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Concentración para denunciar la mala gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía / CG

Torra no es Keynes: solo uno de cada cuatro pobres severos tiene Renta Garantizada

Comisión Promotora de la RGC hace un repaso al fracasado proyecto estrella del Govern, después de que el 'president' diera lecciones de gasto público a Sánchez

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La Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) acaba de demostrar con datos que Quim Torra está muy lejos de predicar con el ejemplo. El mandatario catalán expresó ayer, durante la reunión de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos, por una "política keynesiana" de gasto público. Sin embargo, solo una de cada cuatro personas en riesgo de pobreza severa tiene acceso a la RGC, el proyecto estrella del Govern cuyo desarrollo reglamentario acaba de ser aprobado con tres años de retraso. Las declaraciones mediáticas de Torra, en las que confunde esta Renta con la Renta Básica Universal que prepara el Gobierno español con la RGC, abundan en esa caótica gestión catalana.

Según afirma la Comisión Promotora de la ley de la RGC, la aprobación de los presupuestos de la Generalitat de 2020 el pasado 24 de abril "sin recoger las solicitudes y enmiendas de carácter social, y en especial, las presentadas para incrementar la partida presupuestaria de la RGC y actualizar el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña es motivo de indignación entre la ciudadanía solidaria y las personas y familias vulnerables".

Más de 1,8 millones de catalanes en riesgo de pobreza

"Es de una gran irresponsabilidad --añaden en un comunicado-- y falta de sensibilidad social continuar con las políticas de ajuste y austeridad que incumplen los derechos de las personas en situación de pobreza y exclusión social en Cataluña. Más de 1,8 millones de personas en riesgo de pobreza (tasa Arope 24,7%) y medio millón con privación material severa (6,5%).

Con los últimos datos oficiales, la suma de personas beneficiarias de la prestación de la Renta Garantizada y complementos de pensiones no contributivas u otras prestaciones sociales, son 127.000. "Sólo una cuarte parte de las personas en situación de pobreza severa están cubiertas con la prestación de la RGC y complemento de RGC". Lo cual "demuestra el grave incumplimiento de la implementación de la RGC por el gobierno de la Generalitat, bajo responsabilidad de la Consejería de Trabajo, Asuntos sociales y Familias".

Miles de recursos de alzada

Y confirma "las reiteradas denuncias de la Comisión Promotora sobre las denegaciones masivas e injustificadas (alrededor del 80%) de las solicitudes de la prestación de RGC, la suspensión y extinción abusiva de miles de prestaciones de RGC (excepto las que son resultado de encontrar empleo), los miles de recursos de alzada presentados, las numerosas demandas ante los tribunales, etc. A todo ello hay que añadir, la opacidad en la gestión del Departamento de Trabajo que incumple la resolución de la GAIP no 114/2019 sobre información pública y que ha dado lugar al correspondiente requerimiento.

Ante la perspectiva "de un importante incremento de la pobreza y exclusión social como consecuencia de la pandemia del Covid-19, y el anuncio de un Plan de choque" por el Gobierno de la Generalitat, la Comisión Promotora reitera la necesidad de exigir con carácter urgente una serie de medidas.

Aumento de 500 millones

Por un lado, "incrementar de manera inmediata la partida para la Renta en 500 millones sobre la cifra aprobada en los presupuestos, y garantizar el 4% de los presupuestos de la Generalitat para la implementación de la RGC en enero de 2021", así como "actualizar el IRSC congelado desde enero 2010, con el IPC de Cataluña acumulado desde esa fecha a la actualidad, y corregir la pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones sociales, así como superar las restricciones a su acceso, vinculadas a dicho indicador".

También proponen "registrar y aprobar con carácter urgente la enmienda de lectura única al arto 26, apartado 1 de la ley RGC, para acortar el plazo de resolución administrativa a las solicitudes de cuatro meses a un mes, y de este modo agilizar su tramitación".