"Empiezo a pensar que la Renta Garantizada es un camelo"

Hace 18 meses que Xavier Motis espera que la Generalitat le conceda la Renta Garantizada de Ciudadanía (RCG). Tiene 60 años y hace cinco que se quedó en el paro. Sobrevive con poco más de 400 euros al mes. “Trabajaba en sector del turismo y la restauración, y no he dejado de buscar trabajo y formarme”, explica a Crónica Global.

Motis le pone cara a una estadística demoledora y que demuestra la desastrosa gestión que la Generalitat ha hecho de una prestación, anunciada en su momento como el gran proyecto de la legislatura. Según asegura la comisión promotora de la RGC, el Govern rechaza el 92% de las solicitudes, la mayoría de forma injusta. Motis se encuentra entre este caso.

El 13 de noviembre de 2017, este barcelonés solicitó las prestaciones de la RGC en base a la ley aprobada por el Govern cuatro meses antes. Esta regulación fue presentada a bonbo y platillo por la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, que entonces estaba dirigida por Dolors Bassa. Efectivamente, era una antigua reivindicación de los promotores.

Cinco meses después de cursar esta petición, y al no tener respuesta, Motis se dirigió de nuevo a este departamento para informar de que no había recibido ningún importe, a pesar de acreditar los requisitos necesarios para ello. Por silencio administrativo, entendía que la ayuda le había sido concedida.

A vueltas con la documentación

Pasó el tiempo y, en septiembre de 2018 recibió un comunicado de la Consejería de Trabajo en el que le volvían a pedir documentación que acreditara su derecho a la prestación: extractos de cuentas bancarias, acreditación de ingresos, vivienda habitual... “Vivo en un piso que me cedió mi padre, gracias a eso tengo un techo”, explica Motis.

Cumplimentado el proceso, la Generalitat le notificó en noviembre del año pasado que desestimaba la petición por tener ingresos superiores a los requeridos para tener acceso a la Renta. “Ahora mismo percibo una renta activa de inserción (RAI) que apenas supera los 400 euros –se deben acreditar unos ingresos inferiores a 564 euros al mes para acceder a la RGC--. Pero es la tercera vez que la pido y es la última vez que me la conceden. Dentro de diez meses, ya no tendré nada”, precisa.

Ha presentado recurso de alzada y, en caso de que el Govern desestime de nuevo su petición, presentará un recurso contencioso por vía judicial, por lo que tendrá que recurrir a la Justicia gratuita. “No se está gestionando bien esta ayuda. Empiezo a preguntarme si realmente existe esta Renta Garantizada o es un camelo”, denuncia.

Protesta por la mala gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía / CG

Protesta por la mala gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía / CG

Motis ha tenido que “buscarse la vida” para presentar alegaciones y afrontar la difícil burocracia en la que se ha visto atrapado en estos 18 meses. Cuenta ahora con el asesoramiento de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía, constituida en coordinadora y que ha denunciado la "opacidad" de la Consejería. El pasado 15 de abril, la Generalitat publicó un anuncio en el que aseguraba que la prestación alcanzaba a más de 120.000 personas y que “tiene casi el doble de beneficiarios que la Renta Mínima de Inserción”. Esta afirmación, según la coordinadora, es falsa pues “de las 133.746 nuevas solicitudes de RGC, entre 2017 y 2018, se aprobaron 10.468 solicitudes, el 7,82%”. Fueron rechazadas 121.816 por denegación, desistimiento o no consideración. Es decir, el 91,1%.

La comisión critica "las numerosas denegaciones injustas de las prestaciones, comprobadas en los puntos de asesoramiento a las personas solicitantes" e informa de que hasta diciembre de 2018 se habían interpuesto 9.300 recursos de alzada contra denegaciones y cientos reclamaciones por silencio positivo incumplido, además de recursos al contencioso administrativo.

Xavier Motis se encuentra entre esos casos. “Animo a quienes se encuentran en mi situación a que pidan ayuda a la coordinadora”, afirma.