El dilema de Trapero y la fatua contra los alcaldes

El major Josep Lluís Trapero ha emitido una circular en la que insta a los Mossos a darse por enterados de que hay orden de investigar los preparativos del 1-O. Tanto El Periódico como La Vanguardia dan por descontado en sus portadas que Trapero "acata" la orden fiscal. Coinciden en el verbo, casi en el sujeto y también en el predicado. El primero titula: "Los Mossos acatan la orden del fiscal de impedir el 1-O". El segundo personaliza: "Trapero acata la orden del fiscal y manda investigar el 1-O". La papela enviada a las comisarías se ampara en la parla burocrática para dar curso de manera inconcreta a la concreta orden del fiscal Romero de Tejada.

El incomparable Jordi Turull reaccionó ayer al mediodía como un hurón enfurecido: "Las prioridades políticas son clarísimas. Perseguir terroristas no es una cosa excepcional". "Hemos visto efectivos policiales que no se dedican a estas cosas sino a otras que no son tan edificantes", añadió.

Así es que de cara a la galería circulan dos reacciones oficiales. Una es que Trapero se cuadra ante la Fiscalía y la otra es que sus jefes políticos siguen a lo suyo, en los preparativos de lo que en teoría no se puede celebrar. ¿El gato de Schrödinger?

El pueblo llano alberga dudas. ¿Obligarán a Trapero a detener a su colega Puigdemont o irá a votar el 1-O? De entrada, el soberanismo encaja el paseíllo del mosso hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) como una humillación, pero esperan que el héroe del "bueno, pues molt bé" nade y guarde la ropa, que parezca que cumple, pero que mire para otro lado cuando vea una urna. Lo que no se antoja previsible y sería mucho pedir es que los Mossos interroguen a los altos cargos de la Generalitat para que les digan dónde guardan las urnas y les entreguen las papeletas.

El Gobierno se apunta el tanto de que los Mossos están bajo control y en modo "husmeaurnas", pero el trabajo de la policía autonómica es ingente. Anoche mismo acordonaron la Sagrada Familia a causa de una falsa alarma terrorista. Alguien había visto a dos individuos en una furgoneta "sospechosa", según el eficiente gabinete tuitero de la policía. También llevaron a cabo controles de tráfico en los accesos de Barcelona con las consiguientes retenciones de tráfico. Lo de las "prioridades" turullenses. 

El portavoz es un hacha, no da puntada sin hilo. Ahora mismo es el ariete de Puigdemont y Junqueras, el faro en la niebla, el tipo al que no le tiembla el pulso. Hay que buscarle una frase para estampar camisetas con su cara para que las luzca Anna Gabriel en las asambleas cuperas y en el atril de lo que queda del Parlament.

La fatua de Puigdemont sobre mirar a los ojos de los alcaldes continúa acarreando desagradables consecuencias para los primeros ediles que no están por el 1-O. En El País, Pere Ríos firma un clarificador texto sobre el estrecho marcaje cívico, pacífico y festivo al que son sometidos los primeros ediles: "“Me han dicho que soy un vendido, un cobarde, un cagado y un traidor... Un sociata de mierda... Me han sugerido que me vaya de Terrassa, que no me volveré a despertar, que soy un mal catalán, un imbécil, un indigno, un trozo de mierda y un maricón asqueroso”. Así se expresaba también ayer en su muro de Facebook el alcalde socialista de Terrassa, Jordi Ballart, para referirse a su experiencia. Y eso que él es uno de los regidores del PSC que ha mostrado mayor comprensión con el referéndum y ha asegurado que, aunque su Ayuntamiento no colaborará, si garantizará el “normal funcionamiento de la ciudad respetando a quien quiera votar y a quien no quiera hacerlo”. Pero incluso eso parece que ha servido de poco. “Se han metido con mi condición sexual y han traspasado el límite metiéndose con mi pareja y mis padres”, explica el alcalde en las redes sociales para referirse a los insultos que atribuye a una minoría. Ballart acaba reclamando calma a la ciudadanía".

El jefe de la ANC, Jordi Sànchez i Picanyol, aún no ha informado de cuánto se recaudó en la Diada para el pobre Mas, el pelado Homs, la indigente Ortega y la arruinada Rigau, entre otros. Nada más abrir la cuestación Sànchez presumió de llevar trincados ochocientos mil euros sobre la base de que si le tocan el bolsillo a Mas nos lo tocan a todos, intrincado teorema por el que se pretende colectivizar un embargo que, además, aún no se ha producido ni se producirá el 25 de septiembre. Fue una de esas "fake news" que tan bien maneja el soberanismo activo.

Que sepan los generosos donantes que la factura no es como la pintan, según la información de Erik Montalbán en La Razón: "Las cuentas de los independentistas podrían no salir, teniendo en cuenta la elevada cantidad en impuestos que podrían tener que afrontar si optan por hacer una donación a Mas y el resto de altos cargos de la Generalitat. En este caso, según los cálculos efectuados por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el Impuesto de Sucesiones y Donaciones podría suponerle a la asociación independentista hasta 8,3 millones de euros, aparte de los cinco millones de euros de la propia multa".

Sigue y aclara: "Es decir, la colecta secesionista debería recaudar, en el peor de los casos, 13,3 millones de euros para liberar al ex presidente catalán de la carga del 9-N. Según explicó el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, a La Razón, esta cantidad sería la que debería abonar Mas en el caso de que afrontase el pago de los cinco millones a título individual. En cualquier caso, el pago iría destinado a la propia Generalitat catalana, pues el Impuesto de Donaciones está cedido al 100% a las comunidades autónomas".

La purga que se llevó por delante a Baiget, Jané y Munté entre otros continúa. Una nota en Crónica Global revela hasta qué punto de tiesas están las cosas en el departamento de Clara Ponsatí respecto a los preparativos de los colegios electorales que además son coles e institutos: "Clara Ponsatí, consellera de Enseñanza, es desde este miércoles la presidenta del Consorcio de Educación de Barcelona. El Diario Oficial de la Generalitat (Dogc)publica el inédito relevo al frente de una institución que entre otras atribuciones se encarga de gestionar los centros públicos de Infantil, Primaria, ESO y postobligatoria de la ciudad. Algo vital en el órdago que ha lanzado la Generalitat contra el Gobierno central para organizar el referéndum".

Más: "El consorcio está participado en un 60% por la Generalitat y en un 40% por el Ayuntamiento de Barcelona. La toma de control del organismo propiciaría que se pudieran poner urnas el 1-O en la capital catalana independientemente de que el Ejecutivo de Ada Colau se sumara finalmente o no a la organización, algo prohibido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)".

13 de septiembre, santoral: Amado, Emiliano, Juan Crisóstomo y Venerio.