Campeonas del mundo y amnistía con matices

"La esperada reacción del Govern tras la victoria de la selección española en el Mundial femenino", titula al hilo Crónica Global, que destaca en el sumario que "Ningún integrante del Ejecutivo autonómico, ni siquiera la 'consellera' de Igualdad y Feminismos, ha felicitado a las campeonas". El texto es de Gerard Mateo: "Silencio. Era la reacción esperada (y se ha cumplido) del Govern de la Generalitat de Cataluña ante el triunfo de la selección española de fútbol en el Mundial femenino, celebrado entre Australia y Nueva Zelanda y que ha coronado a la Roja por primera vez en la historia. No ha habido sorpresa. Ningún conseller, ni siquiera el president ni la responsable de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, ha felicitado a las jugadoras por su victoria ante Inglaterra (1-0) en la final; ni una mención a las catalanas que han participado en el torneo. Solo Anna Simó (Educación) ha retuiteado algún mensaje que hace referencia a las azulgranas que han conquistado la estrella en Oceanía".

Y: "El presidente autonómico, Pere Aragonès, no ha hecho referencia alguna al éxito de la selección femenina. Ni Verge, pese al impulso que esto supone para el deporte practicado por mujeres, por la igualdad. Ni siquiera ha hablado la consellera de presidencia, Laura Vilagrà, que hace un par de semanas promocionó una exposición en el Palau Robert sobre el deporte femenino. Ni una palabra. Solo Simó ha hecho un guiño a las jugadoras del Barça que se han proclamado campeonas del mundo y, en especial, a Aitana Bonmatí (Vilanova i la Geltrú, Barcelona), Balón de Oro del torneo. Ha sido la mejor del Mundial. Las otras ocho son: Cata Coll (Marrachí, Mallorca), Laia Codina (Campllong, Girona), Irene Paredes (Legazpia, Guipúzcoa), Ona Batlle (Vilassar de Mar, Barcelona), Mariona Caldentey (Felanich, Mallorca), Alexia Putellas (Mollet del Vallès, Barcelona), Salma Paralluelo (Zaragoza) y María Pérez (Sant Fost de Campsentelles, Barcelona)".

Nuestros prebostes autonómicos deben estar esperando la reacción del tuitero en jefe del independentismo, don Carles Puigdemont, quien hoy visitará el sur de Francia para asistir junto a Pujol, Aragonès y Montilla a un homenaje a Pau Casals en el cincuenta aniversario de su fallecimiento.

Ya en política, comienza la ronda de visitas al Rey para abordar el espinoso asunto de la investidura. Es conocido que ni Bildu, ni BNG, ni ERC ni Junts se personarán en la Zarzuela, lo que no obsta para que sigan las negociaciones. Al respecto, este titular de La Vanguardia: "Junts y PSOE negocian parar la causa del Tribunal de Cuentas por el ‘procés’". Firma la nota Carlota Guindal: "Uno de los elementos que están encima de la mesa de negociación entre el PSOE y Junts de cara a la investidura es la de frenar la devolución del presunto dinero público que se utilizó para sufragar el procés que reclama el Tribunal de Cuentas (TCU). Una cuestión que parece complicada de solventar, pero que sería imprescindible para que los posconvergentes acaben dando un sí para que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente. Fuentes consultadas por La Vanguardia explican que, aunque finalmente se acabase aprobando una ley de amnistía por los delitos relacionados con el proceso de independencia, hay dudas de que pudiera beneficiar a la causa seguida en el Tribunal de Cuentas al tratarse de una devolución por el uso indebido de fondos públicos. Al no tratarse de un delito o una sanción, sino de una mera devolución, estas fuentes sostienen que parece complicado que se pueda acoger en los efectos de una hipotética amnistía".

Sigue Guindal: "Se trata de cantidades económicas muy elevadas que la Fiscalía redujo de los casi diez millones de euros a 3,4 millones y que deberían devolver de forma conjunta y solidaria los responsables de ordenar los supuestos pagos para el referéndum del 1-O, así como de la acción exterior para publicitar el procés . Entre los afectados están Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras, además de una treintena de ex altos cargos del Govern. Fuentes de la causa recuerdan que el asunto está en un estado muy avanzado. El próximo 17 de noviembre se celebrará el juicio del procedimiento de reintegro en el que se practicarán los interrogatorios que fueron admitidos en la audiencia previa y se presentarán las conclusiones de todas las partes. Estas mismas fuentes explican que una solución posible sería que la Fiscalía retirase la reclamación para reducir aún más el dinero que se les demanda. Sin embargo, esta opción no garantiza que el tribunal atienda a la petición de rebaja de la Fiscalía porque en la causa está personada como acusación pública Sociedad Civil Catalana, que siempre podrá mantener la cantidad inicial que reclama de cinco millones de euros contra 11 ex altos cargos. La defensa está estudiando qué otras fórmulas pueden evitar que los principales dirigentes independentistas tengan que afrontar con su patrimonio personal el presunto uso de dinero de las arcas de la Generalitat para patrocinar el procés . La sentencia tendrá que ser fijada por la consejera Elena Hernáez. Su decisión podrá ser recurrida, y es en esta segunda fase, según señalan algunas fuentes, cuando podría haber algún margen de maniobra. Si no, ya habría que dejar todas las cartas al Tribunal Constitucional, previo paso por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo".

