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Los abogados de los acusados, Andreu Van den Eynde, Xavier Melero y Francesc Homs, con los testimonios, Soraya Sáenz de Santamaría, Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, con la acusación, Javier Ortega Smith y Pedro Fernández / CG

Vox y los abogados de los 'indepes' tratan de sentar en el banquillo al Estado

La acusación popular y los defensores acorralan a Mariano Rajoy, Sáenz de Santamaría y Montoro para hacerles responsables de los acontecimientos que desembocaron en la aplicación del 155

27.02.2019 22:25 h.
13 min

No han faltado los rifirrafes, ni las controversias, ni las amonestaciones. Y, sobre todo, el voltaje político, más elevado que nunca. La primera jornada de la fase de testificales del juicio del 1-O, cuyo principal protagonista ha sido el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, ha hecho saltar por los aires cualquier pretensión de distensión que se esperara en este nuevo ciclo de interrogatorios --durante el que se prevé la declaración de más de 500 personas directa o indirectamente relacionadas con el desarrollo y el desenlace del proceso soberanista catalán--, una vez finalizado el de los doce acusados que se sientan en el banquillo.

Si la independencia judicial fue la principal cuestionada por algunos de los procesados durante su comparecencia en la vista oral, el cuestionado este miércoles ha sido el Estado, materializado en los exaltos cargos del Ejecutivo central que han desfilado ante el tribunal y a quienes tanto las defensas como la acusación popular que desempeña Vox han intentado infructuosamente acorralar.

Dos estrategias que coinciden

Los abogados defensores pretenden subrayar los fallos que pudo cometer el Gobierno de Rajoy durante aquel tiempo y a la vez siguen la estrategia de los partidos independentistas: dar la vuelta al juicio y procesar al Estado. La estrategia de Vox coincide en la medida que el Gobierno del PP no defendió como debía los intereses de España y dejó hacer a los soberanistas.

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha sido, quizás, la peor parada por las arremetidas, claramente incomodada ante el asedio. Incluso un desliz de Rajoy --al hacer alusión a una de las testificales de esta mañana, cuando la ley prohíbe a los testigos comunicarse entre ellos-- ha dado pie a uno de los abogados a aprovechar la coyuntura para buscar el arrinconamiento del exlíder del PP. Cristóbal Montoro, también acosado a preguntas, logró zafarse con facilidad.

Papeles invertidos

En una sesión en la que han abundado los cruces de palabras y las acusaciones mutuas, parecieran haber sido invertidos los papeles y que quienes se sientan en el banquillo no fuesen los exlíderes independentistas, sino quienes buscaron poner freno a la deriva secesionista. Frente a tal algarabía, las advertencias del presidente del tribunal, Manuel Marchena, han sido una constante.

El juez Manuel Marchena

Tras las comparecencias del diputado de ERC Joan Tardà y el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la máxima expectación se ha producido cuando les ha tocado el turno de palabra a Sáenz de Santamaría, primero, y a Rajoy, ya por la tarde. Firme en sus respuestas y visiblemente tranquila --sobre todo al ser interrogada por la Fiscalía y la acusación popular--, su declaración se ha prolongado durante dos horas en las que se ha aferrado a la defensa de la soberanía y de la unidad de España, del cumplimiento de la Ley y del mantenimiento de la convivencia pero, sobre todo, a la pertinencia de que se aplicase el artículo 155 en Cataluña y a la no disposición que el Ejecutivo mostró de negociar el referéndum.

El estreno real de Vox

A partir de ese momento el letrado de Vox Javier Ortega Smith --presente en el juicio junto a su compañero Pedro Fernández-- ha podido, por primera vez en la vista oral, desplegar su artillería y solazarse en sus preguntas, introduciendo un interrogante al que nadie antes había hecho alusión: la posibilidad de que el Gobierno, en lugar de articular el cese del Govern que promovió el 1-O, hubiese decretado el estado de sitio o de excepción. Primer reproche-acusación. “Era la medida más acorde. Los estados de excepción pueden comportar la suspensión de derechos fundamentales de la población y era mejor actuar contra quienes habían vulnerado la Ley”, ha apostillado la exvicepresidenta.

Ha sido el momento en que el letrado de Oriol Junqueras, Andreu van den Eynde, ha tomado la palabra cuando se ha desatado la ofensiva de las defensas, empeñadas en desacreditar los episodios de violencia que, según Sáenz de Santamaría, vio por televisión desde su despacho de la Moncloa el 1 de octubre de 2017. “¿Pudo ver si algún policía agredía a algún ciudadano?”, ha insistido en varias ocasiones el letrado, intentando cercar a la testigo, estrategia a la que de inmediato se han sumado otros abogados. La exvicepresidenta se ha decantado por la suposición --“la profesionalidad de las fuerzas de Estado evitó circunstancias mucho más graves”-- y por la justificación: si no se hubiera convocado a la gente como murallas humanas, alguna de las imágenes no se hubieran producido”.

