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El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en el Parlament / CG

El Síndic Ribó pide liberar a los presos del 'procés' por el coronavirus

El defensor del pueblo catalán quiere agilizar la excarcelación "del mayor número" de internos para minimizar contagios y mantiene su silencio sobre la gestión del Govern en la crisis sanitaria

5 min

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha pedido este viernes al Govern que modifique la clasificación de los presos del 1-O a tercer grado, de modo que podrían pasar el confinamiento en sus casas.

Lo ha pedido en una carta al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a la consellera de Justicia, Ester Capella, en la que ha pedido agilizar los trámites para excarcelar "al mayor número de personas internas en los centros penitenciarios, con el fin de minimizar el riesgo de contagios" de coronavirus y evitar un posible colapso del sistema sanitario. Un colapso y una gestión gubernamental de la Generalitat sobre la cual, al igual que en el caso de las muertes causadas por la pandemia en las residencias catalanas, el Síndic, a día de hoy, todavía no se ha pronunciado.

Reclama darles el tercer grado

En el texto, Ribó recomienda pasar a la calificación de tercer grado a todos los internos a quienes se aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario --caso de los presos del procés, que no han accedido aún a ese tercer grado--, y señala que la medida debe tomarse "siempre que se constate la capacidad para llevar un régimen de vida en semilibertad", es decir, en internos con perfiles no peligrosos, bajo riesgo de reincidencia y buena conducta, y que además tengan un buen apoyo social y familiar en el exterior.

Ribó considera que la medida se debe aplicar también a los nueve líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por sedición, y lo fundamenta en las afirmaciones de relator de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Boris Cilevics, y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, refiriéndose a presos en situación "vulnerable" y a los "presos políticos" del mundo.

Los presos del 1-O no se confinarán en sus casas / EP

Confinamiento en casa

El Síndic recuerda que los presos clasificados en tercer grado pueden acogerse al artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario para pasar el confinamiento domiciliario, como ya hacen el 69% de internos en tercer grado en Cataluña.

Desde la publicación del decreto de estado de alarma, la Generalitat ha propiciado que más presos en tercer grado puedan pasar todas las noches de la semana en casa para evitar contagios, y el martes anunció que las prisiones estudiarían aplicar la medida también a los presos en segundo grado y con 100.2.

Tras el anuncio, el Tribunal Supremo (TS) advirtió de que las juntas de tratamiento podían incurrir en un delito de prevaricación si lo acordaban para los presos del 1-O, y el jueves los funcionarios descartaron hacerlo: sí se ha aplicado la medida a cuatro internas de Wad-Ras y a 11 presos de Quatre Camins.

El Síndic en la crisis sanitaria

Hasta el momento, el Síndic de Greuges --equivalente al defensor del pueblo en Cataluña-- no se ha pronunciado sobre otras graves cuestiones en la crisis sanitaria relativas a la pandemia de coronavirus en esta comunidad autónoma. Como, por ejemplo, la falta de material y de medios del personal sanitario para atender a la ciudadanía y protegerse de contagios --una competencia en manos de la Generalitat-- o el más de medio millar de muertos en las residencias de ancianos.

Sus comunicados desde que se inició la crisis a mediados de marzo han consistido, además de asuntos relativos a prisiones, en recomendar que el reinicio telemático del curso escolar prevea las situaciones de mayor vulnerabilidad; en proponer "una actuación proporcionada, necesaria y no discriminatoria de las fuerzas y los cuerpos de seguridad durante el estado de alarma"; en pedir fijar unos precios máximos en los servicios funerarios; en que "se considere el interés primordial de los niños y adolescentes en todas las medidas adoptadas para gestionar la crisis sanitaria"; y el inicio, hace ya tres semanas, de una investigación "de oficio" para "analizar la actuación de las administraciones ante el coronavirus, desde la perspectiva de la defensa de los derechos de los más vulnerables".