Torra 'torpedea' a Pedro Sánchez por la denuncia de los gastos del 1-O

Quim Torra intensifica su incendiario discurso nacionalista en las redes sociales. Después de haber aplaudido esta mañana unas reflexiones del sociólogo Paul Engler, en las que animaba a los independentistas "a polarizar mucho más" la sociedad catalana y "aceptar altos niveles de sacrificio", el presidente de la Generalitat ha arremetido esta tarde contra la Justicia por pedir cuentas al Govern por el dinero público gastado presuntamente en el referéndum ilegal secesionista del 1-O.

Torra ha criticado que el Tribunal de Cuentas haya citado a su antecesor en el cargo, el prófugo Carles Puigdemont, y a su exvicepresidente Oriol Junqueras por estos dispendios a raíz de una denuncia de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que según Torra "dependen de Sánchez", además de la que presentó Societat Civil Catalana (SCC).

"A raíz de una denuncia de SCC, Fiscalía (que depende del presidente Sánchez, como él afirmó) y la Abogacía del Estado (que también depende del presidente Sánchez): El Tribunal de Cuentas español cita al Gobierno de Puigdemont por los gastos del 1-O", ha lamentado el máximo mandatario de la Generalitat en su perfil de Twitter.

Una treintena de consejeros y altos cargos

El Tribunal de Cuentas ha citado el próximo 28 de enero a una treintena de exconsejeros y altos cargos del Gobierno catalán en el convulso otoño de 2017 en relación con los "gastos y pagos" originados por el "referéndum ilegal" del 1-O.

Así, además de Puigdemont y Junqueras, también han sido citados los exconsejeros Neus Munté, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Lluís Puig, Meritxell Serret y Santi Vila.

Entre los altos cargos también citados figuran Amadeu Altafaj, Natàlia Garriga, Ignasi Genovès, Jaume Mestre, Antoni Molons, Joaquim Nin, Eva Maria Pardo, Teresa Prohias, Albert Royo, Jordi Serra, Francesc Sutrías, Josep Vidal, Rosa Vidal y Aleix Villatoro.

Pago o embargo

Según Societat Civil Catalana (SCC), que al igual que la Fiscalía presentó una denuncia contra los responsables de la organización del referéndum ilegal del 1-O para que estos políticos devolvieran el gasto originado, el Tribunal de Cuentas requerirá a los citados para que paguen o avalen estos gastos y, en caso de no hacerlo, se procedería al embargo de sus bienes.

En un comunicado, SCC considera "absolutamente necesario que los líderes de este proyecto, que genera división y enfrentamiento y que está llevando a Cataluña a la ruina económica, paguen hasta el último céntimo de dinero público que han utilizado para ejecutarlo".