Xavier Melero

Sin duda, las principales divergencias se han producido entre la exvicepresidenta y el abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero, ante cuya persistencia en torno a las instrucciones del Estado sobre si debía primar la seguridad de las personas por encima de la eficacia de los cuerpos policiales desplegados en Cataluña el día de la consulta, la testigo se ha mostrado visiblemente incómoda a la hora de responder. "Me parece que la pregunta es de carácter muy general...”, ha manifestado, titubeante.

“Usted hace de política”, le ha espetado, por su parte, Jordi Pina, representante legal de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull. Media sonrisa ha aflorado en el rostro de la también exministra de Presidencia cuando el presidente del tribunal ha arremetido contra Pina, quien, sin embargo, no ha cesado en sus embates: “Creo que la televisión que ha visto usted no tiene nada que ver con la que he visto yo. ¿De verdad no vio cargas policiales, agentes golpeando en las partes superiores, en la cabeza, en la cara, blandiendo armas y disparando balas de goma?”. Marchena ha terciado por ella: “Ha dicho que sí lo vio pero le da un significado distinto. [...] Este es un proceso penal, con percepciones sensoriales; lo más llamativo es que usted lo sabe perfectamente y que su pregunta es manifiestamente impertinente”, le ha reprobado el presidente del tribunal. “Voy a probar a ver si con la siguiente pregunta hay más fortuna”, ha continuado Pina, lejos de amedrentarse. Marchena no ha dudado en reconducirle de nuevo: “Esto no es cuestión de fortuna, si estuviera en mi lugar me diría lo mismo”.

Las contradicciones 

La declaración de Rajoy ha llegado pasadas las cuatro de la tarde. Firme en su andar desde que ha hecho aparición por la puerta de la sala donde se celebra el juicio, el expresidente ha tomado asiento frente al tribunal y ha mirado en varias direcciones antes de dar con la mirada de quien comenzaba a interrogarle, el abogado de Vox Pedro Fernández. A preguntas de éste, y al igual que su predecesora, ha defendido que en todo momento dejó claro que no negociaría sobre el referéndum y que “en ningún caso el presidente iba a liquidar la soberanía nacional”.

Francisco Javier Ortega Smith, abogado de la acusación popular presentada por Vox en el juicio por el 1-O

El abogado de Vox Javier Ortega Smith

Sin embargo, a diferencia de Sáenz de Santamaría, quien ha manifestado que la declaración unilateral de independencia no fue meramente simbólica y que por ello fue aplicado el 155, Rajoy ha apuntado que “allí no se produjo ningún referéndum”, dando prácticamente la razón a algunos de los acusados que optaron por restar importancia a las consecuencias jurídicas de la celebración de la consulta. "Había otra cosa. Unas mesas, unas personas que estaban allí... Pero eso no es un referéndum". La prudencia ha caracterizado la comparecencia de Rajoy, entre sorbo y sorbo de agua, a pesar de las preguntas con las que Vox buscaba corroborar sus tesis: “Si no se hubieran tomado esas medidas, ¿la situación habría terminado con el quebranto de la Ley y la unidad de España?”. Rajoy ha preferido no atender a las pretensiones de la formación, respondiendo genéricamente: “Ningún presidente del Gobierno puede mirar para otro lado cuando se producen situaciones de esas características”.

El desliz del expresidente

La polémica ha estado servida cuando, después de que Rajoy hiciese mención a las testificales de la mañana, Pina tomase la palabra: “Me he quedado perplejo. ¿Se ha comunicado con los testigos?”. “Leo los periódicos”, ha respondido el exlíder del PP. Marchena le ha advertido de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal “establece la necesidad de que los testigos no se comuniquen” y ha insistido en la pregunta del abogado. “Lo he leído en los periódicos digitales”, ha remarcado el testigo, quien ha tenido que lidiar con una última embestida de Pina cuando éste le ha inquirido sobre si el lehendakari Urkullu intentó mediar en torno al referéndum. “Está bajo juramento. No quiero luego problemas”, ha llegado a advertirle el letrado, propiciando un nuevo reproche de Marchena.

Rajoy no ha mencionado ni una sola vez las expresiones violencia o rebelión y ha tumbado los alegatos de los acusados cuando afirmaron que buscaron el diálogo hasta el último minuto y que no encontraron a nadie enfrente.

La CUP enmudece

Cuando parecía que la tarde se desarrollaría tranquila una vez también interrogado el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro acerca de los controles de fondos a los que estaba sometida la Generalitat, la sorpresa ha saltado cuando dos exdiputados de la CUP, Antonio Baños y Eulàlia Reguant, se han negado a responder a Vox, lo que ha llevado a Marchena a deliberar sobre qué medida adoptar por no atender a su obligación de responder como testigos. "Asumiendo las consecuencias frente a un partido machista y xenófobo no contestaré a un partido de extrema derecha", ha sido el alegato de Reguant. La acusación popular era precisamente la que los había convocado como testigos. 

Por el momento, el tribunal ha acordado sancionarles con el pago de 2.500 euros y les ha otorgado un plazo de cinco días por si reculan en su decisión. En caso contrario, optará por deducir testimonio de cara a la adopción de medidas legales contra ellos por incurrir en un delito de desobediencia grave. Lleva aparejada una condena de un año de cárcel.