Torra recula ante el Gobierno de Sánchez y se agarra a la gesticulación

¿Baño de realidad? El tiempo lo dirá. Pero lo cierto es que el nuevo gobierno catalán debuta con un paquete de medidas sociales y políticas que deja el pulso secesionista en un elocuente segundo plano. Ninguna iniciativa que implemente la república. Ninguna complicidad hacia la CUP, que prometió fiscalizar la acción de gobierno de Quim Torra.

La Generalitat, eso sí, mantiene la gesticulación, muy centrada en la exigencia del acercamiento o liberación de los políticos independentistas. El enemigo exterior ya no es un PP enrocado sino un Ejecutivo del PSOE que tiene ofertas. Y gusten o no a los secesionistas, el desbloqueo hace caer viejos argumentos victimistas.

¿Rupturismo? Por ningún lado

El giro en la política española ha descolocado al consell executiu que, en su primera reunión técnica, ha anunciado medidas de calado como la revocación definitiva del contrato con ATLL y la recuperación de doce leyes catalanas recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Todas ellas tienen un contenido social y político. El rupturismo no aparece por ningún lado.

Dio cuenta de ello la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, en su primera comparecencia como portavoz del Govern. ¿Qué hay de la ley de transitoriedad jurídica a la república catalana? De momento, nada. Se prioriza la restitución de leyes de carácter social y económico, explicó la consejera. Pero no se descarta abordar esa pretendida arquitectura legal del futuro estado catalán más adelante. Está claro que no hay prisa (Artadi sonríe al respecto).

Mucha pancarta, poca ruptura

El único anuncio identitario es la creación de un comisionado del 155 –que tras la formación del Govern ya se levantó— y de una oficina de derechos civiles –que redunda en el trabajo que suele hacer el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán--. Y nada más. Eso sí, la pancarta con lazos amarillos a modo de protesta por la existencia de “presos políticos” que Torra colocó en la fachada no se retira. Lo pide la oposición, hasta el punto que la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, se niega a reunirse con Torra, quien ha convocado a los grupos mañana viernes, por la utilización de símbolos independentistas en espacios públicos e instituciones.

Aseguran fuentes soberanistas que existe un pulso en Palau entre dos sectores. Por un lado, el núcleo duro de Carles Puigdemont, que apuesta por tensar la cuerda con el Estado y mantener la agitación hasta que se celebre el juicio de los procesados por el 1-O para hacerlo coincidir con un adelanto electoral y aprovechar la excitación secesionista. Y por otro, el sector convergente más próximo a Jordi Turull –actualmente en prisión preventiva—, partidario de gesticular también, pero negociando en paralelo reformas e indultos con el Gobierno de Pedro Sánchez. Una postura, esta última, más “autonomista”, pero acorde con la renuncia a la unilateralidad que defiende ERC, inmersa en un giro hacia un independentismo más transversal.

Esperando el encuentro Torra-Sánchez

El Govern acaba de arrancar, es cierto. Pero su independentismo ha reducido la velocidad de crucero que alcanzó en la anterior legislatura, tras los costes personales que ese pulso ha tenido en toda una generación de dirigentes independentistas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha expresado su predisposición a reunirse de forma inminente con Torra, quien sigue marcando un perfil más mediático que efectivo. La restitución de esas doce leyes reclamadas por el Govern puede ser un excelente punto de partida. La catalana Meritxell Batet, ministra de Administraciones Públicas, considera una prioridad propiciar ese diálogo.