El dinero, siempre en primer plano. Y en medio de las negociaciones, el caso Pegasus. "El Gobierno da una de cal y otra de arena ante la primera petición judicial por el ‘caso Pegasus’", advierte El País. En el subtítulo se detalla que "El Consejo de Ministros niega a la juez que el CNI investigara a dos diputados de ERC pero rehúsa desclasificar documentación sobre la compra del programa espía israelí". Escribe Miguel González: "El pasado 25 de julio, el caso Pegasus —la supuesta interceptación masiva de móviles de líderes independentistas catalanes con un programa espía israelí en los años del procés— llegó por primera vez a la mesa del Consejo de Ministros. En su última reunión antes de las vacaciones, el Gobierno en funciones examinó la solicitud de desclasificación de información secreta elevada por la titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, quien investiga una denuncia por presunto espionaje presentada por el presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Parlamento catalán, Josep María Jové, y la portavoz del mismo partido en la Eurocámara, Diana Riba. El primero alegó que su móvil había sido infectado con el virus espía mientras negociaba la investidura del socialista Pedro Sánchez en 2019, mientras que la segunda argumentó que se habían espiado conversaciones sobre su esposo, Raül Romeva, exconseller de Exteriores de la Generalitat condenado y luego indultado por el procés".

Continúa el texto: "La petición de desclasificación, elevada en abril pasado por la juez, respondía a una resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona que dio la razón al abogado de los dos republicanos, Andreu Van den Eynde, y ordenó que se citara como investigada a la empresa israelí NSO Group, propietaria del programa Pegasus, y como testigo a Esperanza Castelerio, directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Para evitar que esta se escudara en el carácter clasificado del asunto, la juez optó por elevar previamente una petición de desclasificación al Gobierno. (...) La respuesta del Gobierno, según ha podido saber El País de fuentes conocedoras de la misma, es una de cal y otra de arena. La de cal es la negativa a responder a las dos primeras cuestiones: el Gobierno alega que no puede revelar las “fuentes y medios” del servicio secreto, clasificados por la ley reguladora del CNI de mayo de 2002, sin poner en riesgo la actividad del centro. En cambio, autoriza a la jefa de los espías a declarar en el juzgado, pero anticipa que los dos denunciantes, Jové y Riba, nunca fueron investigados por el CNI. Si la juez la estima conveniente, Casteleiro comparecerá como testigo ante el juzgado, pero no podrá dar muchos más detalles de los que adelanta el Gobierno e insistirá en que los dirigentes de ERC nunca estuvieron bajo el radar del centro".

En cuanto a la investidura propiamente dicha, El Mundo avanza que "Moncloa ve 'mucho más cerca' la investidura de Sánchez, pero advierte a Junts de que no permitirá una amnistía 'total'". La pieza es de Juanma Lamet: "«Lo más difícil ya está hecho». En el Gobierno en funciones creen que el jueves dieron un paso de gigante hacia la investidura de Pedro Sánchez. No lo está todo, ni mucho menos, coinciden varias fuentes gubernamentales consultadas, pero sí es «muy probable» volver a entenderse con los correligionarios de Carles Puigdemont para lograr la mayoría absoluta del Congreso si Felipe VI designa al secretario general del PSOE candidato a la investidura. Eso no podrá pasar, hoy por hoy, pero sí «avanzar» de manera más rápida hacia la «solución definitiva del problema». Cuando dicen que «lo más difícil ya está hecho», en La Moncloa se refieren a la recuperación de los cauces negociadores con Junts per Catalunya, con el que el PSOE no había tenido apenas interlocución en los últimos meses. Que los de Puigdemont votasen a favor de Francina Armengol indica que están dispuestos a jugar de nuevo con las reglas del Estado español. Y también denota que tienen más incentivos para el pacto que para romper la baraja. Porque si se repiten las elecciones y se vuelven a repartir cartas, es imposible que les toque una mano con mayor influencia. Todo depende de ellos: «O repetición o Pedro presidente, no hay más», resume un ministro en funciones".

Y: "Los dirigentes gubernamentales consultados coinciden en que el Ejecutivo no puede darle a Carles Puigdemont todo lo que pide. Lanzar una amnistía general no está «sobre la mesa». Su encaje sería «muy difícil», aseguran. Por eso, en ningún caso se pueden comprometer a un enjuague «total» de los hechos ilegales del independentismo catalán desde 2013 a 2017. Porque así como el indulto implica el perdón de la pena, la amnistía permite la exención de la responsabilidad criminal de las penas interpuestas y, por tanto, la inexistencia del delito. Es decir: borrón y cuenta nueva. Como la Constitución impide los indultos generalizados, se buscará otra «fórmula» para despenalizar buena parte del procés, pero siempre que no sea una medida «de máximos», insisten en el ala socialista del Ejecutivo".

Sobre esa cuestión es relevante este titular de Ok Diario: "Puigdemont renunciará al referéndum si Sánchez le da «más garantías» con la amnistía". Escribe Joan Guirado: "El referéndum ya no es una línea roja para Junts. Eso sí, seguirá formando parte de las negociaciones hasta la firma del acuerdo definitivo entre Carles Puigdemont y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Pero, según explican fuentes cercanas al ex president de la Generalitat consultadas por Ok Diario, su formación prioriza la amnistía a «un referéndum que ya se hizo» y que, afirman, «se ganó», en referencia al golpe del 1-O. Este cambio de posición responde a que en Junts consideran que Sánchez «no tragará» con ambas peticiones de máximos. Los socialistas han explorado la vía del artículo 99 de la Constitución para celebrar un referéndum no vinculante. Una opción que no se descarta, pero que satisface más a ERC que al partido de Puigdemont. (...) Ahora, con el apoyo de los junteros a la elección de Francina Armengol como nueva presidenta del Congreso -tras encarrilar de forma secreta el compromiso de Pedro Sánchez a abordar la amnistía, algo que hasta ahora siempre había rechazado-, Puigdemont y los suyos empiezan a rebajar sus exigencias en privado. «Mover al PSOE hacia una amnistía era impensable», explican fuentes de Junts, que consideran también que «hay que aprovechar» la coyuntura para apretar con sus reclamaciones".