Órdago de Junts al PSOE y mucho Puigdemont

Semana clave en el Congreso de los Diputados. El Gobierno afronta la convalidación de tres reales decretos, condición sine qua non para que la Unión Europea adelante otros diez mil millones de euros de los conocidos fondos europeos. Junts ya ha anticipado su voto en contra. Igual que el PP. A ellos se añaden los diputados de Podemos. ERC guarda silencio. El Ejecutivo deberá hacer encaje de bolillos a fin de convencer a sus socios de las bondades de los decretos y superar las votaciones.

El independentismo recela, y mucho, sobre algunos puntos que incluyen una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que podría aplazar la entrada en vigor de la amnistía al quedar a expensas de una resolución del Tribuna de Justicia de la Unión Europea si el Tribunal Supremo presentara una cuestión prejudicial al respecto. Pero hay más motivos de discordia, muchas razones según Junts para oponerse.

"Puigdemont refuerza su no al decreto clave de Sánchez por miedo a una venganza estatal con la nueva norma", advierte al respecto El Mundo. La crónica es de Esteban Urreiztieta: "Junts per Catalunya acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de sentar las bases en su nuevo primer gran decreto para consumar una "venganza estatal" si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) amparase a algunos de sus líderes o colaboradores. La formación de Carles Puigdemont fundamenta su oposición y su futuro voto en contra del decreto ómnibus, el primer gran paquete de medidas pendiente de convalidar en el Congreso el miércoles y del que depende el desembolso de 10.000 millones de fondos europeos, en otro de los artículos del paquete de medidas de digitalización de la Justicia. A su juicio, según ha podido saber El Mundo, estas iniciativas esconden la posibilidad de que el Estado intervenga oponiéndose a la revisión de una sentencia judicial firme en el caso de que Europa considere que el Gobierno español vulneró los derechos de los secesionistas, un horizonte al que el independentismo ha fiado su éxito desde antes de la sentencia del 1-O. De ahí la importancia que le otorga Junts, que, según dijo Turull ayer en una entrevista en ElNacional, «ahora mismo» están «en un 'no' como una casa al decreto»".

Portada de 'El Mundo' de 8 de enero de 2024 LASPORTADAS.ES

Sigue Urreiztieta: "El partido neoconvergente pone en foco en el apartado tercero del artículo 954 del nuevo paquete de medicinas judiciales, que establece que "se podrá solicitar la revisión de una resolución judicial firme cuando el TEDH haya declarado que dicha resolución fue dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales". Esta posibilidad cabe "siempre que la violación por su naturaleza y gravedad entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión". Ahora bien, la cuestión que ha provocado la ira de los independentistas estriba en que, a su juicio, el decreto incluye que el letrado de la Administración de Justicia dará traslado a la Abogacía del Estado de la presentación de una eventual demanda de revisión. De tal manera que, siempre según el criterio del equipo de Puigdemont, el Estado podrá intervenir a través de la Abogacía del Estado sin tener la condición de parte. Lo cual constituye una "perversión inconmensurable de la norma" que "abre la vía a una venganza estatal". "Si se gana ante el TEDH, el derrotado, técnicamente hablando es la Abogacía del Estado, a la que ahora se le da la posibilidad de cobrarse la revancha oponiéndose a la ejecución de una sentencia de la que ha salido condenada", argumenta el análisis interno llevado a cabo por el partido liderado por Puigdemont. Que añade que, de esta forma, se niegan de golpe la virtualidad y los efectos prácticos de la gran mayoría de fallos del TEDH".

Y: "El texto objeto de la discordia, aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de diciembre, contiene 129 artículos con medidas urgentes para la ejecución del denominado 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo'. Para el Gobierno de Sánchez este documento llevará aparejado el mayor "avance en transformación digital de la historia de la Justicia". Al mismo tiempo, es imprescindible para que España pueda solicitar el cuarto paquete de ayudas de la UE por valor de 10.000 millones de euros". Según ha podido saber este periódico, sólo el referido apartado justifica, en opinión de Junts, la oposición al decreto de Sánchez. No obstante, y tal y como reveló este periódico, la ira de los secesionistas viene provocada además porque considera que el decreto de digitalización de la Justicia entraña, tal y como está redactado, provocará que el Ministerio de Presidencia de Félix Bolaños acapare un "control total" sobre la información de los procesos judiciales en marcha en España. Lo cual supone, para Junts, una amenaza latente con la que antes de esta medida no contaban".

