Los sueldazos de los ‘espías’ del CNI catalán

La conversión del actual Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) en la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña supone dar un paso más en la histórica aspiración de la Generalitat de dotarse de un servicio de inteligencia, inspirado –según los documentos manejados ya en época de Artur Mas— en el Mossad israelí. El Gobierno español ha puesto la lupa en esa agencia –el llamado “decretazo digital” es una amenaza para esta estructura de Estado que ya cuestionó el Tribunal Constitucional--, cuyo presupuesto pretende doblarse en los próximos tres años. El actual asciende a 7,5 millones y la tercera parte se va en sueldos de los altos cargos de Cesicat.

Según ha podido saber Crónica Global, 1,7 millones de euros de la partida total destinada por la Generalitat a Cesicat corresponden a los altos cargos de este organismo, que según declararon ante el juez los miembros de los comités de defensa de la república (CDR) detenidos y encarcelados por presuntas actividades terroristas les dio apoyo.

La mitad del presupuesto se va en sueldos

Así, el director de Cesicat, Oriol Torruella, que acaba de ser nombrado director de la Agencia de Ciberseguridad, cobraba 75.795 euros anuales en 2017. El resto del equipo no aparece en el portal de transparencia, pero según los datos facilitados por el consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró –máximo responsable de ese futuro CNI catalán--, en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado de Ciudadanos Alfonso Sánchez, los cinco directores de área suman retribuciones por valor de 316.028 euros.

Los ocho responsables de seguridad de la información reciben en total 405.115 euros, y los nueve jefes de la línea de servicio, 430.178 euros. Un gestor de proyectos cobra 45.894 euros al año y los técnicos administrativos, 25.905 euros.

Estos jefes de la inteligencia catalana no ejecutan, pues la mayoría de actividades se externalizan a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), que fue intervenido por la Guardia Civil en el marco de la investigación sobre el referéndum del 1-O. La Benemérita también registró la sede de Cesicat.

En busca de una CIA catalana

Desde 2012, los independentistas han intentado ocultar la pruebas de la creación de una unidad de inteligencia al servicio del procés. Lo han hecho mediante cambios de nombres y la destrucción de documentación en una incineradora.

Detalle del informe del Cesicat en el que se señala el contacto con los servicios secretos de Israel

A Cesicat se atribuye el informe de 39 páginas que, en 2013, cimentaba la "Agencia Nacional de Seguridad" de la futura Cataluña independiente. El entonces presidente, Artur Mas, aseguró desconocer la autoría del mismo, aunque posteriormente se supo que se había pagado a una empresa de Madrid casi 22.000 euros por su elaboración.

El PSC denunció a este organismo ante la Fiscalía por el seguimiento a activistas sociales y ciudadanos en las redes sociales, así como por el uso de un "programa espía" en móviles de escoltas de los Mossos d’Esquadra. El entonces consejero de Empresa, Felip Puig –Cesicat dependía entonces de este departamento—, confesó que se habían hecho esos seguimientos. 

La Policía impidiendo el acceso a los Mossos a una incineradora de Sant Adrià / CG

En el marco de las investigaciones sobre el referéndum de 1-O salieron a la luz no solo las actividades de la CIA catalana, sino también el intento de destruir las pruebas de su existencia. La Guardia Civil descubrió la documentación que los Mossos d’Esquadra quisieron destruir en la incineradora de Sant Adrià de Besòs.

Cesicat se reconvierte ahora en la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña con el objetivo de doblar su presupuesto para 2020 y que, en 2022, se alcancen los 15,9 millones de euros, según consta en el contrato programa aprobado por el Govern y suscrito entre la Consejería de Políticas Digitales y la Fundación Cesicat para los años 2019-2022. El objetivo es transformar la entidad en la Agencia de Ciberseguridad, cuyo cometido oficial es desplegar medidas de protección de los activos digitales de la Generalitat.