones, más asaltos sexuales y hasta funcionarios a la intemperie", afirma al respecto un titular de El Confidencial. Escribe

Antonio Fernández: "Las cárceles de Cataluña han vuelto a registrar un pico de violencia interna que ha puesto a los sindicatos en pie de guerra. La nueva cúpula de la consejería de Justicia, que encabeza la ex de Podemos Gemma Ubasart, no solo ha de gestionar el repunte de agresiones graves, también el descontento sindical, después de haber rechazado todas las medidas propuestas por los representantes de los trabajadores penitenciarios para rebajar la tensión en las prisiones. Los números cantan. Según CSIF, en 2023 hubo 535 agresiones a funcionarios en las cárceles catalanas, de las que 97 fueron agresiones graves y 438, leves. En el año 2022, el total fue 515, pero las graves fueron solo 60, por lo que el salto cualitativo es inmenso. Eso significa un aumento de más del 61% en las consideradas como graves. Un comunicado de este sindicato del mes de diciembre desvelaba que a primeros de mes un total de 4 funcionarios "fueron brutalmente agredidos en los centros de Ponent y Quatre Camins"".

Y: "Los dos de Ponent tuvieron que coger la baja tras la agresión de un joven, que intentó acabar con su vida cuando entraron en la celda donde se había atrincherado para reducirlo. "El interno en cuestión ya ha protagonizado varias agresiones a funcionarios en los centros de Brians 2, Jóvenes y Quatre Camins". En este último centro, otro recluso intentó apuñalar a otros dos funcionarios con un objeto cortante.

"En la actualidad, falta la autoridad que progresivamente se le ha ido quitando a los funcionarios. Falta personal y faltan medios para actuar. Queremos ser reconocidos como agentes de la autoridad. Pero, en vez de eso, la situación se ha ido degradando. Faltan decisiones valientes para volver a tener el control de las cárceles", explica a El Confidencial Alberto Gómez, coordinador de Prisiones de CSIF".

Portada de 'La Vanguardia' del 7 de enero de 2024 KIOSKO.NET

Más noticias sobre la administración catalana. En Ok Diario se hacen cruces con el número de empleados públicos de la autonomía. "La Generalitat ha colocado 60.000 funcionarios más desde el 1-O y gasta 3.000 millones más en sueldos", se titula la nota alusiva, una pieza que firma Roberto Pérez: "Alimentada por las decenas de miles de millones que el Estado le viene prestando en condiciones privilegiadas y que ahora quiere que le condone, la Generalitat independentista ha acelerado en los últimos años la contratación de funcionarios para redoblar su objetivo de dotarse de estructuras administrativas «nacionales». En seis años, el Gobierno secesionista catalán ha engordado su gigantesco aparato con la contratación de 60.000 empleados públicos más y ha disparado en 3.000 millones de euros el gasto anual en sueldos. Según las cifras oficiales de la propia Generalitat, a las que ha tenido acceso Ok Diario, el 31 de diciembre de 2017 –tres meses después de la revuelta independentista– el Gobierno catalán tenía en nómina a un total de 266.173 funcionarios, entendido el término en su acepción genérica de empleados públicos. Cuatro años después, la cifra ya había rebasado los 300.000 asalariados. Y ahora, con toda seguridad la plantilla ya supera ampliamente los 320.000 empleados públicos. El dato exacto se sabrá cuando la Generalitat actualice los datos oficiales de los que tiene en nómina en su administración paralela formada por empresas públicas, fundaciones, consorcios y entes que se rigen por el derecho privado. El último dato disponible al respecto es el cómputo al 31 de diciembre de 2021".

Sigue la historia: "Sólo en lo que es el entramado estrictamente administrativo –sin contar empresas públicas, fundaciones, consorcios y entes–, en junio del año pasado la Generalitat ya tenía en nómina a 194.786 personas. Son 10.000 más que dos años antes y 27.000 más que en diciembre de 2017.

Pero, como se ha apuntado, a esos 194.786 funcionarios hay que añadir las decenas de miles de colocados en esa extensa administración paralela en la que el Gobierno catalán hace y deshace con mayor margen de maniobra, porque los procesos de contratación se rigen a medio camino entre el derecho privado y el público. Al gusto del independentismo, es enorme la dimensión de ese entramado de empresas públicas, fundaciones, consorcios y entes de lo más diverso. En diciembre de 2017 daba cobijo salarial a 99.054 personas; a 31 de diciembre de 2021 la lista se había disparado hasta llegar a 127.915; es decir, 30.000 más en sólo cuatro años. El entramado administrativo propiamente dicho y ese otro aledaño de empresas, fundaciones, consorcios y entes son los que conforman el sector público de conjunto que controla la Generalitat y que actualmente supera ampliamente los 320.000 asalariados".

7 de enero, santoral: Raimundo de Peñafort, Alderico, Canuto Lavard, Ciro, Crispino obispo, Luciano mártir, José Tuán, Polieuto, Tilón, Valentín, obispo de Retia y Valentiniano.