El prófugo de Waterloo ha comenzado el año en lo alto del candelero, con todas las miradas atentas a sus designios. Ayer le dedicaba una doble página El País. Hoy abre la sección de política de La Razón. Un no parar. "Puigdemont irá por libre tras la amnistía en clave electoral", apunta el diario de Planeta. El texto es de Carmen Morodo: "El equipo del presidente del Gobierno anda a marchas forzadas buscando la fórmula para aparentar que son capaces de mantener en el redil al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en este arranque de la legislatura. Pero el problema va más allá de la votación de esta semana de los primeros decretos ley aprobados por el Consejo de Ministros. Moncloa sabe desde antes de la investidura que Puigdemont no está dispuesto a ser una copia de ERC, y, aunque en el entorno del presidente del Gobierno se esfuerzan en dar sensación de normalidad, y en restar importancia a los órdagos del líder independentista, la realidad es que en ese círculo de confianza de Sánchez han visto ya las orejas al lobo y son plenamente conscientes de con quién juegan la partida. Puigdemont irá a por la independencia una vez que salga adelante la amnistía, y utilizará esta baza en clave electoral de cara a las próximas urnas en Cataluña. Estas elecciones autonómicas son el punto de inflexión oficial, pero la presión sobre Moncloa comenzará antes porque una vez que se pruebe la ley de impunidad, Puigdemont tiene decidido ir a por todas en la mesa bilateral de negociación sometida a verificación internacional".

Portada de 'El País' de 8 de enero de 2024 LASPORTADAS.ES

Sigue la nota: "Moncloa se prepara para esta segunda etapa, que se abrirá de manera inmediata, antes de que acabe este semestre político. Puigdemont quiere hechos que demuestren que es capaz de hacer que se avance en la dirección del referéndum. No se fía de Sánchez, comentan en su entorno, ni de los socialistas, y ha colocado ya en la diana a uno de los enviados del presidente, el ministro de Justicia, Félix Bolaños. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también será metida en el mismo saco, advierten desde Junts, en cuanto dé las primeras señales de que flaquea en los acuerdos sobre financiación para Cataluña que Puigdemont entiende que sostienen la investidura de Sánchez".

Y: "Los portavoces del presidente difunden el mensaje de que la situación es similar a la de la pasada legislatura, y que bajo el ruido hay espacio para el entendimiento porque Puigdemont no tiene una alternativa mejor a la coalición. Pero este planteamiento tiene un fallo de raíz, el expresidente de la Generalitat no quiere jugar la partida con las mismas cartas que lo hizo ERC, y esto afecta también a los movimientos que se han producido ya en el ámbito empresarial para utilizar los escaños de Junts en favor de sus intereses. En cuanto se apruebe la ley de amnistía, y Puigdemont pueda exhibir este triunfo ante su parroquia, y ante el conjunto del electorado catalán, el suelo temblará bajo los pies del presidente y de sus colaboradores, y el posible pragmatismo de Puigdemont, en el que confían en determinados ámbitos económicos, se desvanecerá. En el PSOE lo ven claro, a pesar de que el mensaje oficial lo niegue y en Moncloa aseguren que serán capaces de ganar tiempo antes de que Puigdemont fuerce un adelanto electoral".

En este endiablado contexto, una partida de ajedrez estilo "El séptimo sello", El Español presenta una encuesta demoledora: "Repunte en el rechazo a la amnistía: el 72% en contra, incluido un 41% del PSOE y un 51% de catalanes", concluye el citado diario. Además se advierte de que "el 67% apoya la cárcel para los referéndum ilegales y un 60% la disolución de los partidos que los organicen. El 38,7% de los votantes del PSOE apoya la prisión para los convocantes y el 57% de los españoles rechaza que se ilegalice a los partidos independentistas por el mero hecho de serlo".
En el plano doméstico catalán, prosigue el goteo de informaciones sobre las consecuencias de la sequía. Se anuncia una semana de lluvias generalizadas en toda Cataluña, precipitaciones que comenzarían tímidamente el martes por la tarde y que ganarían en intensidad durante miércoles y jueves. Sin embargo, eso no será ni mucho menos suficiente para alejar el fantasma de las restricciones al consumo. En El Confidencial, Marcos Lamelas apunta que el plan contra la sequía "tiene fugas" y destaca la presencia en el Puerto de Barcelona de los grandes cruceros con un consumo de agua prácticamente ilimitado. Del texto de Lamelas: "La Generalitat de Cataluña se prepara para traer agua a Barcelona en barcos y paliar así los efectos de la peor sequía que sufre la cuenca del Ter-Llobregat y que han colocado en prealerta a todo el área metropolitana, incluyendo urbes como Terrassa o Sabadell. Casi seis millones de personas. La paradoja es que el puerto de esa misma ciudad estará lleno de cruceros, hasta 24 solo este mes de enero, temporada baja, según el Observatorio de Turismo de Barcelona. Y se da la circunstancia de que el Plan de Sequía del Govern no prevé reducir esta actividad, pese a una situación de escasez sin precedentes.

