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Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Artur Mas, en una imagen de archivo, tres de los encausados por el procés a quien el Tribunal de Cuentas pide embargar / EFE

El Tribunal de Cuentas admite otra demanda contra los líderes del 'procés'

SCC les acusa de malversar 5,3 millones de euros y la denuncia afecta a 11 dirigentes secesionistas: entre ellos Puigdemont, Mas, Junqueras, Romeva, Bassa, Homs, Comín, Ponsatí, Turull, Munté y Puig

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El Tribunal de Cuentas ha admitido una demanda de Societat Civil Catalana (SCC) contra 11 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña que lideraron el procés secesionista para que devuelvan 5,3 millones de euros que estima que malversaron.

La demanda se dirige entre otros contra los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, y el exvicepresidente Oriol Junqueras, así como los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Francesc Homs, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Neus Munté y Lluís Puig.

A la espera de fiscalía

En la resolución en la que admite la demanda, el Tribunal da traslado de la misma al Ministerio Fiscal para que en el plazo de 20 días "manifieste si se adhiere a la misma, o, en su caso, formula demanda".

También se acuerda dar traslado a los 11 demandados por Sociedad Civil Catalana, advirtiéndoles de que el emplazamiento para contestar se realizará una vez cumplimentado el trámite conferido al Ministerio Fiscal.

SCC les acusa de malversación

En su demanda, Societat Civil les acusa de haber malversado 5.309.807 euros en gastos relativos al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y a la propaganda internacional del proceso secesionista de Cataluña, al margen de las competencias estatutarias de la Generalitat.

Concretamente se les atribuye el uso de locales públicos para la consulta ilegal, gastos de difusión e infraestructuras digitales para la promoción del referéndum, encargo de papeletas, pagos de viajes a observadores y contratos de lobbyist para publicitar la causa secesionista catalana.

La demanda se basa en la sentencia del Tribunal Supremo en el caso del procés que trasladó al Tribunal de Cuentas la cuantificación de las malversaciones por el 1-O.