Tanto la Agencia Catalana del Agua (ACA), ente público dependiente de la Generalitat, como el puerto de Barcelona, reconocen que no hay conversaciones para reducir la actividad de cruceros a corto plazo. La situación es tan surrealista que, con los pantanos a un 16% de su capacidad, la Generalitat está a las puertas de bajarle la presión del agua a esos seis millones de catalanes, con lo que eso supondrá para los pisos altos o con el riesgo de que algunas calderas no se enciendan por la presión baja, y las familias se queden sin agua caliente. En cambio, una moratoria sobre cruceros, que además no afectaría al grueso de la industria turística en Cataluña -aeropuertos, hoteles, restauración-, no está ni siquiera sobre la mesa".
Y: "Sobre una hipotética reducción de los cruceros, el ACA contesta que "el Plan de Sequía no entra hasta este nivel de detalle, ciertamente, y en este sentido establece que todas las ciudades de más de 20.000 habitantes deben disponer de su plan de emergencia municipal por sequía, donde deben hacer constar qué medidas aplican dentro de su municipio para ajustar el consumo urbano a los límites que establece el plan especial de sequía". Con ello, la patata caliente de los cruceros pasaría al Ayuntamiento de Barcelona".

Portada de 'El Confidencial' de 8 de enero de 2024

Actualidad municipal. PSC y Junts negocian en Barcelona en medio de un mar de dudas, presiones y contrapresiones. Al hilo, Público titula que "La sociovergencia se expande a más de 40 ayuntamientos catalanes y puede sumar Barcelona en pocas semanas". Escribe Ferran Espada: "Si solo atendiéramos a la tensión verbal que los dirigentes de Junts aplican en sus críticas y comentarios hacia los socialistas podríamos concluir que la relación entre ambos partidos es inexistente o prácticamente nula. Especialmente en Madrid, con las intervenciones en el Congreso de Míriam Nogueras, o desde Bruselas por parte del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Incluso después del acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, se podría hablar de antagonismo entre ellos, con Junts situando al PSOE aún como "represor" y equiparándolo al PP en el "bloque del 155" –por el apoyo en su día a la aplicación de la suspensión de la autonomía–. Pero lo cierto es que, si se aplica la lupa en la cotidianidad catalana, se detecta una revigorización de la llamada sociovergencia que une a postconvergentes y socialistas, especialmente en el ámbito local".

Continúa Espada: "No es nada nuevo, pero lo cierto es que la sociovergencia se consolida en Cataluña paso a paso, en medio -y a pesar- de los contundentes reproches independentistas hacia el partido socialista. Desde que el modelo del tripartito de izquierdas saltó por los aires, primero en 2010 saliendo del Govern de la Generalitat y posteriormente en 2011 perdiendo en multitud de ayuntamientos gobernados hasta entonces por las izquierdas catalanas, la sociovergencia municipalista se ha ido abriendo paso con múltiples pactos entre el PSC y Convergència primero y ahora con Junts como heredero postconvergente. Solo en el fragor de los momentos de más tensión del 2017 se rompieron algunos gobiernos municipales de Junts con el PSC, pero se reeditaron posteriormente en 2019 llegando a gobernar cuatro años juntos múltiples ayuntamientos, numerosos consells comarcals (organismos que gestionan servicios supramunicipales de ámbito comarcal) y la todopoderosa Diputación de Barcelona. Las elecciones municipales del 28 de mayo del año pasado no han frenado la tendencia, bien al contrario han dejado un mapa local en Cataluña en que la sociovergencia se expande por más de 40 ayuntamientos gobernados por Junts y el PSC, así como un buen número de consells comarcals".

8 de enero, santoral: Alberto obispo, Apolinar, Erhardo, Jorge eremita, Gúdula, Lorenzo Giustiniani, Máximo obispo, Natalán, Paciente y Severino abad.